Movimiento Ciudadano (MC) anunció su rechazo frontal a la nueva Ley General de Aguas que se discute en la Cámara de Diputados, argumentando que la propuesta no responde a la gravedad de la crisis hídrica que atraviesa el país. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido, afirmó que su bancada está en contra porque la iniciativa “nace incompleta” y deja sin resolver los principales desafíos del acceso al agua. La postura del partido ha intensificado el debate legislativo, abriendo una discusión de fondo sobre la gestión del recurso en México.
Álvarez Máynez advirtió que, si no se corrigen las fallas de la iniciativa, México podría enfrentar una crisis hídrica severa en los próximos años. Señaló que el proyecto no garantiza plenamente el derecho humano al agua, especialmente para las comunidades rurales que ya sufren desabasto. Según el líder de MC, el gobierno “se niega a ver la dimensión del problema” y está impulsando una ley que no ataca las causas estructurales de la escasez ni establece reglas claras para asegurar el acceso equitativo.
Uno de los puntos que más preocupa a Movimiento Ciudadano es la ausencia de un componente presupuestal sólido en la ley. El partido sostiene que la iniciativa no establece criterios para asegurar recursos destinados a infraestructura de potabilización, fortalecimiento operativo o contratación de inspectores suficientes para vigilar los aprovechamientos. Al concentrar la responsabilidad presupuestal en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sin garantizar fondos específicos, MC advierte que los proyectos en curso podrían quedar desprotegidos y que no habría margen para expandir la cobertura en zonas vulnerables.
Otro de los señalamientos centrales gira en torno a la gestión de concesiones hídricas. Aunque la ley mantiene la prohibición de transferencias directas entre particulares, permite que CONAGUA concentre la facultad de reasignar volúmenes. Para MC, dejar fuera a los organismos de cuenca, que conocen de primera mano las necesidades regionales; resta transparencia al proceso y abre espacio a decisiones discrecionales. Además, el partido denuncia que la iniciativa carece de un sistema sancionatorio robusto para castigar la contaminación de ríos, pozos y presas, lo que consideran una omisión grave que debilita la protección del derecho al agua.
En contraste con las críticas, el titular de CONAGUA, Efraín Morales López, defendió la propuesta legislativa y calificó los señalamientos como parte de una campaña de desinformación en redes sociales. Aseguró que la ley distingue claramente entre actividades agropecuarias familiares y prácticas ilegales de extracción o desvío de agua. También afirmó que los títulos de concesión y el uso de pozos domésticos están plenamente garantizados, buscando desmontar la narrativa de que la normativa afectaría a pequeños productores o usuarios domiciliarios.
Pese a los argumentos de Movimiento Ciudadano y a su insistencia en que la iniciativa no contempla medidas para suspender concesiones en casos de sobreexplotación que comprometa el consumo humano, la nueva Ley General de Aguas fue aprobada en la Cámara de Diputados. Después de una sesión extensa, el dictamen fue enviado al Senado, donde se anticipa un proceso acelerado de discusión. De aprobarse por la vía del fast track, podría convertirse en ley en los próximos días.
