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jueves, febrero 5, 2026

Aprueba el Congreso nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial

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  • Listas las leyes secundarias, base de los juicios orales
  • Desecha propuestas del PAN, sobre puntos de acuerdo para indagar desvíos

 

El Congreso del Estado aprobó en sesión plenaria las iniciativas de reformas a leyes secundarias, tales como la Ley de Ejecución de Sanciones Penales; Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido, bases del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, que contiene los juicios orales.

Por unanimidad los diputados rechazaron por improcedencia la iniciativa  de Ley de la Procuraduría de la Defensa Ciudadana del Estado de Aguascalientes, que presentó Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Aprobaron también el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública sobre la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, turnada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre.

Esto llevará al nombramiento de un secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, funciones que ya no podrá desempeñar el titular del ramo.

Previo a la votación, Alfredo Reyes Velázquez del PAN, propuso que se incluya al municipio de Aguascalientes en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, lo cual fue rechazado por Mario Guevara Palomino del PRI, porque “se estaría violentando la esfera competencial y el acceso democrático a dicho órgano”. Héctor Quiroz García del PT se adhirió a la propuesta blanquiazul, igual como lo hiciera en comisiones, y ambos fueron derrotados por la mayoría priísta.

También se desechó por improcedencia, la iniciativas de reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, tal y como había previsto Alfredo Reyes Velázquez, en una previa conferencia de prensa, Arturo González Estrada del PAN, propuso que se turnara a comisiones y lamentó que “en la legislación actual se excluyó el tema de las sanciones a funcionarios, y los supuestos castigos sólo obedecen a actuaciones políticas en contra de algún partido, gremio o grupo”.

Se puso a votación el punto de acuerdo propuesto por el blanquiazul, para solicitar al Ejecutivo estatal informe sobre el título de concesión y sus anexos, sobre los 4000-Taxi.

Arturo Robles Aguilar del PRI planteó que en el Presupuesto de Egresos del año pasado se contemplaba la adquisición de los citados vehículos y solicitó que la Comisión de Vigilancia sea la encargada de fiscalizar el programa específico y en su momento, enterar a los integrantes de la LXI Legislatura, ya que de hecho forma parte de la Cuenta Pública de 2012.

Reyes Velázquez cuestionó: “si lo que quieren es ser los defensores del Gobierno del Estado o bien, cumplir con la función de vigilar el buen uso de los recursos públicos… La honorabilidad no se gana por cédula real o por diploma del Ejecutivo”.

Dijo que el Código Urbano contempla la facultad para otorgar concesiones para el transporte público, en este caso un servicio mediante 50 taxis eléctricos suena positivo, pero requieren toda la información sobre el mecanismo de operación.

PAN y PRI acordaron que la propuesta sobre la fiscalización del programa de taxis ecológicos se resuelva en el próximo periodo ordinario de sesiones.

El azul también propuso citar a comparecer al auditor superior del Estado, a sesión de Comisión de Vigilancia, para que explique observaciones y solventaciones sobre la Cuenta Pública 2011, según la cual se presume desvío de fondos por 176.3 millones de pesos, según Reyes Velázquez, que cita como fuente a un periódico nacional.

El funcionario aludido ya había sido citado al Congreso por Gregorio Zamarripa Delgado, presidente de la Comisión de Gobierno,  por lo que la propuesta fue retirada.

Enseguida, al entrar al capítulo de los asuntos generales, el diputado Alfredo Reyes Velázquez presentó punto de acuerdo para citar a comparecer al encargado del Instituto de Educación de Aguascalientes, a fin de que informe sobre el desvío de 700 millones de pesos.

Le hicieron el silencio al legislador panista y la propuesta quedó para resolverla en la siguiente sesión, el jueves 14 de marzo.

 Foto: Gilberto Barrón

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