Gobernación y el director del Infonavit anunciaron con entusiasmo fiscalizador que van 150 denuncias ante la FGR por actos de corrupción al interior del Instituto. La cereza del pastel institucional: 22 empleados fueron despedidos por “conductas indebidas”, lo cual suena elegante para describir fraudes, tráfico de influencias y, en resumen, desfalcos al patrimonio de los trabajadores.
El director general, Octavio Romero Oropeza, se presentó como portavoz de la regeneración nacional inmobiliaria. Detalló que solo en marzo de 2025 se presentaron 62 denuncias, el pico del periodo, mientras que en febrero y septiembre apenas hubo cuatro. Esta actividad denunciadora se da mientras Infonavit también afina más de 3,400 denuncias adicionales contra exfuncionarios y despachos legales por su participación en fraudes masivos: juicios fantasmas, venta duplicada de viviendas y suplantaciones de identidad. Sí, como si Kafka fuera burócrata y mexicano.
La lista de irregularidades no se limita a lo interno. El organismo ha declarado la guerra a los “coyotes”, esos gestores que se dicen mágicos pero terminan siendo estafadores con tarjeta de presentación. Estos personajes usan información personal para tramitar créditos a nombre de terceros, comprometiendo al derechohabiente con deudas impagables. Mientras ofrecen tramitar seguros por desempleo o retiros de subcuenta “más rápido”, en realidad cobran por servicios gratuitos y arrastran al usuario al fraude.
Como antídoto, Infonavit impulsa canales oficiales como su portal infonavitfacil.mx, la app móvil, un call center y hasta su presencia en redes. Incluso presume de Socio Infonavit, una plataforma de beneficios y descuentos para los acreditados, que suena más a tarjeta de puntos que a política pública, pero al menos no incluye letras chiquitas.
Paralelamente, en un esfuerzo por curar las heridas hipotecarias del pasado, el Instituto ha lanzado reestructuras de deuda para más de 4 millones de acreditados. Entre reducciones de tasas, congelamiento de mensualidades y descuentos, se ha intentado aliviar la carga de los llamados “créditos impagables”. A julio de 2025, medio millón de personas recibirá una tasa fija del 4%; y para finales del año, se espera que un millón más entre en esta dinámica de alivio financiero.
Otro frente de trabajo es el parque habitacional zombie: casas abandonadas, vandalizadas o invadidas. En coordinación con la Secretaría de Bienestar, se ha censado ya un total de 168 mil viviendas; de ellas, 23 mil están en mal estado o deshabitadas. A largo plazo, el objetivo es alcanzar un diagnóstico de 845 mil unidades, quizá para pensar en soluciones habitacionales o —en lenguaje político— para “garantizar el derecho a una vivienda digna”.
Mientras se intenta limpiar la casa, queda claro que los cimientos del Infonavit arrastran décadas de ruina. Y aunque las cifras son alentadoras en papel, el reto de fondo sigue siendo proteger el patrimonio del trabajador frente a un sistema que, por años, fue tan opaco como el contrato de una casa de interés social.
