Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de México, concebidas como santuarios para la biodiversidad, llevan años conviviendo con contaminantes sin que las instituciones responsables ejecuten una remediación efectiva. De acuerdo con una investigación publicada por Animal Político y confirmada con datos de la Semarnat y la ASEA, 46 sitios dentro de 18 ANP presentan contaminación grave, en su mayoría por hidrocarburos. El daño alcanza más de 80 mil metros cuadrados y 101 mil metros cúbicos de suelo afectado; y en al menos un tercio de estos casos, el responsable es Petróleos Mexicanos (Pemex).
Pemex ha estado implicada directamente en 16 derrames dentro de ANP, siendo los más afectados los Pantanos de Centla, el Corredor Biológico Chichinautzin, la Cuenca Don Martín, el Cañón del Río Blanco y la Cuenca del Río Necaxa. La contaminación provocada por la paraestatal representa aproximadamente 65 mil metros cuadrados de suelo impactado por hidrocarburos, muchos de ellos desde hace más de una década y sin intervención concluyente. Pese a que Pemex ha presentado planes de remediación para 15 de estos sitios ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), sólo uno ha sido parcialmente atendido. El resto permanece en espera, ya sea de verificación final o, en varios casos, sin ninguna acción concreta.
En total, nueve de los 46 sitios identificados por Semarnat ni siquiera cuentan con un plan de remediación aprobado, lo cual impide, por norma, iniciar cualquier tipo de limpieza ambiental. Esto resulta particularmente alarmante considerando que algunos de estos puntos contaminados fueron detectados desde 2008, como los ubicados en la Cuenca del Río Necaxa (Puebla) y en la Isla del Carmen, dentro de la Laguna de Términos (Campeche), que continúan figurando en los registros oficiales como “pendientes de remediación”.
La distribución geográfica del problema revela una afectación extendida: desde la Sierra Gorda en el centro del país, hasta el Parque Nacional Cumbres de Monterrey en el norte, pasando por zonas de alta biodiversidad como La Sepultura en Chiapas o la Reserva de la Biósfera Janos en Chihuahua. Los contaminantes no se limitan a hidrocarburos; también se ha detectado la presencia de metales pesados, metaloides y sustancias químicas sin especificar.
Las responsabilidades institucionales se diluyen entre la falta de acción de Pemex, la lentitud de ASEA para dar seguimiento, y la limitada capacidad operativa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Profepa. Aunque la Conanp afirma que, ante la detección de posibles ilícitos ambientales, procede a denunciar ante la Profepa y a coordinar acciones con otras dependencias, lo cierto es que el estado de inercia ha predominado. Las denuncias se acumulan, los ecosistemas esperan.
Animal Político intentó obtener declaraciones oficiales de Pemex, pero no recibió respuesta. Por su parte, la ASEA aseguró haber aprobado 14 de los planes presentados y estar en etapa de muestreo final en el caso de los Pantanos de Centla. Sin embargo, la distancia entre la aprobación y la ejecución sigue siendo amplia.
Más allá de las cifras, el problema es estructural. La persistencia de contaminación en zonas protegidas contradice no sólo los objetivos de conservación, sino también la narrativa ambiental del Estado. Las ANP representan más de 98 millones de hectáreas —el 20% del territorio nacional— y albergan especies endémicas, ecosistemas frágiles y comunidades locales que dependen de su equilibrio. Cada metro cuadrado contaminado es una fractura en ese pacto ambiental.
La falta de rendición de cuentas y de acción eficaz frente a estas afectaciones refleja un modelo de gestión pública donde incluso los espacios protegidos quedan a merced de la negligencia institucional. Lo que debería ser un compromiso prioritario con la vida silvestre y el bienestar ambiental, se ha convertido en un expediente olvidado. En lugar de ser un escudo para la naturaleza, las ANP están sirviendo como vertederos pasivos de hidrocarburos sin consecuencia para los responsables.
