Ambientalistas
COP 30 ¿una nueva esperanza o un fracaso repetido?
La primera reunión de la Conferencia de las partes (COP) se celebró en Berlín, Alemania, en marzo de 1995. A partir de entonces las sedes han ido cambiando y esta vez le tocó a Brasil ser el país anfitrión (en este sitio https://unfccc.int/es/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop pueden revisarse los países sede de estas reuniones).
Una tarea clave para las COP’s es examinar los inventarios de emisiones, presentados por las Partes; a partir de esta información, se evalúan los resultados de los compromisos de cada país miembro con base en las medidas adoptadas y los progresos realizados en la consecución del objetivo último de la Convención: impedir que la temperatura global continúe incrementándose.
Algunas de estas reuniones han sido más atractivas que otras, por ejemplo, la de Kyoto, Japón en 1997, de la que surgió el conocido Protocolo de Kyoto, primer acuerdo internacional adoptado por 130 países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y combatir el calentamiento global; sin embargo, Estados Unidos, China y Australia decidieron no firmar, a pesar de ser los países con el mayor índice de generación de CO2, bajo el argumento de que de hacerlo, los pondría en una importante desventaja comercial.
No es casualidad que en Estados Unidos se haya desarrollado el negacionismo climático, pues gran parte de su economía gira alrededor de la explotación, transformación y venta de hidrocarburos (de ahí la renuencia de los líderes empresariales de ese rubro en reconocer el problema de su extracción, explotación y consumo masivo). Por ello, se han empeñado en señalar que esta actividad y su mercado no son las responsables del cambio climático (En la COP de este año se está haciendo un énfasis especial para desmentir los argumentos elaborados por los negacionistas).
El valor de la COP de este 2025, de origen, es cuestionable: debido a que no se cuenta con la asistencia de Donald Trump ni Xi Jinping, representantes de las principales potencias económicas en la actualidad, así como rivales comerciales. Además, con las emisiones de dióxido de carbono aumentando aún después de 29 de estas cumbres ¿qué diferencia podrán hacer más reuniones de la COP?
Responder a esta pregunta no es algo nuevo pues, desde el ámbito de la filosofía, se ha reflexionado sobre este tema y su trascendencia, examinando las implicaciones morales de las acciones colectivas humanas sobre la atmósfera global. Newton, Dillingham y Choly (2006) en el texto Watersheds (4): 10 Cases in Environmental Ethics (ed. Thomson Wadsworth), abordan el tema desde la perspectiva de la justicia intergeneracional, cuya tesis central es que la emisión histórica y continua de gases de efecto invernadero por parte de las generaciones presentes, especialmente en las naciones industrializadas, constituye una imposición de riesgos ambientales no consensuada a las generaciones futuras.
Este problema, desde su punto de vista, se vincula con el funcionamiento del mercado; toda vez que el cambio climático representa una falla masiva del mismo por tres razones: 1) el costo de la contaminación transferido a generaciones futuras y sectores de la población en vulnerabilidad, 2) la afectación a los recursos naturales, mismos que representan bienes comunes y 3) la subestimación del riesgo a largo plazo.
Los efectos de los gases de efecto invernadero generados por actividades económicas, representan un costo que recae en terceros no involucrados. El libre mercado permite que tanto empresas como individuos obtengan beneficios por actividades derivadas de la quema de combustibles fósiles sin considerar el daño de la contaminación generada. En consecuencia, estos costos son injustamente transferidos a sectores de la población en zonas vulnerables, constituyendo una carga que recae en generaciones futuras.
Aunado a lo anterior, el libre mercado es un mecanismo carente de un mecanismo regulador del uso de bienes que son de acceso universal, en este sentido, la atmósfera representa un bien común que ha sido afectado por el dióxido de carbono procedente de la quema de combustibles fósiles. Desde la perspectiva de justicia distributiva, se argumenta que la carga de la mitigación y la financiación de la adaptación debe ser asignada en función de la capacidad de pago y de la contribución histórica a la problemática. Por otro lado, el funcionamiento del libre mercado se da a corto plazo y otorga menos valor a los beneficios o costos a largo plazo. Debido a que los efectos más graves del cambio climático se manifestarán en décadas, se reservan pocos incentivos financieros para invertir en la mitigación a futuro.
Newton, Dillingham y Choly señalan que, al adoptar una perspectiva de la prevención, la inacción es moralmente indefendible cuando existe una amenaza de daño ambiental grave o irreversible. Debido a estas fallas, la solución ética al cambio climático requiere una intervención externa al libre mercado y se justifica la obligación de actuar proactivamente para proteger el futuro. Los autores señalan la necesidad de regulaciones y acuerdos que instauren mecanismos como los sistemas de comercio de derechos de emisión que establecen un tope o límite a las emisiones que uno o más sectores de la economía pueden producir. En este sistema, las empresas deben contar con un permiso por cada tonelada de emisiones que emiten, por lo que pueden recibir o comercializar dichos permisos con otras compañías. De esta manera, se incentiva a las empresas a reducir sus emisiones para que puedan vender el excedente de permisos y obtengan ganancias.
El libre mercado es visto como el motor de la actividad humana que ha afectado gravemente al planeta y solo a través de la imposición de un marco ético y regulatorio puede convertirse en parte de la solución, reorientando los incentivos económicos para favorecer la descarbonización. Newton, Dillingham y Choly concluyen que el desafío ético del cambio climático no es meramente técnico o económico, sino una cuestión de equidad que exige un marco ético que trascienda las fronteras nacionales y temporales, priorizando el compromiso hacia las generaciones futuras y la solidaridad global en la distribución de los costos ambientales.
En suma, mientras la base de los acuerdos siga girando en torno a los intereses comerciales sin regulaciones claras y sin que se cumplan, tanto legal, como éticamente, la solución al problema de limitar las causas que generan el calentamiento global se ve difícil de conseguir.
