En plena Semana Internacional de los Museos, varios recintos emblemáticos de la Ciudad de México, como el Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor y el Castillo de Chapultepec, cerraron sus puertas abruptamente, dejando a turistas y visitantes sin acceso y sin explicaciones claras. La razón detrás de este cierre: un cambio fallido en los servicios de seguridad tras la licitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a empresas privadas.
El 30 de mayo se dio a conocer el fallo de la licitación pública federal que asignó contratos por más de 216 millones de pesos a empresas privadas como SSS Asistencia y Supervisión S.A. de C.V., Sistemas Prácticos en Seguridad Privada S.A. de C.V. y Grupo Pryse, para custodiar museos y sitios arqueológicos del INAH en 30 entidades. En teoría, el nuevo esquema debía comenzar a operar el 1 de junio. En la práctica, los vigilantes no llegaron, y los museos se vieron obligados a cerrar por falta de personal capacitado para proteger tanto los inmuebles como sus valiosas colecciones.
El INAH intentó minimizar el impacto del cierre hablando de “causas de fuerza mayor” en comunicados breves y poco esclarecedores. Mientras tanto, turistas reclamaban en redes sociales y a las puertas de los museos cerrados, algunos con boletos comprados por adelantado. La crisis, que coincidió irónicamente con el anuncio del Premio Princesa de Asturias de la Concordia al Museo Nacional de Antropología, puso en evidencia no sólo problemas operativos, sino también una preocupante falta de comunicación institucional.
El director general del INAH, Diego Prieto, admitió públicamente que las empresas no cumplieron con lo prometido en la licitación —especialmente en número de elementos de seguridad— y defendió que aún no se habían ejercido los 70 millones de pesos destinados a estos contratos porque el plazo legal para firmarlos aún no vencía. Es decir, se trató de una especie de “periodo de prueba”, que fracasó estrepitosamente en la capital del país.
Prieto informó que, tras el descontrol inicial, se acordó con la Secretaría de Cultura y la presidenta Claudia Sheinbaum un proceso progresivo de relevo de seguridad por corporaciones públicas, incluyendo el eventual regreso de la Policía Auxiliar y el posible ingreso de Protección Federal. De hecho, tras dos días de cierre, los museos reabrieron gracias a la reincorporación de agentes de la Policía Auxiliar de la CDMX.
A diferencia de la capital, los 164 museos y más de 190 zonas arqueológicas resguardadas por el INAH en otros estados no suspendieron actividades, lo que evidencia que el problema de logística y transición estuvo focalizado en la Ciudad de México, donde se concentran los recintos más visitados y simbólicos.
La improvisación del INAH y el fallido cambio de vigilancia no sólo exhiben una cadena de errores administrativos, sino que también revelan la fragilidad con la que se maneja el patrimonio cultural en México. Mientras las autoridades buscan responsables y evalúan sanciones contractuales, la cultura pública queda, otra vez, como víctima colateral de decisiones burocráticas sin planeación. Una desconexión institucional que, en semanas como esta, resulta doblemente paradójica.
