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viernes, diciembre 5, 2025

Justicia y legitimidad | Bajo presión por: Edilberto Aldán

Edilberto Aldán
Edilberto Aldán
Ex Director Editorial LJA.MX (2012 - 2024). Ex Colaborador (2024-2025).

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Bajo presión 

Justicia y legitimidad

Justo hace unos días pensaba que, para fortuna de la discusión pública, a Gerardo Fernández Noroña se le acaba el periodo como presidente del Senado el último día de agosto. Sin el altavoz de ese cargo, los medios no tendrán que replicar sus declaraciones ni sus fantochadas envuelto en la investidura. Ese hombrecito regresará a sus conversaciones virtuales a perorar para su público, mientras su comportamiento en la Cámara Alta tendrá que ajustarse a las instrucciones de quienes le han regalado las migajas de su carrera política. Volverá a ser uno más de los peones y deberá andarse con cuidado de no molestar demasiado, porque cree tener posibilidades de ser candidato a la presidencia de la República.

Será responsabilidad de los medios dejar de amplificar sus arranques de furia; si eso se logra, la discusión pública podrá dejar de fijarse en los gritos y dirigir la mirada a lo que de verdad importa, no al tono en que se discute.

Lamentablemente, el daño que legisladores como Fernández Noroña le han hecho a la discusión parlamentaria ya está hecho. Porque la patanería no es exclusiva del morenaje: en la oposición están Lily Téllez o Alejandro Moreno, con actitudes similares a las del neomorenita, contribuyendo con payasadas e insultos a enturbiar la conversación.

En la sesión del Senado de ayer, el coordinador de la bancada panista, Ricardo Anaya, contagiado ya por la idea de que al pueblo y al Pleno hay que explicarles las cosas con peras, manzanas y emoticones de caquita, afirmó que con la elección celebrada el pasado 1 de junio, Morena hizo “mierda al Poder Judicial”. El senador explicó que la elección judicial fue un cochinero y un fraude: casillas vacías, boletas llenas antes de la elección, entrega de acordeones. Y que eso -dijo- es apenas la punta del iceberg.

Enseguida exhibió un video del momento en que el Comité de Evaluación del Legislativo eligió a Ana Patricia Briseño, quien no respondió correctamente los cuestionamientos jurídicos y, sin embargo, fue nombrada magistrada. Continuó el excandidato presidencial: “Para quienes somos abogadas y abogados, eso que contestó es una absoluta estupidez. La señora no tiene la más remota idea del derecho, y ustedes la nombraron para evaluar. Ella decidió quién era apto para ser ministro de la Corte, para estar en la Sala Superior del Tribunal, para integrar el Tribunal de Disciplina. En serio, ¿no les da vergüenza?”.

Anaya remató con su dosis de chistorete: “Me van a perdonar el francés: hicieron mierda al Poder Judicial”, lo que provocó que Fernández Noroña exigiera respeto para la asamblea. Siguió entonces una agria discusión -absolutamente inútil- sobre lo que sí y no se puede decir en el Senado, en redes sociales, y también sobre la calidad moral, ad nauseam.

La discusión en la Cámara de Diputados no fue mejor: oposición y oficialismo intercambiaron acusaciones y salpicaron sus discursos con las mismas palabras ya desgastadas: pueblo, honestidad, imposición, dictadura, democracia, legitimidad…

Todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial necesitaba reformarse. La reforma ya pasó. Queda claro que el gobierno federal no quiere un Poder Judicial independiente, sino obediente. Otros, más cercanos al oficialismo, creen en la renovación moral de las personas juzgadoras a partir de su elección directa. La elección ya pasó.

Lo que no estamos discutiendo es cómo este nuevo modelo va a garantizar un mejor acceso a la justicia para todas las personas. Estamos atrapados en la discusión sobre la legitimidad del nuevo Poder Judicial, porque los candidatos ganadores coinciden con los sugeridos por los acordeones.

El debate sobre la legitimidad judicial es tan viejo como la República, pero tengo claro que la legitimidad del Poder Judicial no reside en quién lo designa, sino en cómo ejerce su función. No hay traje de gala indígena ni toga que valga si el juez se arrodilla ante el poder político, económico o criminal. La legitimidad judicial se construye en el juzgado, no en la urna. Se construye cuando una mujer violentada encuentra una jueza que la escucha y le cree. Cuando un indígena puede litigar en su lengua. Cuando un empresario corrupto no puede comprar su absolución. Cuando la justicia sirve para combatir al crimen organizado. Cuando la sentencia protege nuestros derechos.

Pero no. Seguimos atrapados en las formas, en la escenografía parlamentaria, en la indignación como espectáculo. Mientras los partidos discuten con improperios quién tiene más pueblo o más moral, lo único que no aparece en escena es cómo mejorar lo que quedó del Poder Judicial.

¿Qué pasará cuando los jueces electos deban resolver conflictos en comunidades sin acceso a defensoría pública? ¿Quién va a garantizar que el nuevo modelo judicial no se convierta en otra extensión del poder político o de los caudillos locales?

La respuesta es incómoda: nadie. El sistema ya ha sido reconfigurado para obedecer, no para garantizar derechos. No hay espacio para la disidencia jurídica ni para las sentencias incómodas. Lo que sigue, previsiblemente, es el desmantelamiento técnico del Poder Judicial, bajo la lógica de que los saberes jurídicos son parte del “pasado neoliberal” y que todo puede -y debe- subordinarse a la voluntad popular, entendida esta como la voluntad del Ejecutivo.

Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Gritar mierda o exigir respeto?

No hay justicia en el grito. No hay legitimidad en el insulto. Hay, en todo caso, una larga resaca institucional que vamos a tener que digerir cuando pasen los efectos del júbilo partidista y nos demos cuenta de que un juez electo por aclamación no necesariamente sabe escribir una sentencia. Que el derecho, aunque despreciado por la narrativa de la Cuarta Transformación, sigue siendo el único lenguaje capaz de poner límites al poder. Y que, sin ese lenguaje, el autoritarismo no necesita botas: basta con votos.

Ahora, la única esperanza está en el ejercicio mismo de la judicatura. En quienes, pese a haber llegado por dedazo, simulación o voto manipulado, decidan que el poder no puede dictarles sentencias. Que la toga elaborada con textiles indígenas no se rinde. Que aún es posible escribir justicia con dignidad, no con subordinación.

Coda.  Porque, al final del día, no se trata de quién los eligió, sino de a quién deciden servir.

@aldan

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