- En el 2000, los socios (Francia, España, México) pagaron 100 millones de deuda
- La prórroga panista perjudicó más en vez de beneficiar a CAASA, perdió 30%
Las tarifas del agua seguirán actualizándose después de su tope máximo en 2003, lo que significa encarecimiento, admitió Humberto Blancarte Alvarado, gerente de CAASA, al lamentar que la prórroga de 10 años en 1996 les perjudicó, en vez de beneficiarles.
Antes de que La Jornada Aguascalientes le formulara la pregunta sobre la declaración de Francisco Chávez Rangel, candidato del PRI a la alcaldía, de expropiar el agua, le pedimos al ejecutivo multinacional su propio planteamiento. Nos expuso:
“Nosotros, entre 93-95 hemos logrado que muchos usuarios se regularizaran, porque había muchas fuentes que no estaban registradas, y la recaudación nos subió hasta el 90 por ciento en función de la facturación emitida”.
Explicó que cuando el entonces alcalde Alfredo Reyes Velázquez anunció que remunicipalizaría el agua, la recaudación bajó a 60 por ciento y asegura que la prórroga de 10 años que les concedió el militante del Partido Acción Nacional les perjudicó en lugar de beneficiarles.
Ejemplificó, que si se prestan 100 pesos, es mejor recuperarlos en un mes que en un año; “para nosotros eran mejor los 20 años que los 30 años… Entonces la tarifa tuvo que bajar porque se había hecho impagable y hacía al proyecto inviable”.
La aportación de los gobiernos Federal y municipal, y de la propia empresa, sostuvieron el proyecto, dijo; luego, por allá del 2000, los socios tuvieron que pagar una deuda de 100 millones a Nacional Financiera y al banco español Santander
“Toda esta serie de cosas que no se conocen, no se manejan públicamente, han sido parte de la historia del porqué hemos insistido en mantenernos aquí dando el servicio. No ha sido fácil, ha sido una curva de aprendizaje para todos, usuarios, autoridades y empresa, para ambientarnos y adecuarnos al servicio y al entendimiento del pacto”.
Aseguró Blancarte que en este momento la tarifa es real, porque no está subsidiada como en muchos lugares del país y el propio Distrito Federal; el gobierno paga los grandes importes por el suministro del Cutzamala, “y en donde lo que se está pagando es ridículo en función de lo que está costando. Ni siquiera el agua en bloque queda cubierta con la cuota que se está cobrando”.
Indicó que ese dinero, que son impuestos, deja de irse a los programas sociales u obras públicas y se tiene que ir al agua, “para poder dar el servicio que no se paga completamente”.
Puntualizó Blancarte que en Aguascalientes “es una tarifa real, que llegó a su punto máximo en 2002 o 2003 y lo que está haciendo actualmente es una actualización; no se está incrementando en una forma adicional a lo que es la fórmula de indexación, que forma parte del título de concesión y que es la base para revisar estas actualizaciones”.
Subrayó que esa tarifa actualmente la paga el 94 por ciento de la población, “esto quiere decir que es una tarifa pagable, que no es para nada fuera de orden; que si ha subido en relación a lo que tenía antes, era necesario para poder prestar el servicio, porque por la entrada de la sustentabilidad de que no necesitamos ningún subsidio y que estamos al corriente en pago de impuestos e insumos, es producto de la propia tarifa”.
Indicó que son contados con los dedos de las manos los organismos operadores del agua en México que funcionan con números negros, mientras que la Federación planea una nueva Ley de Agua Potable, porque la Ley de Aguas Nacionales administra el recurso en forma muy general.
“Los organismos operadores ni siquiera figuran en esta ley. ¿Qué pasa que no hay una calificación, una regulación del servicio en los municipios en materia del agua y por lo tanto se presta el servicio como se puede? Se convierte en caja chica, muchas veces del propio Municipio, por ponerle una regulación real de los ingresos y los egresos, que no es el caso de Aguascalientes”.
Foto: Gilberto Barrón
