No hay república sin un mínimo de coraje.
Régis Debray
Nuestros diputados están renunciando y claudicando. Están perdiendo, si alguna vez lo tuvieron, el coraje. De acuerdo a la primera acepción que da la Real Academia de la Lengua, renunciar significa “hacer dejación voluntaria, dimisión apartamiento de algo que se tiene o puede tener”, y, también en su primera acepción, claudicar es “acabar por ceder a una presión o una tentación”. Y eso es justamente lo que ha hecho, renunciar y claudicar, el diputado local, Alfredo Reyes Velázquez, coordinador de los panistas del Congreso del Estado, de acuerdo a las declaraciones que recogió Carlos Alonso López en la edición del pasado viernes 28 de junio de La Jornada Aguascalientes. Ha renunciado a sus responsabilidades legislativas y ha claudicado ante la tentación de fomentar un estado confesional, un estado teocrático.
Escuchémoslo. Reyes Velázquez dice que “es un secreto a voces que, así como bíblicamente la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, ninguna iniciativa se mueve en el Congreso si no es con la voluntad del gobernador, ésa es la realidad”. Además, claro, de que para entender el movimiento de las hojas de los árboles no se necesita, como le diría el astrónomo y físico Simon Laplace a Napoleón Bonaparte cuando le presentó su obra Exposition du système du monde, la hipótesis de la existencia de Dios, lo que nos indican las palabras del diputado es que, en su perspectiva, la división de poderes en Aguascalientes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo es poco menos que un simulacro, que es el criterio y la voluntad del gobernador es el que predomina en el Congreso del Estado. Que, como dictaminara hace poco The Economist, no somos sino una de las 32 república bananeras que hay en el país.
En las palabras de Reyes Velázquez no hay ni un leve asomo de resignación o incomodidad ante esta situación, sino la mera aceptación de un hecho sobre el que, lejos de lamentar o procurar enmendar, pretende ahora sacar ventaja para promover una agenda que es, también, plenamente atentatoria de los principios republicanos. Hay, entonces, en las declaraciones de Reyes tanto un acomodo de sus “convicciones” a su muy peculiar sentido de la realidad, como una cínica renuncia, una impúdica dejación voluntaria a ejercer un poder que, por lo demás, los ciudadanos le delegaron con la idea de que, entre otras cosas, lo ejerciera con responsabilidad.
El tema, sin embargo, no es menor ya que, como bien señaló recientemente Otto Granados (Porque quieren, porque pueden, La Razón, 26, vi, 2013), la inexistencia de una real separación de poderes, la fragilidad de los contrapesos que el poder legislativo puede y debe poner al ejercicio del ejecutivo, explica en mucho las calamidades de la entidad, por ejemplo, la corrupción, ineficiencia e impunidad de los gobernadores. Sólo añado que esa misma fragilidad en los contrapesos puede ser posible no sólo un ánimo de control o imposición de parte del poder ejecutivo, sino también puede manifestar una grave erosión, una clara renuncia, de la ética política de parte de los legisladores.
Pero el desafecto de los panistas no es sólo una renuncia a sus responsabilidades cívicas sino también una claudicación a sus tentaciones más antirepublicanas, a sus instintos más equívocos. Escuchemos de nuevo a Reyes Velázquez. Ante su interés, con tintes ya patológicos, que se apresure la aprobación de la misógina adición al artículo 2 de la Constitución Política del Estado con la que se criminalizaría la interrupción voluntaria del embarazo, Reyes Velázquez ya no dispone de mejor “argumento” que el de exhortar al gobernador del Estado para que cumpla el compromiso que, según el diputado, éste adquirió con el obispo de Aguascalientes para llevar al Pleno del legislativo la citada propuesta de adición. Y añade, con una cursilería quizá inevitable dado su temperamento y con un efecto cómico, sin duda, involuntario, que dicho compromiso habría de cumplirse antes del 10 de mayo, como un “regalo especial” para las madres hidrocálidas.
Que el ciudadano Reyes Velázquez aspire a vivir en un régimen confesional o teocrático donde las autoridades de la iglesia a la que pertenece sean las que dicten las leyes que deben regir nuestra vida pública y privada es un asunto que sólo a él le compete. Que el legislador Reyes Velázquez pretenda y promueva que esta aspiración se vuelva parte de nuestra realidad cotidiana es algo peor que un desatino político o un mero disparate: es una claudicación ante las desafueros de sus propias tentaciones y ante la fuerza y sinrazón de uno de los poderes fácticos que pretende seguir administrando las creencias y actitudes de los ciudadanos.
Esta claudicación supone que se ha aceptado vivir fuera de las normas y el espíritu de una república laica como la mexicana y de espaldas a la creciente e innegable secularización de la sociedad, secularización que, por cierto, está muy arraigada ya entre los creyentes católicos. Reyes Velázquez pretende olvidar –y que, por nuestra parte que los demás si no lo olvidemos hagamos caso omiso- que gracias a la vigencia del principio republicano de separación del Estado de las iglesias y de los espacios de la vida pública y la privada, no es con el obispo con quien los legisladores o autoridades cívicas han de debatir o negociar las leyes ni su aplicación, que ninguna autoridad religiosa tiene ni debe ejercer autoridad alguna sobre los ciudadanos, que ninguna creencia religiosa puede ni debe convertirse en leyes, que la vigencia de la libertad de conciencia no puede ni debe estar sujeta a negociaciones ni compromisos entre autoridades civiles y religiosas, que, en fin, que las leyes de una sociedad democrática nunca son ni deben ser hechas y provistas como un “regalo especial” de las autoridades religiosas y civiles.
Lo que, en breve, Reyes Velázquez, y con él varios diputados y autoridades públicas, quisiera que echemos por la borda es el hecho de que, así como el Estado no debe tener competencia ni injerencia en las creencias de los ciudadanos, tampoco las iglesias y sus representantes deben tener ninguna injerencia en asuntos políticos y legislativos. Como ciudadanos nos corresponde exigir a nuestros representantes que ni renuncien a sus responsabilidades republicanas ni claudiquen ante la sinrazón, que tengan la lucidez y el coraje necesario para aprender a vivir en una democracia y una república.
