- Se trabaja en los primeros borradores de una política que mejore la oferta de suelo urbanizado para sectores de menores ingresos
- Asegura que el enfoque es eminentemente social, de ahí que sus críticos estén faltos de información
La idea central del llamado impuesto a la plusvalía, contribución que asegura Mario Guevara Palomino está en las leyes, pero que nunca se había atendido en Aguascalientes, al que le seguirá a su tiempo el problema del vital líquido, configuran el espíritu de la iniciativa de la contribución a la plusvalía, que promoverá la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y que aprobará en su caso la LXI Legislatura antes de su término, el 15 de noviembre próximo.
La exposición de motivos del documento que estudia ya la citada comisión –explicó a La Jornada Aguascalientes Mario Guevara Palomino- explica de algún modo “la medusa de las mil cabezas” que es la especulación con la tierra y el agua en toda América Latina, y que ni México ni Aguascalientes sean la excepción”.
Subrayó el legislador priísta: “saludo con respeto a las voces que de inicio discrepan de esta iniciativa, pero es comprensible porque no la conocen. En pocas palabras puedo decir que Aguascalientes asumirá el liderazgo nacional, al poner orden en lo que muy seguramente es el principal problema del estado: la inseguridad en la propiedad de la tierra y la especulación con ella y con la infraestructura que generan las obras públicas, que hacen los grupos económicos más poderosos”.
Indicó el legislador que de acuerdo a la exposición de motivos, “la investigación que sobre el tema se viene realizando desde la perspectiva de la ortodoxia neoliberal, demuestra que en las ciudades latinoamericanas se están produciendo cambios directamente relacionados con la globalización y entre estos cambios la maximización de la plusvalía urbana se ha consolidado como criterio urbanístico predominante”.
En toda América Latina “se trabaja en los primeros borradores de una política que mejore la oferta de suelo urbanizado para sectores de menores ingresos… Y que tenga gran capacidad de reestructurar áreas abandonadas de la ciudad”. Como se ve, este enfoque es eminentemente social, de ahí a que sus críticos estén faltos de información, precisó el legislador.
“¿Qué es la plusvalía o Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana?”, dice textualmente el documento, pero esta misma semana será modificado para decir “contribución” en lugar de impuesto, y ejemplifica con el caso español: un terreno que vale 90 mil pesos y al venderse alcanza 150 mil, hay 60 mil de diferencia que se llaman “plusvalía”, regulada en la Ley 39/1988 de Hacienda local ibérica.
Por otro lado, la ley colombiana 388 de 1997 los llama “instrumentos de reforma urbana”, que impide que la plusvalía sólo beneficie a los propietarios y da equidad a cargas y beneficios.
En Córdoba, Argentina, se debate si tierra y agua son derechos elementales y no sólo mercancías; “no se trata de mercancías sino de bienes sociales y, por lo tanto, derechos de todas las personas” se decretó en la Reunión Taller Tierra y Agua, del 10-11 de noviembre de 2005, en que participaron ONG, investigadores y gobiernos.
Uno de los datos duros de aquella reunión fue que la especulación con la tierra, “provocó que los agentes inmobiliarios retengan grandes cantidades de tierra, que se convierten en beneficio propio”.
La Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular de Colombia postuló: “en toda Latinoamérica, los sectores con mayores recursos tienen muchas veces acceso privilegiado a las informaciones donde el Estado va a invertir en infraestructura, por ello adquieren terrenos a precios bajos y los retienen hasta que las mejoras elevan el precio. Luego construyen o venden a precio de mercado, incluso al mismo Estado, quedándose con las ganancias que generó el accionar público, con el resultado de que esto es un negocio redondo”.
Así ocurrió en Aguascalientes con ex funcionarios de Luis Armando Reynoso Femat y poderosos empresarios, aun de los medios de comunicación, lo cual fue confirmado al reportero por el Gobierno del Estado.
Foto: Roberto Guerra.
