Morena insiste en jugar a las escondidas con la ley electoral. Y el árbitro, el Instituto Nacional Electoral (INE), finalmente volvió a sacar la tarjeta amarilla (otra vez): una multa de 21 millones 614 mil pesos por no reportar adecuadamente los gastos de sus precampañas para diputaciones y senadurías en el proceso electoral 2023-2024. Lo curioso no es la sanción —ya habitual—, sino el cómo y el por qué.
El Consejo General del INE discutirá este lunes el proyecto que perfila esta nueva sanción. ¿El motivo? Morena no registró 34 precandidaturas al Senado ni 131 a la Cámara de Diputados en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, como lo manda la ley. A pesar de haber entregado en papel los gastos en bardas, mantas, espectaculares y carteleras —por un total de 12 millones de pesos—, omitió hacerlo en el Sistema Integral de Fiscalización, el único válido para estos efectos.
La omisión no es menor: impidió que la autoridad electoral pudiera auditar en tiempo real los gastos de campaña. Como si entregaras la tarea en una servilleta y exigieras 10. El proyecto del INE considera que el partido vulneró el Artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos y afectó principios fundamentales del sistema electoral como la transparencia, objetividad y legalidad.
Morena, por supuesto, no se quedó callado. Impugnó la sanción en 2023 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le pidió al INE justificar su resolución. Lo hizo. Pero como premio, el partido obtuvo un ligero descuento: la multa original se redujo en un millón de pesos tras la revisión. De 21.7 millones, la cifra quedó en los ya mencionados 21.6 millones. Una rebaja modesta, como cuando el sistema te deja usar un cupón… pero sólo si gastas el triple.
Esta sanción está dividida en dos multas:
- Una por 3.4 millones de pesos, reducida desde los 4.4 iniciales;
- Otra por 18.1 millones, también ajustada desde una propuesta original ligeramente mayor.
Ambas serán descontadas a Morena mediante una reducción del 25% en sus ministraciones mensuales. Es decir, el castigo se paga a plazos, cual plan de pago en tienda departamental.
Pero lo más llamativo del caso no es la multa en sí, sino la lógica que Morena ha defendido durante años: como no hay precampañas “oficiales”, no hay nada que reportar. El problema es que sus aspirantes, aunque sin cargo formal de precandidatos, hacen actividades proselitistas. Como en el caso de la estrategia #EsClaudia, cuyos anuncios, bardas y espectaculares fueron justamente parte del gasto no fiscalizado en tiempo y forma.
El INE advierte en su proyecto que no sancionar estas conductas equivaldría a ignorar la ley, y más aún tratándose del partido con mayor músculo económico del sistema. Por eso, aplicó el castigo bajo el criterio de sanción máxima: 150% del monto involucrado.
Y esto no es nuevo. En 2022, el INE ya había sancionado a Morena con 323 millones de pesos por inconsistencias en ingresos y gastos de 2021. Aquella vez, los legisladores guindas acusaron “venganza política” por la reforma electoral de AMLO. Hoy, el argumento ya no cuela tanto, pero el patrón persiste: gastos opacos, sanciones millonarias, impugnaciones y descuentos mensuales. El ciclo eterno del partido oficialista.
