- Diputados, Poder Judicial, académicos y comunidad jurídica, abordan el tema
- Hoy serán aprobados en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado
En una reunión de trámite, previa a la discusión y aprobación en su caso de la Reforma Penal, hoy en el Pleno, los juristas –reconocidos y no, representativos y no- expusieron sus ideas, ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presidida por Gregorio Zamarripa Delgado, que contó con la asistencia de Fernando González de Luna, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Además de Zamarripa Delgado, estuvieron presentes Gabriel Arellano Espinosa, Mario Guevara Palomino y Alfredo Reyes Velázquez; ahí, el jurisconsulto Ramón Torres Armenta criticó que el Congreso del Estado no haya hecho nada –en su opinión- en los últimos tres años. Calificó de gravísimas las omisiones y dejar abandonada la Reforma Penal, “que va a tener un gran alcance en materia de derechos humanos, economía, política y sociedad. El modelo se va a ampliar tanto, que puede entrar en conflicto con los viejos paradigmas”, advirtió.
Señaló que el problema no es la ley, sino el medio para aplicarla, y al admitir que la oralidad “no nos es ajena”, mencionó que “nuestro sistema es mixto”. En Monterrey empezó con delitos comunes, “no sé en México y en Morelos, pero la mayoría de los estados no han implementado los juicios orales, tendrán que surgir de nuestra propia experiencia”.
Cuestionó, sin embargo, el quehacer policiaco, que integra mal sus reportes, con base en los cuales también los jueces hacen mal papel; “tendrían que ser buenos investigadores y buenos juzgadores”, postuló el estudioso y para concluir su “zarandeada” a los diputados, les conminó a realizar debates multidisciplinarios en materia de Reforma Penal, en lo cual siempre han estado de acuerdo unos y otros.
Gregorio Zamarripa había anunciado que estaban listos los dictámenes de las leyes secundarias para la implementación de los llamados juicios orales, que en la sesión ordinaria del Pleno de hoy jueves, será sometida a votación la reforma a la Constitución Política del Estado para incluir en ella el nuevo sistema judicial.
Fernando González de Luna, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, coincidió en la necesidad de que ya se tenga aprobada una legislación local, con la finalidad de proceder a la capacitación de los litigantes y de los funcionarios de los juzgados, la actualización de los planes de estudio de las universidades y la creación de infraestructura necesaria para poner en marcha la nueva modalidad.
A su vez, Ricardo González, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, refirió estarse preparando para el inicio de modalidad oral en los juicios, y que estarán pendientes de su aprobación.
Salvador Farías Higareda, presidente de la Federación de Colegios de Abogados, opinó que es crucial la profesionalización de los licenciados en Derecho, así como su certificación, lo cual hace necesaria la colegiación abogadil.
Enrique Espinoza Terán, de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, refirió el apoyo a las reformas y ofreció a sus investigadores y catedráticos, quienes ya cuentan con especialidades, así como salas especiales para la práctica de los estudiantes y profesionistas.
Rosa Avelina Vázquez Carreón, de la Universidad del Valle de México, mencionó que desde 2010 su institución incluyó la asignatura de juicios orales en el plan de estudio de la carrera de Derecho, mientras que de la Universidad Cuauhtémoc, Adrián García, director del Despacho Jurídico, expresó que es positivo haber convocado a las universidades a comentar el tema.
Sergio Delfino Vargas, presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, manifestó que si bien no están registrados ante la SEP, cotidianamente programan cursos de capacitación para sus agremiados, por lo que solicitó ser incluidos en el plan de implementación.
Sobre las observaciones realizadas, Gregorio Zamarripa dijo que el problema ha sido la operatividad del sistema, “ya que no todos los involucrados en el proceso han contando con el conocimiento o las habilidades para que funcione”. Alfredo Martín Reyes Velázquez, diputado invitado, reconoció que pese a no tener formación en leyes, su trayectoria en el servicio público lo ha llevado a involucrarse en la aplicación, interpretación y manufactura de la legislación federal y estatal. Mario Guevara Palomino indicó que el atraso legislativo es porque no hubo en su momento la voluntad política para impulsar a tiempo la reforma.
Por su parte, Arellano Espinosa compartió que en su experiencia en el servicio público, es frecuente que la población en general se queje de la mala impartición de justicia y de lo lento de los procesos, por lo que deseó que las reformas inminentes a la legislación de Aguascalientes procuren una justicia expedita.
Alan David Capetillo Salas, abogado, dijo que se requiere un cambio y que por supuesto, habrá resistencia de los que han trabajado de una forma específica durante décadas, donde ha prevalecido el uso de “machotes”, “chicanadas” y otros recursos tradicionales. “Habría que jubilar a muchos abogados y muchos jueces y darles oportunidad a los jóvenes” enfatizó.
Jorge Oswaldo León, de la Asociación Libre de Abogados, se sumó a la propuesta de especialización y certificación de los conocimientos de los litigantes y dijo que lo importante es avanzar en la vigencia de nuevos paradigmas, como el funcionamiento de los sistemas alternativos de solución de conflictos.
Martha Campos Zambrano, presidenta de la Asociación de Abogadas del Estado de Aguascalientes, manifestó que “nuestro sistema de justicia no está diseñado ni capacitado para un sistema de justicia oral, que es el que nos quieren a fuerzas implementar. Yo quiero decirles que nuestro sistema de justicia a nivel nacional es un ejemplo internacional, pero el problema es la operación”.
Foto: Gilberto Barrón
