En la lectura de la realidad, por lo general, vamos a encontrar los elementos que nuestro previo esquema de conocimiento busca; de ahí la importancia –metodológica- de si nuestra hipótesis es invariable, o, con base en esos datos de la realidad, cambiaremos o transformaremos esa hipótesis. El que nuestra hipótesis esté basada en la realidad, nos permitirá guiarnos con mayor certeza, y, a su vez, será sólida porque reflejará la realidad; de lo contrario, si la hipótesis que manejo sólo se basa en lo que mi mente tiene o quiere, sin tomar en cuenta la realidad, evidentemente no será sólida y será vulnerable a su descalificación.
No es lo mismo, por ejemplo, partir del hecho, como hipótesis, de que la estrategia de la pasada administración federal para el combate a la violencia de la delincuencia organizada estuvo equivocada, cuando dicha hipótesis la sostengo porque quiero afirmar que lo de ahora es nuevo y sí es efectivo –como contraste obligado de la nueva administración del gobierno de la república-, que partir, como hipótesis, de cómo están las cosas hoy y aprovechar la experiencia tenida como gobierno y clase política, en general, para lograr el resultado que la sociedad mexicana espera –que es la paz y la seguridad-.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra óptica? En la primera lo urgente es desmarcarse del anterior gobierno de la república, dejando claro que tuvo una estrategia equivocada, y que el nuevo gobierno es el que sí va a resolver el problema de la violencia. En la segunda, la fuerza está en tomar el reclamo y la demanda de la sociedad para que, ahora sí, la clase política en el gobierno genere las condiciones de paz y seguridad que requiere para realizar sus actividades en general.
En la segunda óptica se podrá hablar de errores y deficiencias –como la desconfianza entre niveles de gobierno, la descoordinación, la ineficiencia en el cumplimiento de las metas establecidas como pudo ser el saneamiento del personal policial, etcétera-, ya que el objetivo no es la recriminación a la administración anterior, sino la necesaria detección de las circunstancias que polarizaron a los partidos políticos en los gobiernos, y evitaron dar a la sociedad la seguridad y la paz.
En la lectura de la realidad, por lo tanto, podemos apreciar que, efectivamente, la administración anterior inició con una actitud, y fue evolucionando hasta llegar a un cuadro que hoy sirve de base para la nueva estrategia de prevención. Los ciclos de gobierno son oportunidades de renovación en todos los sentidos: nueva visión de la realidad con nuevas ideas y propuestas, energía sin desgaste del nuevo gobernante, y la reconstitución y reintegración de las fuerzas involucradas en el logro de los objetivos para una nueva coordinación.
Es oportuno considerar la opinión del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, cuando afirma que “el programa Todos Somos Juárez, [es] un modelo a aplicar a escala nacional; en poco tiempo se levantó en esa ciudad una barrera contra la narcoviolencia, se implementaron en la urbe 160 acciones cuyo eje fue la participación ciudadana, [y] si se pudo en Juárez, se puede en muchos otros sitios” (LJ, 15 de febrero).
Estamos, por consiguiente, ante un nuevo perfil para la prevención social de la violencia y la delincuencia, aunque también estamos ante el viejo problema de la delincuencia; las señales que la realidad del viejo problema nos da, son constantes, y no deben ser pasadas por alto por el nuevo gobierno de la república. Los delitos en agravio de muchas comunidades se siguen cometiendo, los enfrentamientos entre miembros de corporaciones policiales que encubren delincuentes siguen sucediendo, las zonas desprotegidas del país que van quedando en manos del poder de los delincuentes parecen aumentar.
El crecimiento del número de policías comunitarias y de grupos de autodefensa que están apareciendo rápidamente en varios estados del país, son una clara señal de la circunstancia que están viviendo con motivo del cambio de gobierno de la república; el hecho de que muchas comunidades estén optando por rechazar la presencia de las policías municipales y estatales, para constituir, con participación ciudadana, esos grupos que hacen vigilancia, montan puestos de revisión, detienen a delincuentes y los arraigan, inician sus propios juicios penales, liberan a los que no tienen mayores pruebas, etcétera, está requiriendo una atención inmediata. Esos ciudadanos que sufren la delincuencia, solicitan a los gobiernos una respuesta que parece que no les llega, motivo por el que deciden actuar por su cuenta; es una ciudadanía organizada “que participa con su voz, con su opinión, con la experiencia que ha desarrollado en este esfuerzo que a veces ha cubierto el vacío que el Estado mexicano ha propiciado”, dijo el presidente Enrique Peña en esta ciudad, el pasado martes (LJA, 13 de febrero).
El fondo del asunto sigue siendo el mismo, y es lo que hace viejo al problema: la corrupción y la colusión de autoridades con los delincuentes. De esta manera, la dinámica de la prevención social de la violencia y la delincuencia, tiene dos características: una es el trabajar en las dimensiones económicas y sociales para que las comunidades se desarrollen oportunamente, alejándose de la delincuencia; y, la segunda, es que las comunidades que hoy están siendo víctimas de la delincuencia, ya no vuelvan a sufrir el delito.
Asimismo, es necesario abordar –y no rehuir- el saneamiento del personal policial; en diciembre pasado el consejo nacional de seguridad pública tomó la decisión de conceder el plazo de un año para la evaluación total de policías –evaluación que, en diciembre de 2011 se había comprometido para que terminara en este febrero de 2013-. La ventaja de ahora es que la mayoría de gobernadores son priístas, y, difícilmente podrán encontrar un nuevo pretexto para no cumplir, razón por la que el resultado será obligado.
