Comenzó en Los Ángeles, como tantas veces ocurre en Estados Unidos: una ciudad chispa, un operativo federal y miles de personas en las calles. A seis días de las redadas masivas del ICE, el país ya vive una ola de protestas que conecta Nueva York con San Antonio, y California con Texas, bajo un mismo grito: “¡Fuera ICE!”
Las movilizaciones contra las redadas migratorias impulsadas por la administración Trump se han expandido a al menos 24 ciudades de Estados Unidos, generando un nuevo frente de tensión política, militar y social. Los Ángeles fue el punto de arranque, pero no el único. Nueva York, Chicago, San Francisco, Austin, Atlanta y Seattle, entre otras, se sumaron a las protestas, que en varios casos han sido reprimidas con fuerza y han dejado más de 600 personas detenidas, según reportes combinados de The New York Times, The Wall Street Journal y CBS News.
El detonante: una nueva campaña de detenciones y deportaciones liderada por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que ha generado detenciones incluso en tribunales y centros de trabajo. La respuesta ciudadana fue inmediata: sentadas frente a oficinas de migración, bloqueos de calles, manifestaciones con banderas mexicanas y mensajes en inglés y español. En Foley Square, Manhattan, se leía: “ICE out of New York”.
En Los Ángeles, las manifestaciones se volvieron el foco de atención nacional cuando el presidente Trump ordenó el despliegue de 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines, ignorando la negativa del gobernador Gavin Newsom. Fue un movimiento sin precedentes en décadas recientes y que, para líderes demócratas, representa una “deriva autoritaria” del Ejecutivo. “La democracia está bajo ataque”, advirtió Newsom.
Pese a que la mayoría de las protestas han sido pacíficas, se han registrado incidentes violentos aislados: quema de taxis, vandalismo, y enfrentamientos nocturnos que derivaron en la imposición de toques de queda como el declarado por la alcaldesa Karen Bass en el centro de Los Ángeles. En San Francisco, manifestantes provocaron el cierre de tribunales y enfrentaron a la policía en las inmediaciones de oficinas del ICE. En Santa Ana, las fuerzas federales utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma para contener a la multitud.
Texas, bastión republicano, respondió a las protestas con el despliegue anticipado de su Guardia Nacional. El gobernador Greg Abbott —fiel aliado de Trump— afirmó que la medida es para “mantener el orden” y aseguró que no se tolerarán daños a personas ni a propiedad. Sin embargo, organizaciones civiles alertan que este tipo de militarización puede escalar el conflicto. En Austin y Dallas, las protestas también fueron reprimidas con gases, mientras que en otras ciudades, como Filadelfia, se registraron arrestos por interrupciones del tráfico.
La retórica presidencial ha encendido aún más el panorama. Trump acusó a los manifestantes de ser una “amenaza a la soberanía nacional” y sugirió que sin la intervención militar “Los Ángeles estaría ardiendo”. En Fort Bragg, Carolina del Norte, se refirió a la ciudad como “un basurero” que necesita ser “liberado”. Además, prometió actuar con “fuerza igual o mayor” en otras localidades si se replicaban protestas similares al desfile militar previsto para este sábado en Washington, que coincide con su cumpleaños y que podría convertirse en epicentro de una megamarcha nacional.
La situación ha derivado también en un conflicto judicial. El estado de California solicitó sin éxito una orden de emergencia para limitar el uso de las tropas federales a la protección de propiedades específicas, excluyéndolas de tareas de patrullaje o colaboración con ICE. El juez Charles S. Breyer no aceptó dictar una resolución inmediata, dejando abierta la posibilidad de una audiencia futura. Este vacío legal sigue permitiendo la presencia armada federal en zonas urbanas.
En paralelo, las redes sociales han amplificado la desinformación. Se han difundido videos y fotos sacados de contexto, así como teorías conspirativas que, según reporta The New York Times, buscan legitimar la intervención federal y criminalizar a los migrantes. Incluso la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de “alentar” las protestas en territorio estadounidense, un señalamiento sin pruebas que forma parte de la ofensiva política del trumpismo.
Los alcaldes demócratas, como Eric Adams (Nueva York) y Daniel Lurie (San Francisco), han expresado su rechazo a la violencia pero también su disposición a proteger el derecho a la protesta. Adams, no obstante, ha sido señalado por mantener una postura ambigua, ya que, pese a su afiliación demócrata, ha apoyado parte de la agenda migratoria de Trump. Por su parte, los organizadores de las marchas han advertido que las protestas continuarán al menos hasta el sábado, y que podrían escalar si continúan los despliegues militares.
En resumen, la ofensiva migratoria de Trump ha detonado una respuesta ciudadana que pone a prueba no solo la estabilidad política, sino también el equilibrio institucional entre estados, ciudades santuario y el gobierno federal. Lo que empezó como una protesta en Los Ángeles hoy se configura como uno de los mayores desafíos al uso militar de la autoridad presidencial en lo que va del siglo XXI.
