La tensión entre el gobierno federal y el estado de California escaló a un nuevo nivel con la decisión del presidente Donald Trump de desplegar, sin consentimiento estatal, a la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener protestas contra redadas migratorias. La respuesta de las autoridades californianas no se hizo esperar: el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta anunciaron una demanda para revertir la orden que consideran inconstitucional, autoritaria y una amenaza directa al federalismo.
La controversia gira en torno a la legalidad del uso de tropas estatales sin autorización del gobernador, un paso que no se había dado desde 1965. Newsom, demócrata, calificó la medida como “un paso inequívoco hacia el autoritarismo”, mientras Bonta insistió en que la orden “pisoteó” la soberanía de California y violó la Décima Enmienda. Ambos líderes argumentaron que las protestas estaban controladas por las fuerzas del orden locales, por lo que la presencia militar era innecesaria y desproporcionada.
En paralelo, las manifestaciones en Los Ángeles estallaron tras una serie de redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que resultaron en la detención de al menos 42 mexicanos, la mayoría trabajadores en activo. Según el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, al menos cuatro connacionales ya fueron deportados. La indignación fue evidente en las calles: bloqueos en la autopista 101, autos incendiados y enfrentamientos con la policía, que respondió con gas lacrimógeno y balas de goma.
Trump defendió su decisión desde su red Truth Social, calificando de “excelente” el despliegue y arremetiendo contra Newsom —a quien rebautizó como “Newscum”— y la alcaldesa Karen Bass, tachándolos de “incompetentes”. Aseguró que sin la presencia militar “Los Ángeles habría sido arrasada”, desestimando los cuestionamientos legales y políticos. La Guardia Nacional fue desplegada específicamente para proteger edificios federales, en particular el centro de detención donde se concentraron las protestas.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos violentos —como la quema de patrullas— pero reafirmó el carácter trabajador y honesto de la comunidad migrante. Hizo un llamado al respeto del debido proceso y la dignidad humana, en lo que definió como una situación que vulnera derechos fundamentales.
La demanda aún no ha sido formalmente ingresada al sistema judicial, pero marca un precedente: no solo es un pulso entre el gobierno estatal y federal, sino una advertencia sobre los límites del poder presidencial y el uso político de las fuerzas armadas. Para Newsom, no es un simple desacuerdo administrativo: “No podemos permitir que esto siga así”.
