De los 840 mil 904 ciudadanos registrados oficialmente en la lista nominal de electores en el Estado, 436 mil 75 son mujeres, 404 mil 829 son hombres y 236 mil 183 provienen de otras entidades del país. En el supuesto de que el electorado no originario de Aguascalientes sufragara por el mismo candidato bastaría para hacerlo gobernador sin el voto de los 604 mil 721 electores restantes. Ungir como mandatario a una persona con la cuarta parte del padrón electoral podrá ser legal pero no legítimo, aunque se pretenda alcanzar tal legitimación invocando el Estado de Derecho. En un Estado democrático la distinción entre legalidad y legitimidad es fundamental y necesaria. La primera genera obligación y la segunda responsabilidad (ética y moral). Si la legalidad tiene un vínculo con la racionalidad de la norma jurídica, la legitimidad lo tiene con la lógica deliberativa. Ciertamente, el derecho es ley, pero ésta tendrá que estar supeditada al cumplimiento de la justicia como valor ético supremo. La brecha entre el nivel de desarrollo de la democracia mexicana y el marco normativo constitucional es tal, que la falta de legitimidad en los procesos electorales separa cada vez más nuestra carta magna de esa maltrecha democracia que muchos reducen al ejercicio del sufragio. Hacer compatible democracia y constitución es un asunto que no se ha logrado en la historia de México. El electorado en nuestro país es un simple sujeto destinatario de la norma constitucional en lugar de ser autor y programador del poder político. Bajo este contexto la constitución se vuelve contra sus propios fines y se revela, no como un instrumento emancipador de la sociedad, sino como una herramienta de dominación y control del poder donde la teoría y la práctica transitan por caminos separados. Desmitificar la democracia es un cuento de nunca acabar y aquéllos que gustan aventurarse a desentrañar sus mitos terminan convencidos de la fuerza y el arraigo de esa mitología que desborda la más elemental racionalidad. ¿Cuántos ciudadanos el día de ayer eligieron a sus alcaldes y diputados a través del sufragio universal, libre y secreto, sin la compra y coacción del voto? La respuesta nunca la sabremos. De lo que sí nos daremos cuenta es que más temprano que tarde esa “representación popular” convalidará el aumento del IVA en medicinas y alimentos y aprobará por consigna los dictados del señor de Aguascalientes, mantenedor del papel embrutecedor de los medios de comunicación a su servicio encargados de construir mitos y falsas imágenes donde los vicios se tornan en virtudes.
Más allá de los nombres y apellidos de quienes serán los próximos presidentes municipales y legisladores del PRIAN sobra decir que el comportamiento inconsistente de los partidos que se autodenominan de izquierda no es nada nuevo. La “izquierda moderna” al parecer dejó de representar a los electores para convertirse en comparsa del poder negociando con los gobiernos en turno privilegios políticos ofreciendo desactivar cualquier movilización social que les incomode. Su incapacidad para articular demandas progresistas y su abierta desfachatez para firmar pactos a espaldas de su militancia tampoco es una novedad. El gran perdedor de este proceso electoral fue Aguascalientes y hablar de democracia e institucionalidad en una jornada electoral caracterizada por los vicios de siempre es suplantar la ficción por la realidad. Ha sido notorio y público que el ejecutivo estatal, al compás de sus estados anímicos, imponga su soberana voluntad sobre cualquier institución para luego rasgarse las vestiduras por la “institucionalidad” en su gobierno. Él y los diputados del PRI fueron las principales tapaderas de los desvíos de recursos largamente anunciados de Luis Armando Reynoso Femat. ¿Quién si no fueron los diputados del PRI los que aprobaron sus cuentas públicas y justificaron cada una de las fechorías de las que hoy lo acusan? La disidencia en el Estado es de ornato y no existe diferencia alguna en la “representación popular” que surgió de un proceso electoral marcado por la inequidad e iniquidad y la elección de Estado que el PRI instrumentó para mantener su democracia simulada. No cabe duda que perdió Aguascalientes.
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