- “Si el proceso está mal soportado tiene que rectificarse, definitivamente”
- No se desea que la institución caiga en incertidumbre, señala Arturo Robles
El Poder Legislativo debe echar un vistazo a las operaciones del Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes para ver si resulta ilegal la desincorporación de bienes a favor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refirió el diputado Arturo Robles Aguilar.
Luego de que se ventilara que durante la pasada administración estatal una decena de terrenos fue donada al CIDE sin el aval de los legisladores, el priísta dijo que “lo que habría que ver es el proceso, si el proceso está mal soportado tiene que rectificarse, definitivamente. La última información que está apareciendo – añadió- nos obliga a hacer una revisión, no con un ánimo revanchista, simplemente es ver, revisar que se han hecho conforme a ley las diferentes enajenaciones o transacciones de bienes que el Congreso tenía que avalar”.
Enfatizó en que toda donación de bienes estatales o municipales debe contar con el respaldo del Poder Legislativo.
Arturo Robles señaló, además, que la Legislatura en funciones ya revisó los términos de un juicio pendiente desde el sexenio de Otto Granados, por lo cual el caso en concreto no debería presentar mayores dificultades.
De corroborarse anomalías, el Congreso habría de pronunciar su voluntad respecto al proceder. Toda vez que el CIDE ya cuenta con edificios en los terrenos cuestionados, por lo que expresó que se trataría “de que una institución de la calidad del CIDE no vaya a entrar en incertidumbre”.
Manifestó que las labores jurídicas arrancarían entre el lunes y el martes de la semana entrante.
Destacó a su vez que a causa de la carga laboral, el Órgano Superior de Fiscalización, que acaba de escrutar la cuenta pública de 2012, no ha entregado a la Comisión de Vigilancia el informe completo de lo derivado de las observaciones fiscales que produjo el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat.
No obstante el congresista adelantó que sí hay sanciones de tipo administrativo, inhabilitaciones en municipios como Calvillo y Rincón a partir de “inconsistencias que tuvieron funcionarios cuando lanzaron convocatorias de obra” pública.
“Hay resarcimientos… en obra pública de Gobierno del Estado hay un informe preventivo, en unos 15 días vamos a tener uno más amplio porque realmente había observaciones que requerían un seguimiento más detallado”.
Foto: Roberto Guerra
