Bajo presión
Diagnósticos rigurosos, acciones contundentes
Las elecciones del acordeón, así están llamando a la elección del Poder Judicial, mismas que la oposición ya anunció que demandará su nulidad, hasta el momento, con los argumentos de una bajísima participación y falta de legitimidad, así como la inducción al voto.
Bien, la presidenta Claudia Sheinbaum ya les dio permiso, porque sabe que la poca asistencia no es un argumento válido, mientras que sobre los acordeones tiene al INE en un puño, además de los contubernios que sacaría a flote si se descubren las guías tan similares que algunos gobernadores empujaron a la par que el oficialismo.
Antes del 28 de agosto tendrán que resolverse las impugnaciones, de nada sirve gritar si no se tienen argumentos válidos, ni rasgarse las vestiduras por los acordeones que, sí, ya lo oímos chorromil veces, tienen los mismos resultados que el conteo del INE.
Va siendo tiempo de emplear las herramientas del mismo juego, ¿no les gusta cómo está quedando integrado el Poder Judicial? Vayamos a los candidatos.
El Observatorio Electoral Judicial (OEJ) presentó el informe “Inequidad en la contienda: Recursos aplicados a redes sociales y encuestas de intención del voto”, que documenta prácticas prohibidas durante el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación y que el INE tendrá que sancionar sí o sí. El informe revela cómo múltiples candidaturas incurrieron en gastos irregulares para publicidad digital, promoción mediante perfiles falsos y encuestas sin sustento metodológico.
El informe se centra en tres áreas críticas:
Publicidad política en plataformas de Meta (Facebook, Instagram, Messenger y Threads).
Perfiles no auténticos usados para promocionar candidaturas.
Encuestas sin requisitos de transparencia, muchas de ellas promovidas como publicidad pagada.
De acuerdo con el OEJ, apenas unos días antes del cierre de campañas, se habían detectado 1,951 anuncios que promocionaban a 394 candidaturas judiciales, con un gasto total estimado entre $2,330,700 y $3,089,072 pesos. De este monto, el 75% fue destinado a promover candidaturas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que sólo un 11% se destinó a aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial.
Llama la atención que 11 candidaturas concentraron dos terceras partes del gasto, sumando entre 1.7 y 2.2 millones de pesos, y que 6 de las 9 candidaturas con ventaja al 2 de junio -según el corte con el 86.6% de las actas computadas- registraron gastos superiores a los 84 mil pesos, con algunas alcanzando casi medio millón de pesos.
Estos anuncios fueron difundidos, en su mayoría, desde páginas que no correspondían a las personas candidatas, muchas de las cuales presentaban características irregulares, como haber sido creadas exclusivamente para la campaña y luego desactivadas, aparentar ser medios informativos sin acreditación real o utilizar agencias para encubrir pagos de promoción.
Entre las personas candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cometieron irregularidades, sí, se encuentran Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Arístides Rodrigo Guerrero García.
Encuestas sesgadas y sin rigor. El OEJ identificó también a 14 casas encuestadoras que publicaron estudios sin cumplir con los requisitos de transparencia exigidos por el INE, como el registro de metodología o la publicación de parámetros técnicos. Estas encuestas, muchas de ellas promovidas como pauta pagada en redes, favorecían sistemáticamente a 67 candidaturas, de nuevo, entre ellas Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama.
En algunos casos, las preguntas estaban formuladas con lenguaje sugestivo, lo que constituye una forma de manipulación del electorado. Además, el 80% de estas encuestas fueron difundidas por medios digitales con afinidad partidista, sin brindar espacio equitativo a otras postulaciones. La técnica de “agregación de datos” sin explicación metodológica fue otro de los hallazgos que impiden verificar la validez de los resultados presentados.
Las prácticas detectadas violan el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y el artículo 136 del Reglamento de Elecciones del INE, que prohíben expresamente la contratación directa o indirecta de publicidad en medios -incluidos los digitales- por parte de candidaturas judiciales.
El OEJ advierte que el 97.5% de los casos de publicidad detectada fueron pagados por terceros, lo que podría configurar estructuras de apoyo no orgánico para manipular la competencia electoral. La evidencia completa se encuentra documentada en los anexos del informe, con una muestra verificada de seis candidaturas cuyos anuncios fueron revisados manualmente, identificando patrones atípicos y comportamientos dudosos.
El informe concluye con una pregunta crucial: ¿cómo responderán las autoridades electorales ante estas irregularidades ya consumadas? La legitimidad de los resultados de la elección judicial depende de la capacidad institucional para investigar y, si corresponde, sancionar estas prácticas.
Las irregularidades están documentadas. Las cifras son contundentes. Los nombres están ahí, repetidos como mantra incómodo en cada hallazgo. Ahora la pelota está del lado de las autoridades: si no hay sanciones, si no hay consecuencias, el mensaje es claro -la trampa paga, y paga bien-.
Podrán repetir que el resultado coincide con el conteo del INE, podrán señalar que la participación fue baja pero suficiente, podrán burlarse de los gritos de nulidad; pero mientras no se actúe frente a las evidencias, lo que queda es un Poder Judicial nombrado en medio de trampas, con olor a simulación y eco de consigna.
Si se quiere defender la legitimidad del proceso, que empiecen por aplicar la ley. De eso se trata el Estado de derecho. Diagnósticos rigurosos ya hay, hace falta voluntad para traducirlos en acciones contundentes, y esa es la cancha de la oposición, una vez más tiene a su alcance las herramientas para sacudirse las burlas por sus nimios porcentajes y representatividad. Tanto defendimos al INE como para que en esta coyuntura no se le pudiera obligar contra quienes abiertamente violaron la ley.
El OEJ puso a disposición del INE y del TEPJF tanto la documentación como el apoyo técnico necesario para continuar con las indagatorias. En sus palabras, “el fortalecimiento democrático requiere tanto de diagnósticos rigurosos como de acciones contundentes”.
Coda. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que no se dejaría de investigar y sancionar cualquier irregularidad, que la fiscalización sería severa, eso esperamos, acciones contundentes.
@aldan
