- Los congresos estatales son hoy espacios clave para transformar la pluralidad en consensos y dar rumbo al futuro del país.
Cuando hablamos de política en México, lo común es pensar en los grandes escenarios: la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión o las gubernaturas. Son esos espacios los que suelen acaparar la atención mediática y ciudadana. Sin embargo, hay otro terreno donde se juega buena parte de la vida democrática y donde muchas veces se define, en silencio, el rumbo de los estados: los congresos locales. En esos recintos se aprueban leyes, se revisan cuentas públicas, se nombran órganos de control, se ratifican magistrados, se valida la transformación de la Constitución federal y se debate sobre políticas que impactan de manera directa en la vida de la gente. No es exagerado decir que la gobernabilidad de un estado depende en gran medida del desempeño de su legislatura.
Durante mucho tiempo, los congresos locales fueron vistos como meros instrumentos de los gobernadores. Las iniciativas que llegaban del Ejecutivo se aprobaban sin discusión, las decisiones se tomaban de manera vertical y la pluralidad social quedaba excluida de la deliberación. Esa visión reducida debilitó a las instituciones y amplió la distancia entre la política y la ciudadanía. Hoy la realidad es distinta. La pluralidad electoral ha llegado a los congresos y con ella el reto de construir acuerdos auténticos. La ciudadanía exige transparencia, debates de altura y responsabilidad en el ejercicio del poder legislativo. En este nuevo contexto, la gobernabilidad ya no se mide solo en mayorías parlamentarias, sino en la capacidad de procesar diferencias y construir consensos que fortalezcan la democracia.
El primer factor que influye en la gobernabilidad de un congreso local es su composición política. Cuando un partido o coalición logra mayoría absoluta, el camino para aprobar iniciativas parece más sencillo, pero existe el riesgo de reducir el debate y debilitar la pluralidad. En contraste, cuando las fuerzas políticas están equilibradas, el reto es mayor, ya que obliga a dialogar, negociar y encontrar coincidencias. Esa dinámica, aunque más compleja, suele otorgar más legitimidad a las decisiones. Un congreso gobernable no es necesariamente aquel que aprueba rápido, sino el que debate con seriedad, escucha a las minorías y entiende que la pluralidad política refleja la pluralidad social. Gobernar desde un parlamento es, en esencia, construir un espacio de diálogo constante.
La gobernabilidad también se mide por la calidad del debate. La ciudadanía ya no se conforma con legisladores que repiten consignas partidistas; espera argumentos sólidos, discusiones abiertas y deliberaciones que eleven el nivel de la política. Cada sesión representa una oportunidad para demostrar que la democracia es diálogo, no monólogo. El debate no debe considerarse un obstáculo, sino el motor que enriquece las decisiones. En un congreso plural, discutir a fondo no retrasa, fortalece. Esta es una visión de izquierda moderada y vanguardista: comprender que el disenso es parte de la democracia y que la diversidad de posturas puede converger en acuerdos útiles.
Otro elemento indispensable para la gobernabilidad es la profesionalización parlamentaria. No basta con ocupar una curul: se requiere conocimiento técnico, sensibilidad social y capacidad de escuchar. Los congresos que carecen de legisladores preparados se convierten en ventanillas de trámite, mientras que aquellos con cuadros profesionales se transforman en verdaderos parlamentos capaces de dialogar de tú a tú con el Ejecutivo. La cercanía con la ciudadanía resulta igualmente fundamental. La gobernabilidad no se construye a espaldas del pueblo, sino junto a él. Escuchar demandas sociales, abrir canales de participación y transparentar los procesos legislativos son condiciones que legitiman las decisiones. La izquierda moderna entiende que el poder es servicio, no privilegio, y que la legitimidad se gana escuchando y respondiendo a la gente.
Los congresos locales tienen otra responsabilidad central: la fiscalización. Revisar cuentas públicas, vigilar el uso de los recursos y nombrar órganos de control no es un asunto administrativo, sino ético. La gobernabilidad se erosiona cuando la corrupción se normaliza, pero se fortalece cuando se cuidan los recursos del pueblo y se destinan a obras, programas y bienestar social. Ejercer la fiscalización con responsabilidad es una de las pruebas más claras de que un congreso entiende su papel como contrapeso. No se trata de utilizar esta facultad como arma política, sino de consolidar instituciones sólidas que fortalezcan la confianza ciudadana.
Un aspecto poco visible, pero de enorme relevancia, es el papel que los congresos locales desempeñan en la política nacional. Cada reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión requiere el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales. Esto convierte a los congresos locales en actores estratégicos de la vida democrática nacional. Desde la paridad de género hasta reformas en justicia o derechos sociales, la viabilidad de los cambios constitucionales depende en buena medida de lo que se vote en cada congreso estatal. Esa responsabilidad obliga a que sus decisiones estén a la altura del momento histórico que vive México.
Es importante aclarar que la gobernabilidad no significa ausencia de conflicto ni uniformidad artificial. Una legislatura sana refleja la pluralidad política de su estado. El verdadero reto está en transformar esa pluralidad en acuerdos útiles y no en bloqueos permanentes. La ciudadanía no quiere congresos sumisos, pero tampoco legislaturas paralizadas. Quiere parlamentos abiertos, donde las diferencias se procesen con respeto y donde el interés colectivo prevalezca sobre los cálculos partidistas. Gobernabilidad significa construir reglas claras, generar confianza y garantizar que las instituciones funcionen al servicio de la gente.
Una izquierda moderna no apuesta por la imposición ni por el radicalismo, sino por el diálogo, la inclusión y la innovación democrática. En este sentido, los congresos locales deben convertirse en laboratorios de transformación: espacios donde se experimenten nuevas formas de participación ciudadana, donde la transparencia sea la norma y donde la política se acerque a la vida cotidiana. La transformación del país no puede pensarse solo desde lo federal. La democracia se juega todos los días en lo local, en cada congreso estatal que debate, aprueba y fiscaliza. La gobernabilidad, entendida en clave democrática, se construye desde ahí: desde instituciones sólidas que ponen en el centro la dignidad del pueblo.
En tiempos de cambios profundos, mirar hacia los congresos locales no es un lujo académico, sino una necesidad democrática. Porque ahí, en esos recintos que reflejan la pluralidad y la voluntad popular, se define buena parte del futuro de México. Y quizá la mayor lección es que la gobernabilidad no nace de la imposición ni de la inercia, sino de la capacidad de escucharnos, de reconocernos en la pluralidad y de atrevernos a construir juntos un país más justo, más cercano y más humano.
