La reciente ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra “Los Chapitos”, brazo del Cártel de Sinaloa, no sólo responde al tráfico de fentanilo, sino a una estrategia de reposicionamiento político bajo la administración Trump. El Departamento del Tesoro designó formalmente a la facción como “Organización Terrorista Global Especialmente Designada” en el marco de las Órdenes Ejecutivas 13224 y 14059, congelando sus activos, sancionando a sus líderes y enviando un mensaje directo sobre la militarización del enfoque antidrogas.
Las medidas apuntan directamente a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes permanecen prófugos. La recompensa por información que conduzca a su captura asciende a 10 millones de dólares por cada uno. Mientras tanto, sus hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, están bajo custodia estadounidense, lo que confirma el desmantelamiento parcial de la cúpula pero no de su estructura operativa.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el poder de “Los Chapitos” se mantiene gracias a su dominio sobre la producción y tráfico de fentanilo, sustentado en laboratorios clandestinos en Sinaloa y una cadena de suministro bien aceitada de precursores químicos. La organización también es señalada por la tortura de rivales, extorsiones y el asesinato del exmarine estadounidense Nicholas Quets en Sonora, lo que refuerza la narrativa de “amenaza a la seguridad nacional” con la que el gobierno estadounidense justifica la designación terrorista.
El núcleo de las nuevas sanciones se encuentra en Mazatlán, donde se identificó una célula operativa encabezada por Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40” o “El Titán”. Barraza, con 34 años y heredero del liderazgo de su padre, Víctor Manuel Barraza Rivera, ha sido descrito como jefe de plaza y coordinador de actividades violentas: asesinatos, secuestros, extorsiones y distribución de fentanilo.
El financiamiento de estas operaciones recae en José Raúl Núñez Ríos, empresario ligado directamente a Iván Archivaldo. Núñez ha acumulado propiedades y empresas en los sectores inmobiliario, turístico y de hostelería, sirviendo como eje del lavado de dinero de “Los Chapitos”. Al menos diez empresas, incluyendo Beach Y Marina, Club Playa Real y Carpe Diem Spa, fueron sancionadas como parte de esta red, cuya fachada incluía desde salones de belleza hasta desarrollos inmobiliarios.
Sheila Paola Urías, esposa de Núñez, fue señalada como prestanombres y beneficiaria de bienes que ocultan el origen ilícito de las ganancias del narcotráfico. Su inclusión en la lista de sancionados refleja la amplitud de la estructura: no solo se trata de narcotráfico, sino de una red corporativa criminal sofisticada, con componentes civiles usados como instrumentos de legitimación económica.
Estas sanciones son la tercera acción directa contra Iván y Alfredo Guzmán desde 2012 y se suman a la serie de medidas implementadas desde el regreso de Trump al poder. En este contexto, la retórica antidrogas del expresidente se vuelve herramienta de campaña, apuntando tanto a la violencia trasnacional como al endurecimiento de las políticas migratorias, en un juego que mezcla seguridad nacional con discursos electorales.
Estados Unidos no sólo busca detener el flujo de fentanilo; intenta desarticular el sistema económico que lo sostiene. La estrategia incluye castigar a terceros involucrados en transacciones con los sancionados, bajo amenaza de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras. El mensaje es claro: colaborar con la red de “Los Chapitos” implica riesgos incluso fuera del territorio mexicano.
Con más de 600 muertes registradas en Sinaloa desde el inicio de los enfrentamientos entre facciones, según datos de la OFAC, el conflicto interno del Cártel de Sinaloa se ha vuelto una guerra abierta. Lo que está en juego no es sólo el control del narco, sino el manejo del negocio que alimenta el mayor flujo de opioides sintéticos en Norteamérica.
