Cosas veredes
Reforma Electoral ¿Para qué? (Cuarta parte)
En la Constitución General de la República se establece que los partidos políticos “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público…”; sin embargo, a lo largo de la historia se ha visto que lejos de ser instrumentos, como lo define esta norma, en la práctica se convierten en aduanas para que dirigencias y burocracias partidistas decidan quiénes pueden participar no solo como candidatos, sino como directivos y a veces hasta como militantes.
Ese papel restrictivo que han tomado los partidos políticos en México se debe a dos hechos perfectamente localizados; por una parte, la ausencia de reglas democráticas en la vida interior de las organizaciones políticas y la insuficiencia en la legislación aplicable y, por otra parte, el hecho de que la creación y participación de partidos políticos en México es una posibilidad muy restringida.
La democracia interna en los partidos depende de su normatividad interna en sus estatutos y reglamentos, y a la presunta vigilancia de los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales, que no llega más allá de vigilar que sus actos internos se sujeten a su propia norma, que en muchas ocasiones establecen mecanismos que legitiman nombramientos cupulares.
En buena medida a eso se debe que el algunos de los pocos partidos políticos nacionales y locales en el país, se encuentren dirigidos por décadas por auténticas nomenclaturas o castas doradas que administran sus propios órganos de gobierno y dirección interna, lo mismo que candidaturas y cargos en los gobiernos.
Antes de la gran reforma política de 1977, ya sucedía ese fenómeno en el sistema de partido de estado: el gobierno administraba el partido gobernante, y dejaba a la libre que los tres pequeños partidos de aquel sistema, fueran manejados por sus cúpulas. Las reformas de entonces hasta el presente han atendido poco el asunto de la democracia interna de los partidos políticos, y eso ha sido factor para que no maduren y en cambio caigan en el patrimonialismo, cuando un grupo se apodera de la institución. La actual Ley General de Partidos Políticos se queda corta y ayuna en ese tema.
Ya se hace necesario, que la norma general establezca la obligatoriedad de cada partido de elegir a sus dirigentes y órganos directivos a través de voto universal, directo y secreto de sus militantes registrados en su padrón, en procesos electivos organizados o al menos supervisados por el órgano electoral nacional. Y en el nombramiento de sus candidatos, establecer las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Pero además de establecer normas para la democracia interna en los partidos, resulta cada vez más evidente que es necesario ampliar las opciones políticas ideológicas para ampliar la participación política de los ciudadanos. Una muestra de esa necesidad es la constante en la baja participación electoral que registra un abstencionismo electoral que cuando menos es del 40% y que ha llegado hasta el 75%.
Y si los partidos políticos son las vías para que los ciudadanos puedan acceder al ejercicio del poder público, son puertas muy estrechas y muy escasas. En la práctica, los partidos existentes son opciones altamente restringidas, y en la medida que se incrementan los requisitos para crear nuevas opciones políticas, la participación política de los ciudadanos se restringe aún más hasta el nivel de reducirse a votar una de dos o tres emblemas políticos.
El sistema de partido de estado quedó atrás y ahí debe quedarse, un sistema bipartidista no fortalece la democracia mexicana, sino que la debilita porque reduce vías de participación y polariza a la sociedad. Es tiempo de reconstruir el pluralismo político y abrir condiciones para que las expresiones políticas puedan ser reconocidas con registro legal como partidos y servir como puertas y mecanismos para que los ciudadanos se expresen políticamente y contiendan para ocupar cargos públicos.
Desde 1988 hasta nuestros días, los requisitos para constituir nuevos partidos se han endurecido, como si el legislador de la Unión, buscara orientarse paulatinamente hacia un bipartidismo, pero si la reforma electoral que se encuentra en auscultación persigue el objetivo de perfeccionar nuestra democracia, ya es tiempo de crear condiciones para que las diferentes expresiones políticas puedan participar electoralmente, y para ello reducir a la mitad los actuales requisitos.
Ampliar las opciones político electorales no requiere ni un centavo más que el presupuesto actual, pues la bolsa debe ser la misma, la fiscalización más estricta, y las actividades de promoción más austeras, y en el primer proceso que los partidos no logren el mínimo de votación deben quedar fuera.
Un modelo plural amplio de opciones electorales y partidos políticos con verdadera democracia interna, pueden ser medidas de gran calado que fortalecerán nuestra joven democracia.
@gilbertocarloso
