El “bienestar” promovido por la Cuarta Transformación encontró su prueba más amarga entre pizarras improvisadas, casas prestadas y convenios que obligaban a renunciar a derechos básicos. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez —uno de los proyectos estrella del sexenio de Andrés Manuel López Obrador— se han convertido en otro ejemplo de cómo el discurso del pueblo termina por excluir a quienes lo sostienen desde abajo.
Docentes despedidos sin contrato, sin prestaciones y sin reconocimiento como trabajadores llevan más de cuatro años peleando en tribunales lo que la institución les negó desde el inicio: sus derechos laborales. Y aunque la narrativa institucional repitió que se trataba de un modelo alternativo de justicia social, las sentencias de tribunales federales han dejado claro que fue, en realidad, una simulación encubierta.
En lugar de reconocerlos como empleados, el Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar (OCUBBJ), encabezado por Raquel Sosa, los consideró “beneficiarios de un programa social”. Así, se evitó otorgar seguridad social, liquidaciones, salarios caídos o cualquier compensación ante despidos injustificados. Una forma de precarización institucionalizada que, como señaló el abogado Juan de Dios Hernández Monge, convirtió a los docentes en “esclavos dentro de la Cuarta Transformación”.
El modelo, pensado para llevar educación superior gratuita a zonas marginadas, contrató a cientos de maestros sin darles contrato formal ni prestaciones. Según testimonios, fueron forzados a firmar documentos en los que renunciaban anticipadamente a sus derechos, una práctica que contraviene directamente la Constitución. A pesar de haber pasado concursos de selección, evaluaciones y cumplir con periodos de prueba, fueron despedidos sin justificación alguna. Tan solo en 2021, más de 150 profesores enfrentaron esta situación.
La legalidad de estos despidos se derrumba ahora en tribunales. Tres de seis amparos presentados por la Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las UBBJ han sido resueltos a su favor. Los jueces concluyeron que había una relación laboral real —con salarios, horarios y supervisión— conforme al artículo 123 constitucional. Además, criticaron las irregularidades del proceso: se asignó indebidamente la carga de la prueba a los trabajadores, se aceptaron pruebas extemporáneas y se validaron cláusulas ilegales.
Lejos de corregir, el OCUBBJ ha prolongado su postura inflexible. Raquel Sosa, exacadémica y cercana a Claudia Sheinbaum, ha sido señalada por renunciar a sus ideales y actuar con desdén frente a los fallos judiciales. Mientras tanto, el presupuesto educativo destinado a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad sigue siendo afectado por la negligencia institucional.
Los docentes —muchos con posgrados y experiencia— continúan esperando justicia. Algunos lo hacen desde la precariedad a la que fueron arrojados, otros ya desistieron tras años de desgaste legal. Aun con las sentencias a su favor, los procesos se ven retrasados por los recientes paros en el Poder Judicial y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Las Universidades del Bienestar no solo están lejos de ser el modelo educativo alternativo prometido por el obradorismo: hoy representan el fracaso de un “ideal” que dijo empoderar al pueblo, pero que, en los hechos, lo desechó cuando comenzó a exigir derechos. En vez de ser el rostro educativo de la transformación, se han convertido en sí
