Desde hace algunas semanas, se ha venido incrementando la movilización de maestros que impugnan la reforma educativa realizada por el Congreso de la Unión en los primeros meses del año; los maestros movilizados, en mayor medida, son los que conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, y, particularmente, los maestros de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Los puntos de la reforma educativa que impugnan son, prácticamente, los siguientes: la evaluación y la promoción, la permanencia, y las cuotas escolares. Consideran que la evaluación tiene enfoque mercantilista, ya que no permite que los procedimientos puedan ser determinados por ellos mismos para modificar la “métrica” de la evaluación, y, de esta manera, los llevan a las sanciones; además, la evaluación afecta la permanencia de los maestros en sus puestos de trabajo, debido a que marca los requisitos necesarios para el puesto, lo que pone en peligro su ingreso económico, al no cubrirlos; y, finalmente, el cobro de cuotas escolares, ya que pone a la educación pública en riesgo de privatización.
La posición del gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña, y aplicada por el secretario de educación pública, Emilio Chuayffet, sostiene la reforma educativa en tres ejes: “Primero, que los alumnos sean educados por los mejores maestros. Con el nuevo servicio profesional docente, ahora el mérito es la única forma de ingresar y ascender en el servicio educativo del país. Segundo, que la evaluación sea un instrumento para elevar la calidad de la enseñanza. Para ello, se otorgó plena autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se crea un sistema de evaluación. Y, tercero, que la educación se convierta en una responsabilidad compartida” (Mensaje del presidente en Veracruz, 3 de abril, en la red).
Observamos, entonces, las dos posiciones encontradas: la de los maestros disidentes, con su recurso a las movilizaciones de protesta; y la del gobierno de la república, que responde, en voz de Peña, que “no va a permitir retrocesos en su aplicación. Ningún intento de presión pondrá en riesgo la formación y desarrollo de las nuevas generaciones” (Mismo mensaje).
También el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de la maestra Elba Esther Gordillo, manifestó su preocupación en los mismos puntos expuestos por los maestros disidentes, sólo que ya no pudieron llegar a la movilización –como lo estaban planeando-, debido a la aprehensión de la maestra; el punto más importante de la impugnación señalada por la entonces presidenta del sindicato, fue el de la permanencia. Si la evaluación conduce al maestro a la pérdida del trabajo, consideraba, entonces no funcionará adecuadamente la reforma educativa.
Ambas visiones, del gobierno y de los maestros, tienen un punto coincidente: la educación en nuestro país es deficiente, y es necesario mejorarla. También los diversos sectores de la sociedad han coincidido en este punto; sin embargo, las apreciaciones a los cómo llevar a cabo la transformación de la educación, se han convertido en el elemento de confrontación.
La permanencia, por lo tanto, se convierte en el aspecto clave: la evaluación tiene la característica de hacer evidente la condición particular que tiene en determinado momento el maestro, y, la evidencia consistirá en que los maestros, unos más y otros menos, requieren de mayor preparación y/o actualización profesional. De ahí que, si el efecto de tal evidencia es el despido, por no cubrir el perfil docente necesario, entonces, el maestro perderá su trabajo. Es el dilema entre descubrir la realidad, o impedir la evaluación.
Éste es el punto de coincidencia con la circunstancia que viven también las policías, aunque éstos no recurran a las protestas y movilizaciones: la evaluación hace evidente, entre otras cosas, si está o no coludido con la delincuencia, organizada o desorganizada. Por el grado de violencia desarrollada por las organizaciones de la delincuencia organizada, y por la notable lentitud mostrada en muchos estados en la evaluación de los cuerpos policiales, podemos concluir que los responsables estatales de esta evaluación prefieren rehuirla por los efectos obligados y necesarios que tendría, ya que implicaría –debido a que el indicador de la violencia no desaparece- el despido de los policías.
Las preguntas que surgen ahora son ¿qué hacer, entonces, con los maestros y los policías? ¿es aconsejable despedir a los que no cubran los perfiles? ¿en caso de despedirlos, qué sucedería, particularmente, con los ex policías? ¿en el caso de los maestros, quiénes serían los suplentes idóneos? Las respuestas, desde luego, no son fáciles, ya que requieren de estudio y discusión.
Una respuesta, a debatir, sería que mejor no se despidieran a los maestros y a los policías que no cubrieran el perfil requerido, salvo los que por la comisión de algún delito tuvieran que ser llevados a un proceso penal –lo que debería suceder en el momento de la comisión, y no en la evaluación-. La alternativa, que es algo que considero no suele tomarse en cuenta en los gobiernos respecto de los empleados, consiste en la reeducación de los maestros y los policías.
Es común pensar que la etapa de educación sólo se da en los tiempos de la juventud y la escuela, y que después de egresar de los estudios profesionales, ya no podemos hacer mucho. Es más, los criterios de trato de personal en las oficinas de gobierno –aparte de los meramente partidistas-, consisten en eliminar sin mayor consideración, a los que no nos parecen útiles; sólo de manera excepcional, aplicamos un trato de reeducación y formación de equipos de trabajo con los que ya están.
La posibilidad de reeducación con los maestros y los policías en activo consiste en hacer un trabajo de mejoramiento profesional para llegar al nivel de los conocimientos y las habilidades que se necesitan hoy; de esta manera, como trabajo conjunto y con los que están, la sociedad tendría una educación y una seguridad de calidad.
