- En riesgo que inicie un terrorismo judicial contra litigantes de la entidad
- Podrían ejercer denuncia penal contra la Juez y la Ministerio Público implicadas
Visente Hernández Barrios, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), se dio cita en nuestro estado con la intención de manifestar todo el apoyo a la comunidad jurídica de Aguascalientes, como parte de la detención arbitraria con la que se afectó al abogado Francisco Rosales y que fue una orden de la juez Lorena Guadalupe Lozano, ejecutada por la ministro público Mónica Carranza, contra quienes inclusive podrían interponer una demanda penal por uso indebido de la función pública por parte de las funcionarias.
La visita de los integrantes de la Concaam a nuestro estado se debe a los problemas que enfrentan los abogados en el desarrollo de sus actividades profesionales, “hoy venimos a hacer una protesta enérgica en contra de estas actitudes que funcionarios del Poder Judicial y de la Procuraduría de Justicia del Estado están llevando a cabo en contra de abogados”, con lo que se demuestra que estas autoridades han perdido de vista lo complicado que es el ejercicio de esta profesión, pero sobre todo, el nivel de profesionalismo con que cuentan los mismos en el estado y en todo el país.
Una cuestión que se atreve a asegurar el presidente de la Concaam es que el servicio de los abogados de Aguascalientes no es sólo de calidad, sino excelencia, pues la capacitación de este sector es permanente por parte de la propia academia, mediante eventos en los que se pretende mostrar a los abogados como profesionistas serios y responsables hacia la sociedad.
“Nos queda muy clara la preocupación de los abogados de Aguascalientes…pues al parecer puede iniciar una etapa que sólo tenga un afán persecutorio, es decir que en Aguascalientes comience un verdadero terrorismo judicial”, por lo que con base en el análisis que han realizado los juristas a nivel nacional resulta que la actuación de la juez Lorena Guadalupe Lozano y de la ministro público Mónica Carranza, los lleva a tomar la decisión de presentar una denuncia penal, sobre los hechos correspondientes a un ejercicio indebido de la función pública y cualquier otro delito que aparezca demostrado de la relación de hechos que son del conocimiento de los juristas y de la sociedad.
Una de las exigencias que realiza Visente Hernández Barrios es que se exigirá al gobernador del estado que solicite la conformación de una fiscalía que se especialice en la investigación en el tema, ya que no considera prudente que continúen sucediendo este tipo de tropelías contra los litigantes, y sobre todo se manifestó por que Carlos Lozano de la Torre dé muestra de piso firme en materia de derechos humanos.
Foto: Gilberto Barrón
