Hablando de Discapacidad
El Buen Fin y la deuda pendiente con la inclusión
Cada año, a mediados de noviembre, México se inunda de anuncios, pantallas rojas y carteles que anuncian descuentos irresistibles. El Buen Fin se ha convertido en una tradición nacional que busca dinamizar la economía, estimular el consumo interno y fortalecer el comercio formal. Pero detrás del entusiasmo, de los carritos llenos y de las compras en línea, hay una parte de la sociedad que, aunque también quiere participar, muchas veces no puede hacerlo: las personas con discapacidad.
En teoría, El Buen Fin es para todas y todos. En la práctica, sin embargo, la accesibilidad y la inclusión siguen siendo un lujo más que una política. Para millones de personas con discapacidad en México, aprovechar las ofertas o simplemente comprar un producto sin complicaciones representa un desafío cotidiano.
De acuerdo con el INEGI, en México existen 8.8 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 7.2% de la población. Se estima que alrededor del 40% participa en el mercado laboral, es decir, más de 3.5 millones de personas económicamente activas, con ingresos propios, poder adquisitivo y necesidades de consumo. Aun así, en el discurso público y comercial rara vez se les considera consumidores con derechos, y sí con frecuencia como sujetos de caridad o asistencialismo.
El mercado mexicano aún no dimensiona el potencial económico de este sector. Si se suman los ingresos laborales de las personas con discapacidad y de sus familias, su capacidad de consumo podría superar los 200 mil millones de pesos anuales. Un segmento amplio y diverso que debería ser estratégico para cualquier empresa, pero que en muchos casos continúa siendo invisible para el sector comercial.
El Buen Fin 2025 es una oportunidad para reflexionar sobre esto. Porque no basta con vender más; hay que vender mejor, y vender a todas las personas, sin excepción.
Sin embargo, la realidad es que muchas páginas web y aplicaciones donde se concentran las promociones son inaccesibles para usuarios de lectores de pantalla. Las imágenes carecen de descripciones, los botones no se pueden navegar con el teclado, los formularios no están etiquetados adecuadamente y los catálogos son caóticos para una persona ciega o con discapacidad visual.
Lo mismo ocurre con los videos promocionales sin subtítulos ni interpretación en Lengua de Señas Mexicana, excluyendo a miles de personas sordas.
Y en el entorno físico, los obstáculos se multiplican: tiendas sin rampas, probadores inaccesibles, pasillos obstruidos, mostradores demasiado altos o personal que no sabe cómo atender adecuadamente a un cliente con discapacidad.
No se trata de pedir trato preferencial, sino condiciones equitativas para participar en el mismo acto de consumo. Porque consumir también es un acto de ciudadanía, un ejercicio de autonomía, y negarlo a través de la inaccesibilidad es otra forma de exclusión social.
El discurso empresarial habla de “responsabilidad social” o “inclusión”, pero pocas veces se traduce en acciones concretas. La accesibilidad debería estar al centro de las estrategias comerciales, no perdida en la letra pequeña de las políticas internas.
Además, un sitio web accesible no solo beneficia a las personas con discapacidad: mejora la experiencia de todas y todos. Una tienda con pasillos amplios y señalética clara no solo ayuda a quien usa silla de ruedas: también facilita la visita de personas mayores, familias con carriolas o cualquier cliente que valore la comodidad. Lejos de ser un gasto, la accesibilidad es una inversión en competitividad, empatía y reputación.
Por otro lado, la exclusión tiene un costo económico. Estimaciones del Banco Mundial indican que la falta de inclusión plena de las personas con discapacidad puede representar entre 3% y 7% del PIB perdido para un país. Es decir, México no solo deja de ganar por cada persona excluida del empleo, la educación o el consumo: también pierde en productividad, innovación y cohesión social.
En este sentido, El Buen Fin podría convertirse en un laboratorio de inclusión económica.
El gobierno, a través de la Secretaría de Economía y la PROFECO, podría incluir criterios de accesibilidad en la convocatoria del programa. Las cámaras empresariales podrían reconocer a las marcas que cumplan con estándares de accesibilidad digital y física. Y los medios de comunicación podrían difundir ejemplos de empresas locales que sí están haciendo bien las cosas.
Porque la verdadera competencia no se mide solo en precios, sino en valores.
El consumidor con discapacidad no busca descuentos especiales; busca no ser excluido. No quiere conmiseración; quiere acceso. Y eso empieza con algo tan básico como navegar un sitio web sin barreras, entrar a una tienda sin obstáculos o ser atendido con respeto y empatía.
En Aguascalientes, por ejemplo, el comercio local tiene una oportunidad invaluable para ser pionero en este tema. Implementar estrategias de accesibilidad no requiere grandes inversiones, sino voluntad y visión empresarial. Capacitar al personal, mejorar la señalización, ajustar infraestructura o adaptar plataformas digitales puede marcar la diferencia. En un mercado tan competitivo, la inclusión puede definir el éxito o el estancamiento.
Al final, El Buen Fin no debería ser solo una temporada de ofertas, sino un ejercicio de inclusión económica. Un momento para recordar que el consumo puede ser una herramienta de integración social y que la economía mexicana solo alcanzará su verdadero potencial cuando todas las personas, incluidas aquellas que viven con discapacidad, tengan las mismas oportunidades de participar en ella.
Porque la inclusión no es un favor ni una tendencia: es una deuda histórica y una oportunidad de futuro. Y en ese futuro, ninguna persona debería quedarse fuera de las vitrinas del progreso.
