Ante la solicitud presentada por el gobernador del estado de Michoacán, Jesús Reyna, al presidente de la república, Enrique Peña, para dar respuesta de seguridad a la población del estado debido a la violencia, ejecuciones y conflictos de autodefensa que se han venido dando, el secretario de gobernación, Miguel Osorio, anunció el pasado martes 21 de mayo, el inicio del operativo federal de seguridad en esa entidad; será una estrategia integral que, como mando único, estará a cargo del secretario de la defensa nacional, Salvador Cienfuegos, con la participación del secretario de marina, Vidal Soberón, del procurador general de la república, Jesús Murillo, y del comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón.
La circunstancia de que el gobernador de Michoacán se haya visto en la necesidad de solicitar al presidente de la república el envío de fuerzas federales para controlar el estado y devolverle la tranquilidad –ya que los gobiernos locales no lo pudieron lograr-, y de que el presidente haya accedido a la petición del gobernador, iniciando la estrategia operativa con las fuerzas federales, nos lleva a la consideración de varios puntos.
El cuestionamiento inicial de la reflexión es, si la nueva estrategia para el combate de la violencia, planteada por el gobierno peñista, no está dando resultados, y se ven en la urgencia de cambiar de estrategia. Recordemos que hace algunos meses el presidente Peña había pedido tiempo para poder aplicar esa nueva estrategia de combate a la violencia y a la delincuencia organizada, y señalaba el término de un año para estar en posibilidades de apreciar los resultados, y también recordemos la orden de reducción, en casi 25 por ciento, de los efectivos dedicados a la lucha contra el narcotráfico (La Jornada, pasado 5 abril).
En esa reducción de efectivos estaban soldados que participaban en labores de seguridad pública en municipios del país, coadyuvando con los gobiernos locales; medida que significó, como parte de la nueva estrategia, el volver a dejar en manos de las policías locales la responsabilidad y el cuidado de la seguridad de los ciudadanos; consideremos también, que en el informe dado a conocer el pasado 10 de mayo por el Centro Nacional de Información del SNSP, en los meses de la nueva administración federal, contabilizaron más de 5 mil homicidios relacionados con el crimen organizado (La Jornada, 11 mayo), cantidad que, promediada para los seis años, llegaría a más de 72 mil las ejecuciones.
Si agregamos que algunas organizaciones de la sociedad civil comienzan a manifestar su inquietud por los resultados que se están dando, como es Amnistía Internacional México, que señala que las medidas anunciadas por el gobierno federal no están a la altura de la situación que vive México (La Jornada, 24 mayo), es comprensible el porqué el gobierno federal ha tomado la decisión de, prácticamente, imponer en Michoacán un mando único, por encima de la autonomía constitucional de los gobiernos locales.
Por lo tanto, en Michoacán el presidente Peña se está enfrentando y aceptando (¿por primera vez?) la realidad del país y de la delincuencia organizada con su violencia. También en Michoacán está enfrentando la contradicción a la que los gobiernos priístas no dieron respuesta en los años anteriores, o, por estrategia partidista, prefirieron eludirla: o sanean y profesionalizan a las fuerzas de seguridad de los gobiernos locales, o la violencia continuará imparable.
En Michoacán, entonces, Peña también enfrenta la disyuntiva de, o demandar la respuesta de los gobiernos locales con la indispensable profesionalización y castigo a los servidores públicos corruptos –aunque tenga que ir en contra de lo que sostuvo recientemente como estrategia partidista de que la estrategia federal estaba equivocada-, o seguir creyendo que la mejor estrategia es la de los medios de comunicación de hacer creer que la estrategia de seguridad va bien y es adecuada.
Recordemos, además, que la experiencia de hace seis años en Michoacán operada por la administración federal fracasó, precisamente, al no haberse atendido las causas reales y efectivas: “El gobernador Lázaro Cárdenas Batel manifestó que la presencia de más de 5 mil militares y policías en la entidad forma parte de la petición que su administración hizo a la Federación… Añadió que se cumplirá con lo establecido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública sobre la revisión de los perfiles de los mandos policiacos, tanto estatales como municipales, y se trabajará en la profesionalización de las corporaciones de seguridad” (La Jornada, 12 de diciembre de 2006).
Éste es y sigue siendo, considero, el punto central del grave problema de la inseguridad pública que hemos vivido en el país; ésta es, considero, la prueba de fuego para el presidente Peña en materia de seguridad. Es comprensible que Osorio y el asesor Óscar Naranjo hablen de estadísticas de ejecuciones a la baja, como también es comprensible que el secretario de gobernación diga que la estrategia de ahora en Michoacán es diferente a la anterior. Mal harían en no capitalizar las experiencias vividas y sufridas por la sociedad mexicana en el pasado reciente, y que ahora, con la renovación del plan Ciudad Juárez que ha sido retomado por el nuevo gobierno de la república, muestren la disposición de mejorar el trabajo.
Estamos, entonces, ante el panorama de evitar que las fuerzas federales sustituyan a las fuerzas locales, como sucedió en el pasado, y, con ello, evitar que la solución idónea al problema vuelva a ser dejada de lado; si en Aguascalientes vivimos ya una relativa seguridad, sucedió porque el secretario de seguridad pública, Rolando Hidalgo, al asumir su responsabilidad, trabajó arduamente en este punto.
El programa que lleva a cabo el gobierno federal para la prevención de la violencia no sólo es bueno, sino que es muy bueno y valioso; sin embargo, si éste no es acompañado con efectividad por el saneamiento y profesionalización de las corporaciones policiales, se convertirá en tiempo, esfuerzo y dinero perdido.
