Como bien lo mostró por más de una década la recién fallecida Baronesa Margaret Thatcher, en política, muchas veces el consenso no es sino un fetiche que más que ayudar a gobernar, lo impide. Sin embargo, otras experiencias, como la mexicana, muestran que lo opuesto también puede ser cierto: sin un mínimo de consenso no se puede gobernar. El Pacto por México surgió, en parte, con el claro propósito de la clase política de mostrarle a la ciudadanía que, después de todo, es decir después de años de autobloqueos y de haber hecho de la sospecha y desconfianza mutua una costumbre de su cultura política, era capaz de alcanzar acuerdos, de fijar metas y trabajar por objetivos comunes.
Pero el Pacto también surgió como una plataforma adicional para que los partidos políticos hagan lo que se suponen que deben hacer por definición y vocación: política, es decir negociar, dialogar, disentir. Como subrayé en otra ocasión en estas mismas páginas (06/12/2012), el Pacto es una plataforma de negociación entre partidos que ni sustituye el trabajo legislativo ni sus resultados son necesariamente vinculantes a las decisiones legislativas. Presuponer que el Pacto es –o era- una suerte de vacuna que erradicaría los conflictos entre los partidos o una instancia de acuerdo previo a lo que debe ser el trabajo de las Cámaras de Diputados y el Senado, es –era- presuponer algo que ni está en la lógica misma del Pacto ni, en sentido estricto, corresponde a lo que puede esperarse en una democracia. Más aún: el buen desempeño del Pacto –su efectividad y, por ende, su consistencia y continuidad- no depende de su habilidad o disposición para evadir o negar los desacuerdos, sino de su capacidad para que, en su seno, se gestionen los desacuerdos realmente existentes de modo tal que sea posible cristalizar la mayor parte de las reformas y políticas públicas que, en primera instancia, lo hicieron posible.
El Pacto por México es un armazón, esto es “un conjunto de piezas unidas que prestan estructura o sostén algo” (Diccionario de la lengua de la Real Academia de la Lengua), cuya fortaleza se construye, precisamente, en relación directa a la disposición de las partes, los partidos políticos, de seguir negociando día a día, de permanecer unidos no en el fácil simulacro del acuerdo, sino en la realidad un poco más complicada, un poco más atareada de trabajar hasta encontrar los puntos de equilibrio –que no son los de la claudicación- que son razonablemente requeridos para al menos darle una oportunidad a las reformas propuestas.
Lo anterior no significa ni mucho menos que gracias al Pacto por México el gobierno federal recibió un cheque en blanco o una licencia para hacer y deshacer a su antojo. Tampoco significa que los partidos ahora en la oposición deban renunciar a ello, esto es a ser oposición. Pero sí implica que los partidos políticos –y entre ellos el partido en el gobierno- deberán aprender, entre otras cosas, a asegurar la estabilidad y continuidad necesaria al Pacto. Debe evitarse en particular la tentación de la imposición, del chantaje y de la graciosa huida ante el asomo de cualquier discordancia, por grave que pueda parecer en principio. El Pacto no puede convertirse en una caja de resonancia de cada uno de los problemas que existe en el país ni en un recipiente de todos los desacuerdos y conflictos entre los partidos. De otro modo el Pacto, en el mejor de los casos, marchará con una lentitud que exasperará a más de uno y, en el peor de los casos, quedará prematuramente inhabilitado.
El inevitable conflicto suscitado por los eventos pre-electorales en Veracruz, la desviación de recursos públicos federales para la compra de votos, amerita, sin duda, la mayor de las reprobaciones y una investigación seria que, además de identificar con claridad la responsabilidad de todos los involucrados -incluyendo a la Secretaría de Desarrollo Social, que difícilmente puede apelar que, por no estar en las reuniones de Boca del Río y “no salir en los videos”, ignoraba lo que sus subordinados hacían- sea también ejemplar en sus sanciones. Pero el tema puede –y debe- ser revisado y, si es el caso, judicialmente gestionado, sin que sea en absoluto necesario refrenar el impulso de las iniciativas del Pacto ni mucho menos darlo por muerto. Como bien dice el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, “El Pacto todavía tiene mucho que dar.”
