Protesta social y régimen político están correlacionados y se transforman mutua, accidentada y paulatinamente. Lo afirmo porque quizá lo más llamativo del cambio de gobierno federal fueron las protestas que lo acompañaron, especialmente en la Ciudad de México y Guadalajara. Freno de entrada a los etnógrafos: también estuve ahí.
Desde antes de la toma de protesta, la conflictividad era prevista como signo del sexenio que comienza. Para Sergio Aguayo, a partir del 1 de diciembre empezó un nuevo capítulo de la historia de México en el que un gobierno que intentará emular al antiguo presidencialismo centralista se enfrentará a numerosos actores (sindicatos, gobernadores, criminales, partidos, y ciudadanos) que se beneficiaron del proceso de fragmentación del poder durante el panismo. Una batalla con desenlace incierto.
Retomo elementos de la sociología para hacer algunas conjeturas:
En los últimos 50 años, ha habido dos grandes periodos de interacción entre régimen y protesta social. Los analiza la socióloga Margarita Favela: en el primero hubo una interdependencia entre una estructura institucional cerrada (caracterizada por un hiperpresidencialismo y un sistema de partido hegemónico) y una protesta radical y violentamente reprimida. Una acción colectiva de elevado riesgo que tendía a ser desalentada. La escasez de vías institucionales (o el partido o el asociacionismo corporativizado) también influía en que las tácticas utilizadas fueran más confrontativas que convencionales, y en que se dirigieran al centro del poder político: el ejecutivo federal.
En el segundo periodo, durante la transición, la novedad es la “ciudadanización de la protesta”. Se modifica la composición de los inconformes (toman importancia las capas medias urbanas), y su objeto, que pasa a centrarse en lo político-electoral. En general hay un menor recurso a la violencia abierta, menos solicitudes de intervención presidencial y muchos más mecanismos judiciales, legislativos, etc., reflejo de la apertura del régimen, del paso a un discurso legitimador que abandona el nacionalismo revolucionario y se cimenta en el derecho, y de la emergencia de espacios de participación ciudadanos. Empieza a cobrar importancia el recurso a los medios masivos de comunicación y a foros internacionales.
Ahora bien, lo que pasó el 1 de diciembre fue, para muchos, una vuelta al pasado: la figura del vándalo infiltrado, las detenciones arbitrarias, la represión policial… pero igualmente la justificación del recurso a la violencia por la nulidad de las vías institucionales para canalizar el descontento. Hubo también elementos decididamente contemporáneos: la protesta en clave lúdica, de desmadre, las redes sociales, la respuesta de la CDHDF, o la esquizofrenia de quienes pretenden justificar y condenar la violencia al mismo tiempo (del gobierno o manifestantes). Surgen preguntas interesantes: ¿Lo que pasó se debe al regreso del PRI? ¿A un acuerdo con el PAN y el GDF? ¿Ha habido cambios en la relación entre régimen y protesta o no? ¿Cuáles son?
Por un lado, en nuestro país la acción de los inconformes obligó a que se fueran abriendo algunos canales institucionales a la participación. Disminuyó también el costo de protestar: en la mayoría de las ocasiones, la –siempre condenable- represión dejó de implicar el exterminio físico que antes fue común. Por ello, las expresiones de inconformidad social aumentaron a medida que se abría el sistema político. No es una excepcionalidad mexicana; Peter Eisinger lo observó hace años en ciudades estadounidenses: una relación curvilínea entre nivel de apertura del sistema político y la incidencia de la protesta. De acuerdo con él, en un sistema absolutamente cerrado y autoritario, la segunda se desincentiva, al igual que en regímenes totalmente abiertos y democráticos. La protesta se incrementa conforme se transita de un régimen cerrado a uno abierto, y si la velocidad de cambio no responde a las expectativas esto es más notable.
Por el otro, la power elite ha reaccionado. Frente a su división, acuerdos cupulares le han dado una contingente unidad parecida a la de antaño (en Atenco, por ejemplo). Sus mecanismos para desarticular la movilización social no se han derogado, sino que se han adaptado a las posibilidades y limitantes de un régimen que se ostenta como un Estado de derecho: su estrategia ahora la constituye una nueva criminalización de la protesta, patente en la modificación de la ley para tipificar como delitos graves a repertorios tradicionales de los inconformes. Equiparar la retención de un funcionario con un secuestro con fines de lucro en un contexto de combate al crimen organizado es un claro ejemplo.
Ello me recuerda lo que historiador Carlos Bravo Regidor llamó “estado de derechismo”: una visión que asume la legalidad como un instrumento punitivo de clase. Un estado de ánimo que estigmatiza la protesta y la equipara con criminalidad, que idealiza una ciudadanía domesticada y concibe la política sin antagonismos, rechazando un elemento esencial de la democracia.
La acción colectiva contenciosa en México continuará, pues es inmanente a la existencia humana y motor del cambio social. Ya no se limita a estallidos de indignación ni responde sólo a liderazgos prefabricados: hay experiencia acumulada, de participación, organización, y -espero- de imaginación para expresar inconformidad y desacuerdo. Hacerlo sin violencia es signo no ya de salud democrática, sino de democracia sin más.
Desde su primer día, al gobierno se le planteó un reto: el tratamiento que dará a la protesta. Su respuesta será un buen indicador de que vivimos una segunda alternancia, o una regresión con sueños de restauración.
Conviene recordar una cosa: los procesos de democratización son resultados contingentes, jamás definitivos. Se lleve uniforme o paliacate, confundir expresiones de inconformidad ciudadana con criminalidad es retroceder.
@MaxEstrella84
