Domingo de sol, turistas con gafas de sol y… activistas con pistolas de agua. Barcelona y otras ciudades del sur de Europa vivieron una jornada que podría confundirse con un episodio de Black Mirror, pero sin distopía futurista: miles de personas se manifestaron en contra del turismo masivo, exigiendo algo que suena básico pero se ha vuelto escaso —una ciudad habitable.
En Barcelona, unos 600 manifestantes —según la Guardia Urbana— marcharon desde los Jardinets de Gràcia hasta los alrededores de la Sagrada Familia. La consigna principal: “El turismo nos roba el pan, el techo y el futuro”. El objetivo no era solo simbólico: varios colectivos agrupados en la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT) denunciaron que el “monocultivo turístico” precariza el empleo, expulsa a los residentes y desfigura el entorno urbano.
Juani Pérez, trabajadora de hotel y miembro de Kellys Unión Cataluña, lo explicó sin rodeos: “En hoteles de cuatro estrellas limpiamos hasta 23 habitaciones por día, por el mismo sueldo de siempre”. Ocho horas laborales que, si se quiere sobrevivir al ritmo turístico, deben prescindir de pausas para comer o incluso beber agua.
El manifiesto leyó sus demandas frente a vitrinas de lujo como Louis Vuitton —sí, la misma marca que desfiló en Park Güell el año pasado— mientras algunas activistas disparaban pistolas de agua y colocaban calcomanías de “Tourist go home” o “Autodefensa Ciudadana”. Otros preferían el humor ácido: “Qué encantador, gracias cariño”, respondió una turista estadounidense al ser rociada mientras caminaba por Passeig de Gràcia.
Pero más allá de la performance, las cifras respaldan el enojo: Barcelona recibió 15.5 millones de turistas en 2023, mientras su población apenas roza los 1.7 millones. En palabras de un manifestante, “nuestra vida como residentes está llegando a su fin”. Los alquileres suben, las tiendas locales desaparecen y Airbnb se convierte en el villano favorito de cada pancarta. Y no es para menos: según el gobierno español, 66 mil alquileres turísticos en plataformas digitales violaban normas locales y ya están en proceso de ser retirados.
El gobierno intenta equilibrar la balanza. El ministro Pablo Bustinduy advirtió que “el turismo no puede poner en peligro los derechos constitucionales del pueblo español”, y Barcelona fue más allá: planea eliminar 10 mil licencias de alquiler a corto plazo antes de 2028.
Mientras tanto, en Mallorca, Palma reunió a más de cinco mil personas en una marcha convocada por Menys Turisme, Més Vida. Las pancartas fueron todo menos diplomáticas: “Rich foreign property buyers go to hell”. Exigieron prohibir alquileres vacacionales, limitar vuelos y mantener la moratoria a los mega cruceros. Ibiza, San Sebastián, Granada, Lisboa y Venecia también se unieron a este primer esfuerzo coordinado del Sur de Europa para visibilizar lo que ya no es una queja de vecindario: es una emergencia habitacional continental.
En Granada, el barrio del Albaicín —ícono turístico y Patrimonio de la Humanidad— dedica una de cada cuatro viviendas al turismo. César Rodríguez, de la plataforma Albayzín Habitable, lo resumió así: “Este modelo depredador está vaciando el barrio”. Y aunque la Feria de Granada estaba en marcha, unas 350 personas prefirieron ir al Mirador de San Nicolás a recordar que las postales no pagan alquiler.
No se trató de rechazar al turista como individuo, sino al sistema que convierte barrios en parques temáticos. Y como ironizó un cartel en San Sebastián: “Un turista más, un residente menos”.
