Una lista no confirmada, una visa revocada y múltiples desmentidos diplomáticos marcan la nueva tensión entre México y Estados Unidos. Según una investigación de la agencia Reuters, el gobierno de Donald Trump ha pedido en repetidas ocasiones al de Claudia Sheinbaum procesar a políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, varios de ellos militantes de Morena. A cambio, Washington amenazaría con imponer aranceles si no se toman acciones concretas.
El reportaje, firmado por Diego Oré y editado por Stephen Eisenhammer y Suzanne Goldenberg, se basa en declaraciones de cuatro fuentes anónimas cercanas a las reuniones bilaterales. Según éstas, el secretario de Estado, Marco Rubio, habría formulado al menos tres solicitudes directas para que México emprendiera una ofensiva contra lo que califican de “narcocorrupción política”. En dichas reuniones, se habría mencionado a cinco funcionarios actuales de Morena y a un exsenador, destacando el caso de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, a quien Estados Unidos revocó su visa turística el 11 de mayo.
Los nombres vinculados incluyen también a los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Layda Sansores (Campeche), así como a los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
Sin embargo, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la respuesta fue tajante: “Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el Secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México”. La Cancillería recalcó que los encuentros han girado en torno a temas bilaterales bajo los principios de soberanía y respeto mutuo. La postura fue reforzada por la Embajada de México en EEUU, que reaccionó a versiones no oficiales —como las difundidas por el empresario Simón Levy— usando incluso emojis de aplauso y negando la existencia de una “lista negra”.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha desestimado las versiones periodísticas, tildándolas de rumores sin pruebas. En conferencia de prensa, retó a que si existían pruebas concretas, fueran presentadas ante la FGR. Recordó el precedente del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en EEUU en 2020 bajo acusaciones de narcotráfico pero devuelto a México tras comprobarse que no existían pruebas sólidas. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tampoco actuaremos en el chismerío”, declaró.
La mandataria también señaló directamente al periodista Tim Golden de ProPublica, autor del reportaje sobre Marina del Pilar, recordando que fue el mismo que en 2024 publicó la nota sobre presuntos vínculos del presidente López Obrador con el narcotráfico en 2006, sin pruebas verificables. En su defensa, Sheinbaum reiteró que la FGR es autónoma y que cualquier solicitud formal del gobierno estadounidense debe ser canalizada por el Departamento de Justicia hacia la fiscalía mexicana. Hasta ahora, según reiteró, “no hay absolutamente nada”.
Mientras tanto, Donald Trump ha reforzado su retórica: en entrevista con The Spectator, afirmó que recomendaría investigar a políticos mexicanos beneficiados por el tráfico de personas y fentanilo. Aunque evitó sugerir una intervención militar, la presión diplomática es evidente. A finales de febrero, México extraditó a 29 figuras del crimen organizado en un solo envío —la mayor cifra en años—, coincidiendo con amenazas de imponer aranceles si no se reforzaba la cooperación.
En este contexto, la narrativa de los “narcopolíticos” se mueve en un terreno difuso: hay acusaciones mediáticas, filtraciones selectivas y desmentidos oficiales, pero ninguna prueba pública concluyente. El gobierno mexicano sostiene que no cederá a presiones sin fundamentos, mientras EEUU deja entrever que el combate al crimen organizado pasará también por los pasillos del poder político. Como en otros capítulos binacionales, el margen entre cooperación y subordinación se vuelve delgado, y la frontera entre justicia y geopolítica aún más borrosa.
