Golpes al gigante: fraudes, aviadores y el silencio que hunde al PAN en Aguascalientes
Aguascalientes atraviesa una crisis política profunda que golpea directamente al Partido Acción Nacional (PAN). Dos hechos contundentes -el desfalco millonario asociado a Next Energy y el cobro de sueldos públicos por parte de un aviador de alto perfil- han dejado al descubierto una red de decisiones, omisiones y silencios que comprometen a los gobiernos panistas y aceleran el desgaste institucional en la entidad.
El primer golpe es demoledor. Eugenio Javier “N”, propietario de Next Energy, se encuentra detenido en el CERESO de Aguascalientes acusado de delitos graves como fraude, amenazas y cohecho. Su captura confirma lo que durante años fue denunciado sin consecuencias: la contratación irregular firmada en 2019 entre el municipio capitalino y la empresa energética, cuando Teresa Jiménez era alcaldesa. Dicho acuerdo, presentado como un programa de “eficiencia energética”, obligó al municipio a comprometer miles de millones de pesos por un servicio que nunca se brindó.
Estas anomalías fueron denunciadas de manera directa y reiterada por la senadora de la República, Nora Ruvalcaba, junto con el presidente estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez Lara. Ambos advirtieron que el contrato no solo era desventajoso, sino abiertamente dañino para las finanzas públicas, al comprometer participaciones federales por décadas. A pesar de ello, ni durante la gestión municipal de Teresa Jiménez ni posteriormente desde el gobierno estatal se impulsó una revisión de fondo ni se transparentaron responsabilidades.
Tras la detención del empresario, el silencio volvió a imponerse como respuesta del PAN. El secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, evitó cualquier declaración. El alcalde capitalino, Leonardo Montañez, recurrió nuevamente a la estrategia que ha utilizado frente a otras crisis: callar y esperar. Este mutismo resulta especialmente grave, pues el esquema financiero cuestionado se diseñó, aprobó y sostuvo bajo administraciones panistas, y sus efectos continúan pesando sobre las finanzas municipales.
El caso ya trascendió el ámbito local. A petición expresa de la senadora Nora Ruvalcaba, la fiscal Ernestina Godoy tomará en cuenta este asunto debido a su magnitud y a las posibles responsabilidades que rebasan a Aguascalientes. El mensaje es claro: lo ocurrido con Next Energy no quedará sepultado bajo el silencio político.
El segundo golpe no es menor. Se confirmó que Javier Lozano cobraba un salario mensual de 57 mil 755 pesos del gobierno del estado durante la administración de Teresa Jiménez, sin que exista constancia pública de funciones desempeñadas. A ello se suma que percibía, de manera simultánea, cerca de 100 mil pesos mensuales en la Cámara de Diputados. No se trata de versiones ni especulaciones, sino de pagos efectivos realizados con recursos públicos.
La denuncia fue realizada por el presidente estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez Lara, y detonó una fuerte reacción social. En redes sociales, el caso se volvió tendencia bajo el hashtag #SacoDePus, donde se exige transparencia, sanciones y el fin de los privilegios de quienes viven del erario sin rendir cuentas.
Ambos episodios revelan un mismo patrón: desfalcos consumados, nóminas infladas y una clase gobernante que opta por el silencio. La crisis del PAN en Aguascalientes ya no es únicamente política; es ética e institucional. Cada día sin explicaciones ni consecuencias profundiza la percepción de impunidad y erosiona la confianza ciudadana.
Los golpes ya están dados. Hoy, la pregunta no es si existieron irregularidades o aviadores -porque existieron-, sino hasta dónde llegará el costo político de haberlos tolerado y encubierto.
