Opciones y decisiones
Tejedores de confusiones
Una vez más, nos sale al encuentro el principio fundamental del Estado de Derecho que plantea el dilema: ¿Qué es primero, la sociedad o la ley? Sabemos que su resolución descansa en la afirmación universal de que la realidad social precede al Derecho; así comienza por construirse la clásica Teoría de las Obligaciones, que funda a todo sistema jurídico de un país liberal contemporáneo. El caso del sistema jurídico mexicano no es la excepción, está sujeto a esta norma rectora de su corpus legislativo total. La sociedad vista como un todo, antecede -en primacía y rectoría- a cualquier sistema ideológico que pretenda implantarse como obligatorio para el todo societal. Es decir, una ideología política no es la norma normante de una sociedad, la naturaleza de ésta precede la emisión del Derecho Positivo, pero no a la inversa.
Desde la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno de México, ha pretendido emitir leyes que por sí mismas pretenden erradicar la estructuración y naturaleza de la realidad histórico-jurídica que lo constituyó como país libre, soberano e independiente. Y lo hace bajo el señuelo, el espejismo y aun la farsa de que la “ley” que pronuncia, por ser “legal” (doble cacofonía conceptual), se impone como legítima y obligatoria para todo el sistema social y político. La verdad no ampara este capricho autoritario.
Por eso se impone el análisis de cómo se organiza un corpus jurídico, contra la naturaleza de la opción política fundamental por la que México ha venido evolucionando a partir de su historia independiente como nación autónoma, soberana y democrática, tal como hubo y vino a ser entendida en su propia evolución social. Bajo esa óptica enfocamos los hechos legislativos a los que hoy nos referimos.
El Congreso de la Unión de México está en un periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar 16 reformas constitucionales que abarcan temas clave en seguridad, medio ambiente, economía y funcionamiento legislativo. Se realizará del 23 de junio al 2 de julio. Entre las reformas más destacadas se encuentra el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch, así como la militarización de la Guardia Nacional, mediante su adscripción permanente al Ejército Mexicano.
- Nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
- Reformas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
- Cambios a la Ley General de Población en materia de identificación.
- Nueva Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos.
- Reformas en competencia económica y funcionamiento de entidades paraestatales.
- Transferencia de funciones del Coneval al INEGI.
- Prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos.
- Regulación del comercio de Totoaba, especie en peligro de extinción.
- Nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
- Reformas a la normatividad ferroviaria e infraestructura.
- Prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos.
- Regulación del comercio de Totoaba, especie en peligro de extinción.
- Combate al lavado de dinero y terrorismo financiero.
- Reformas al Código Penal Federal y Ley contra Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Nuevas facultades de la Contraloría Interna del Congreso y del Senado.
- Reconocimiento a mujeres históricas en los símbolos patrios.
- Mejora en el retiro por desempleo, mediante reformas a la Ley del Seguro Social.
Obviamente, todos temas administrativos o sectoriales de gran importancia para la organización social de la ciudadanía mexicana. Gracias a la investigación experimental, el método científico puede avanzar en el conocimiento de diversos grados de desarrollo de un fenómeno dado, dentro de un campo o materia específica, elegida como objeto central de estudio. A esta gradación de etapas o fases de evolución de un ente o fenómeno observado, se le conoce generalmente como un gradiente.
Este concepto metodológico es aplicable a la democracia política, y en este sentido el término gradiente puede entenderse como una metáfora para describir variaciones o transiciones en la calidad, intensidad o profundidad democrática entre distintos sistemas políticos o dentro de un mismo país a lo largo del tiempo. Concepto que, aplicado al México de hoy, nos permite hablar de un gradiente democrático para referirnos al espectro que va desde regímenes autoritarios hasta democracias plenas, pasando por democracias híbridas o defectuosas.
