En la ya clásica mezcla de filtraciones, pantallazos sospechosos y desmentidos vehementes, Alfonso Durazo se convirtió en protagonista de un episodio digno de una serie policiaca… aunque sin pruebas, sin orden oficial y sin más acción que una imagen borrosa. La controversia surgió luego de que el periodista Luis Chaparro, a través de su medio Pie de Nota, publicara una supuesta captura de pantalla del sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), donde el apellido “DURAZO” aparecía acompañado de la leyenda “ST – Suspected Terrorist”.
Según Chaparro, la alerta implicaría detención inmediata en cuanto el gobernador de Sonora pise territorio estadounidense. A esto añadió una narrativa paralela: Durazo dejó de acudir a su tratamiento médico en la Clínica Mayo de Phoenix desde el 25 de mayo, lo que sugiere —según su investigación— que podría tener problemas con su visa o enfrentar algún tipo de veto fronterizo. Chaparro sostuvo que no se trataba de un montaje, sino de una base de datos real, y prometió ampliar la información en próximos reportajes.
El gobierno de Sonora, por su parte, reaccionó como quien ya ha pasado por estas tormentas. A través de su vocera Paloma Terán, calificó la publicación como una fake news con “evidente intención de dañar la imagen del gobernador”. Negó categóricamente que exista alguna orden, señalamiento o sanción emitida por autoridades de Estados Unidos, y desestimó la imagen como un intento desesperado de desacreditar avances en seguridad en el estado.
No es la primera vez que se intenta “salpicar” a funcionarios mexicanos con supuestos vínculos criminales desde el extranjero. Hace apenas unas semanas circuló una lista, supuestamente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., que involucraba a varios gobernadores y legisladores mexicanos en actividades ligadas al narcotráfico. En esa lista aparecían nombres como Marina del Pilar Ávila (Baja California), Samuel García (Nuevo León) y Ricardo Monreal (Senado). Pero la propia embajada estadounidense en México salió a desmentir la veracidad del documento: “Esta información es falsa”, dijeron de forma tajante.
Durazo, quien antes fue secretario de Seguridad Pública federal, senador, diputado y hasta colaborador cercano de Vicente Fox y Luis Donaldo Colosio, no es un improvisado. Su historial político lo convierte en una figura con conexiones de alto nivel. También es presidente del Consejo Nacional de Morena, donde tuvo un rol clave en la candidatura y eventual victoria presidencial de Claudia Sheinbaum.
Con esta trayectoria, las acusaciones de terrorismo sin pruebas oficiales suenan, cuando menos, exageradas. Hasta ahora, ni el gobierno federal ni alguna agencia estadounidense han emitido comunicados confirmando o negando oficialmente la supuesta alerta. Tampoco se ha informado si Durazo ha tenido alguna dificultad concreta para cruzar la frontera.
Entre el periodismo de filtración y el desmentido institucional, lo cierto es que no hay evidencia verificable que respalde la afirmación de que Alfonso Durazo sea considerado “sospechoso de terrorismo” por el gobierno de EE.UU. Lo que sí hay es un episodio más de la política mexicana en modo conspirativo: donde una captura de pantalla, un periodista con información exclusiva y un gobierno a la defensiva se mezclan para ofrecer más confusión que claridad.
Mientras tanto, Durazo sigue al frente del gobierno de Sonora y su equipo no se ha movido ni un centímetro del guion: negar, acusar campaña sucia y agradecer a la ciudadanía por no caer “en rumores sin fundamento”. En resumen, la única orden activa hasta ahora parece ser la de continuar como si nada.
