Durante su gestión como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco cometió actos de violencia política en razón de género contra la entonces diputada federal Juanita Guerra Mena. Así lo determinó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que resolvió inscribirlo —junto con su exdirector de logística Arturo Millán— en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE por un periodo de un año y seis meses.
La resolución responde a hechos ocurridos el 2 de mayo de 2023, durante el desfile cívico-militar del CCXI aniversario del “Rompimiento del Sitio de Cuautla”. Según la denuncia, Guerra Mena fue excluida del palco principal, se le negó participación en la organización del evento y se le impidió instalar un templete destinado a sus invitados. Estos actos, de acuerdo con el Tribunal, no solo limitaron su visibilidad como representante popular, sino que configuraron violencia simbólica y psicológica con componentes de género, según reportaron medios como El Financiero, SinEmbargo y Animal Político.
Aunque en una primera instancia el TEPJF se había negado a analizar el fondo del caso por supuesta caducidad, fue la Sala Superior la que ordenó reabrir el expediente y dictar una nueva resolución, afirmando que los plazos para sancionar no habían vencido. Este segundo análisis resultó en una sanción formal que ahora podría afectar el futuro político de Blanco, pues estar inscrito en dicho padrón puede impedirle ser postulado para cargos de elección popular y conlleva implicaciones legales en diversas materias, incluida la penal y administrativa.
La resolución no fue unánime. La magistrada en funciones Laura Sámano Ríos votó en contra al considerar que los hechos no tenían un componente de género suficiente para calificar como violencia política bajo esa causa. “No se advierten datos que permitan concluir que, por el simple hecho de ser mujer, la denunciante haya sido objeto de violencia”, señaló en su voto particular. Esta postura deja entrever que dentro del propio tribunal persiste el debate sobre los umbrales interpretativos del concepto de violencia simbólica de género en el ámbito político.
Por otro lado, la sentencia también da vista a la Mesa Directiva del Congreso de Morelos y a la Oficina de la Gubernatura para que determinen las medidas que legalmente correspondan, lo que podría traducirse en procedimientos internos o sanciones administrativas adicionales.
A la denuncia también fueron vinculadas otras figuras del gobierno estatal en funciones durante ese evento, entre ellas Edgar Riou Pérez, secretario privado del exgobernador; Rodrigo Arredondo, expresidente municipal de Cuautla; y Miguel Ángel Meléndez, jefe del Departamento de Cultura. No obstante, los efectos inmediatos de la resolución se enfocan en Blanco y Millán.
Actualmente, Juanita Guerra Mena ocupa una curul en el Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México, partido aliado de Morena, y su denuncia ha sido interpretada por analistas como un precedente clave en la defensa del ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.
Cuauhtémoc Blanco y Arturo Millán aún pueden impugnar el fallo ante la Sala Superior del TEPJF, instancia que tendrá la última palabra. Pero el caso deja claro que, incluso en escenarios institucionales y cívicos, la exclusión simbólica puede constituir una forma concreta de violencia política, y que el fútbol electoral mexicano ya no se juega solo en las urnas, sino también en los registros de sanciones.