En efecto, el traído y sobado “cambio de régimen” que ha venido instaurando Morena bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y su ahora sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, consiste en el tránsito de un gradiente que toma como punto de partida la de-construcción, más claramente dicho, la des-trucción del modelo incipiente de democracia que había venido adoptando el Estado Mexicano, al menos durante los últimos treinta años. Propósito que lógicamente, no se propuso el desarrollo superior de la democracia política que nuestro país ya había venido instaurando, a partir del punto histórico de quiebra de su famosa “Dictadura Perfecta”, bajo el gobierno septuagenario del PRI, con su líder presidencial autoritario último, López Portillo, cuyo mandato concluye con una grave crisis política y económica generalizada.
Punto de ruptura que dio inicio a una trastabillante opción por la democracia representativa, específicamente en el Poder Legislativo y partidista, en plena continuidad de la crisis económica bajo el presidente Miguel De La Madrid Hurtado, y un singular presidente del PRI, en la persona de Jesús Reyes Heroles.
A partir de cuyos balbuceos democráticos, a México se le consideró en el ámbito internacional como una “democracia híbrida”. Con el sucesor, Carlos Salinas de Gortari, se profundizó el arribo de “los tecnócratas” al poder gubernamental; y principio de lo que daría por llamarse “liberalismo económico”. Estadio coincidente con la ola mundial de “the shift of power” -el cambio de poder-, centralizado en el conocido pacto trilateral de Inglaterra/Margaret Thatcher- EE.UU.AA./Ronald Reagan y Japón sumados a las empresas trasnacionales, con lo que se instauró el régimen mundializado del neoliberalismo. Vale la pena profundizar en la inclusión de Japón y Corea del Sur, en la alianza de estos países del oriente: Luego de 1945, ha estado marcada por sus sólidos acuerdos de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, lo que ha afectado la estabilidad de sus relaciones diplomáticas con China y ha implicado una bifurcación ideológica significativamente agitadora para la geopolítica regional. Para Japón y Corea del Sur, la alianza militar con Estados Unidos es central, puesto que ésta les ha permitido afianzar un sistema de cooperación estratégica sostenible que ha incrementado su estabilidad y competitividad a nivel regional (Cfr. Paper. Nohelia Parra. Implicaciones de la alianza trilateral Estados Unidos, Japón y Corea del Sur para el orden político en Asia oriental. Universidad de Los Andes, Venezuela. 2023).
En esta fase del gradiente político de México, ocurre algo excepcional, que fue pronunciado por el personaje político protagónico de los Estados Unidos, a partir del fallido mandato presidencial de Richard Nixon, su secretario de Estado, Henry Kissinger, quien luego continuó bajo el gobierno de Gerald Ford. Y quien, posteriormente, refiriéndose al gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, elogió al gabinete que éste había estructurado (1988), calificándolo de “extremadamente capaz/competente”. Esta nota no la encontramos prácticamente dicha de ningún otro país.
En este punto, lo extremadamente significativo es la capacidad y competencia de un gobierno, y no su adherencia ideológica, objeto central del deseo de la sedicente Cuarta Transformación, que en ya siete años de gerencia ha dado prueba de rampante incapacidad.
Siguiendo este gradiente degradante del proceso democrático, continuamos al día de hoy con reformas de ley y artículos constitucionales que profundizan la des-trucción de lo que fuera un atisbo a una democracia híbrida, para aplanarse en su negación, e instaurar un modelo autoritario, excluyente de la participación política, que ya considera la supresión de la composición plurinominal, ventana participativa de las minorías políticas del país, en las Cámaras del Congreso de la Unión, y todo bajo el pretexto de “ahorros” financieros. Con lo que pretende hacer irreversible su clausura a la alternancia socio-política, en el asiento del Poder de la Federación.
De manera que, hablar de un gradiente democrático en el México de hoy, se tiene que enfocar por la óptica de una indeseable e ilegítima degradación institucional, que apunta a un modelo totalitario y centralista, que no -en absoluto- a la construcción de una democracia, libremente asumida por el todo de su propia ciudadanía, realidad social que la precede.
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