Cosas veredes
Ahora el “Plan B”
Una vez que ha sido archivada la iniciativa presidencial para la reforma electoral, elaborada por la Comisión Especial que nombró la presidenta Sheinbaum, y que durante siete meses encabezó giras, audiencias y negociaciones para culminar con una votación insuficiente en la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República ha dado a conocer que hoy, 17 de marzo, enviará al Congreso de la Unión una nueva propuesta de reforma constitucional y legal que coloquialmente se le ha llamado “Plan B”, que por sí mismo, además de otros importantes efectos, mitiga las hostilidades entre Morena y sus aliados PVEM y PT que rechazaron la iniciativa presidencial original.
Según se ha dicho la nueva propuesta presidencial pretende reformar varios artículos constitucionales a fin de (1) eliminar el candado que restringe que la consulta de revocación de mandato de la presidencia solo se pueda realizar después de transcurrido la mitad del período de gobierno, (2) fortalecer la figura de la consulta popular para que se pueda utilizar en temas de normas de carácter electoral, así como (3) aplazar un año la elección judicial pendiente y (4) acotar los excesivos presupuestos a los congresos de las entidades federativas y ayuntamientos que permiten abusos y privilegios indebidos por parte de diputados locales, regidores y síndicos municipales. Esta última medida permitirá, se comenta, reorientar 4 mil millones de pesos para fortalecer el gasto social.
Al parecer, según lo afirmaron los líderes de bancadas parlamentarias del bloque gobernante, en acuerdo con la secretaria de Gobernación, esta reforma en términos generales será aprobada sin obstáculos por la mayoría calificada en ambas cámaras.
Poner candado a los presupuestos de los congresos locales y ayuntamientos será un acotamiento a los órganos legislativos estatales y cabildos municipales. Se ha justificado con la información que presentó la presidenta Sheinbaum que muestra desproporcionadas cantidades manejadas por los congresos de Baja California, Morelos, Michoacán, CdMx, Jalisco, Edo Mex y muchos más.
Todos los gobernadores de la coalición oficialista se manifestaron inmediatamente a favor de la propuesta presidencial, aunque sabido es que son los gobernadores y los presidentes municipales quienes negocian y acuerdan con sus legislaturas y cabildos, sus partidas presupuestales, pues para muchos políticos del pasado y del presente, tiene vigencia aquella frase que afirma que “lo que en política cuesta dinero, cuesta muy poco”. Ojalá sirva eso para homogeneizar esas partidas locales y estimular negociaciones y acuerdos de mayor calidad, aunque los márgenes de opacidad y discrecionalidad siempre son puertas para el privilegio.
Posiblemente algunos gobiernos estatales y municipales encabezados por partidos opositores, rechazarán la reforma en esa materia e intentarán promover alguna acción judicial para obligar a que se pronuncie el tribunal constitucional, cosa que seguramente sucederá, en el sentido de avalar esa modificación del sistema federativo mexicano para acotar desde la CPEUM el presupuesto a los poderes legislativos locales y ayuntamientos.
De cualquier manera, los recursos que se liberen de esos conceptos, seguirán en los presupuestos de las entidades y municipios para las diferentes áreas del gasto público.
La consulta popular para revocación de mandato es potencialmente un instrumento para la reafirmación política o para la protesta antigubernamental. Hasta ahora se ha usado para lo primero. La norma actual la acota a que se realice en el cuarto año de la presidencia de la República. Tal vez lo más riesgoso es la tentación de que las elecciones intermedias se conviertan en verdadero referéndum político, de manera que la consulta de revocación, que ahora es no partidista, derive en batalla político electoral, con los problemas y costos técnicos electorales, pero sobre todo los riesgos políticos de un proceso partidista de revocación-ratificación. La reforma no plantea eso, y será conveniente que el legislador evite la ligereza y actúe con prudencia.
Algo similar será necesario en la apertura de la posibilidad de la consulta popular en materia de normas electorales. El legislador constitucional deberá definir condiciones, límites y posibilidades, pues ahí estarán algunos puntos de la estabilidad del modelo constitucional; quién y cómo se promueve, cómo se realiza, y cuándo es vinculatoria.
El aplazamiento de la elección judicial pendiente es absolutamente necesario, pues la concurrencia con las elecciones intermedias obligaría a duplicar el trabajo logístico de organización y, sobre todo, implicaría la contaminación con la competencia partidista.
Ya podremos opinar de manera más precisa ahora que se presente la nueva iniciativa presidencial. Está claro que sigue pendiente una reforma para hacer nuestros comicios más seguros, para tener representación política más justa, y para democratizar los partidos políticos.
Provisionalmente, la propuesta de reforma conocida como Plan B ha sido el mecanismo para la aparente distensión dentro de la coalición gobernante. Se antoja una versión libre de una frase máxima de la sabiduría popular: “Nunca vayas a las próximas elecciones sin reconciliarte con tus aliados”. ¿Se notará en las candidaturas?
@gilbertocarloso
