La Suprema Corte de Estados Unidos puso fin a uno de los intentos legales más ambiciosos del gobierno mexicano en materia de combate al tráfico de armas. En un fallo unánime, los nueve jueces del máximo tribunal desestimaron la demanda de 10 mil millones de dólares interpuesta por México contra once fabricantes estadounidenses —entre ellos Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock—, por presuntamente facilitar, a sabiendas, el flujo de armas que termina en manos del crimen organizado.
La decisión, redactada por la jueza Elena Kagan, se sostuvo en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2005, que brinda amplia inmunidad a los fabricantes ante litigios por los usos criminales de sus productos. Según la Corte, México no logró demostrar que las empresas hayan violado esa ley o instigado directamente el tráfico ilícito de armamento.
La resolución representa un revés para el discurso internacional del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha buscado posicionar el flujo de armas desde EE.UU. como uno de los factores clave en la violencia que azota al país. La presidenta ha sostenido esta narrativa incluso en conversaciones diplomáticas con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha ofrecido una “cooperación militar” para combatir a los cárteles, a quienes ha designado como organizaciones terroristas. No obstante, desde México, esa propuesta se percibe como una amenaza a la soberanía nacional más que como un gesto de alianza.
Para la administración mexicana, las cifras son elocuentes: más de medio millón de armas cruzan ilegalmente cada año desde EE.UU., y solo en 2019, estuvieron involucradas en más de 17 mil homicidios dolosos. El contrabando, afirman, es sostenido por prácticas comerciales negligentes que deberían tener consecuencias legales más allá de las fronteras estadounidenses.
Sin embargo, la industria armamentista y sus defensores en Washington tienen otro punto de vista. La National Shooting Sports Foundation (NSSF) calificó las acusaciones mexicanas de “evidentemente falsas” y responsabilizó al propio Estado mexicano por su incapacidad de contener la violencia y la corrupción. Durante las audiencias, incluso se advirtió que aceptar la demanda abriría la puerta a que cualquier fabricante —desde cervezas hasta automóviles— fuera legalmente responsable del mal uso previsible de sus productos, un argumento que preocupó especialmente al juez conservador Brett Kavanaugh.
A pesar del fallo, el gobierno mexicano no da por concluida la ofensiva jurídica. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su “firme desacuerdo” con la decisión de la Corte y anunció que continuará empleando todos los recursos legales y diplomáticos a su alcance. México recordó que aún hay un segundo juicio en curso, presentado en 2022 ante un tribunal federal en Tucson, Arizona, esta vez contra cinco tiendas distribuidoras de armas. El caso sigue en fase de producción de evidencia y podría abrir nuevas vías jurídicas.
Además, la Cancillería subrayó que el fallo del Supremo no abordó de fondo uno de sus argumentos centrales: el nexo entre las prácticas empresariales y el daño concreto sufrido por México. Un tribunal de apelaciones había considerado previamente que esa relación estaba “suficientemente argumentada”, lo que permitió reactivar la demanda en 2024, antes de que fuera anulada definitivamente por la Corte Suprema.
En el tablero internacional, el caso ha contribuido a visibilizar el impacto global del tráfico ilegal de armas. La ONU, por ejemplo, ya adoptó en 2021 la resolución 2616 sobre esta materia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia una opinión consultiva sobre la responsabilidad de actores estatales y privados. Sin embargo, en el plano legal inmediato, el fallo del Supremo estadounidense marca un límite difícil de traspasar.
El desenlace refleja más que una batalla jurídica: es un choque de modelos. Mientras México intenta responsabilizar a los productores por los efectos extraterritoriales de sus productos, Estados Unidos reafirma el blindaje legal del complejo armamentista, profundamente enraizado en su cultura y política. Y aunque la violencia transnacional continúa desangrando al sur de la frontera, por ahora, las cortes del norte han hablado claro: no habrá juicio.
