Estamos a tres semanas del día de la elección, que es el 7 de julio; entre más se acerca ese día, vamos percibiendo definiciones en el panorama de los próximos resultados, que no significa que estén definidos y sean inamovibles de manera anticipada.
Significa que en este momento ya es posible estimar los probables resultados, tomando como base para ello la forma como se están moviendo determinados actores que, de una u otra manera, inciden en el proceso electoral; sus pronunciamientos, participaciones en los medios de comunicación, reuniones de trabajo con sectores de la sociedad, llevan un indicio de orientación electoral.
¿Cuáles son estos actores políticos participantes, adicionales a los candidatos y partidos? Aclaro que no significa, de ninguna manera, que estén violando las normas electorales, ya que están en su derecho de expresar sus opiniones y llevar a cabo las acciones de la responsabilidad de sus cargos. Los primeros en tener un justificado interés en los resultados de las elecciones, motivo por el que tienen su parte de acción y expresión –repito, desde sus posiciones de trabajo y dentro del espacio legal de competencia (y suponiendo que no están desviando recursos para apoyar a los candidatos de su partido)-, son el gobernador del estado y la alcaldesa con sus equipos de trabajo, el congreso del estado con sus grupos parlamentarios, los empresarios de los medios de comunicación con la orientación específica que quieran darle a la información, y los dirigentes de organizaciones sociales que buscan “corporativizar” a sus miembros.
Es aquí donde encontramos la jugosa combinación de juegos políticos y estrategias de poder que se aplican en el desarrollo de las campañas electorales; veamos algunos de los que tienen más incidencia tanto en el espacio de la opinión pública, como en el ánimo de los ciudadanos.
El periódico Reforma ha dado a conocer información de las averiguaciones, primero del ahora ex gobernador Luis Reynoso Femat, y, después, de su hijo; ¿cómo funciona el juego político? Identifiquemos algunos puntos: en estos días estamos conociendo de las averiguaciones que llevan a cabo los gobiernos de Tabasco y de Jalisco, para la aclaración y lo que resulte del uso de los recursos públicos de sus antecesores. Son gobiernos que están en el inicio de sus periodos –no llevan años-, y, en el caso del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, personalmente está tratando el asunto con los medios de comunicación, dando cuenta del valor democrático de la alternancia.
Cuando en algún caso como éstos, se “administra” la procuración de justicia para utilizarlos como muletas de ayuda a su partido político, están mostrando claras señales de lo que están viviendo electoralmente sus candidatos; por un lado, arguyen, que si la opinión pública conoce la información de las averiguaciones, es porque son los presuntos responsables los que la han dado a conocer. Por otro, es el procurador el que, en rueda de prensa (LJA, 6 junio), anuncia que no sólo es el asunto del tomógrafo, sino que existen otros como el de equipos de la procuraduría, del instituto de vivienda, de obras públicas y de desarrollo económico (que seguramente serán manejados en la campaña electoral de 2016).
En el comunicado 1857 del gobierno del estado encontramos lo siguiente: “El Secretario de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes, dio a conocer que por indicaciones del Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, se le brindará todo el apoyo y ayuda que requieran los candidatos de todos los partidos y alianzas políticas, sin excepción alguna, garantizando para todos ellos que habrá condiciones de equidad y seguridad. El funcionario destacó que la administración de Lozano de la Torre se ha caracterizado desde el inicio como un gobierno incluyente, respetuoso y abierto al diálogo, y en ocasión del proceso electoral que vive Aguascalientes, da su respaldo a la democracia y civilidad, razón por la que habrán de generarse las acciones pertinentes que den como resultado, condiciones de seguridad para cada expresión política”. Sin embargo, a propuesta del diputado local perredista, Gilberto Carlos Ornelas, el congreso tuvo que aprobar un “exhorto” al gobierno del estado, para que RyTA facilite tiempos al IEE para llevar a cabo debates.
El pasado jueves, la bancada priísta del congreso del estado denunció que Antonio Martín del Campo desvió en el año 2004, 90 millones de pesos para apoyar la campaña del entonces candidato Reynoso Femat, y 13.5 a su favor (LJA, 14 junio).
Éstos son los juegos políticos y las estrategias de poder: ante los medios de comunicación y la sociedad, tener un discurso; y, en los hechos, realizar acciones distintas. ¿Cómo participan, por ejemplo, los medios de comunicación en estos juegos? Algunos toman en serio el discurso político del gobierno del estado, y, con base en ello, manejan su información desacreditando al actor que no crea en ellos. La denuncia de los priístas contra Martín del Campo, la repiten continuamente en sus espacios, sin analizar o reflexionar en los contenidos o en su congruencia; no toman en cuenta que el congreso es un órgano colegiado, por oscuro que sea, y que las decisiones son tomadas colegiadamente, donde participan y avalan los mismos priístas, y, si faltó documentación, el secretario general en turno –en aquella ocasión un priísta- fue el responsable.
En fin, con un poco de acercamiento a la realidad de cómo suceden los hechos políticos –que son muchos más- y sin evadir su conocimiento, es posible percibir en esta ocasión (incluida la guerra sucia que inicia el PRI para volteársela después al PAN-PRD con estos juegos y estrategias de poder), cómo van los equilibrios electorales en el sentir ciudadano. El echar mano, irreflexivamente, de asuntos de rendición de cuentas -cuando han transcurrido ya nueve años y la actual legislatura está por terminar, tomando a los ciudadanos y a los reporteros como personas que no tienen nociones de política-, nos da una respuesta del porqué actúan así.
