En los últimos días se ha puesto a prueba la capacidad de asombro de la ciudadanía Mexicana. No hace mucho se dejó en libertad a un grupo de Generales y oficiales de alto rango del Ejército Mexicano, los cuales habían sido detenidos acusados de tener nexos con el narcotráfico. La misma Procuraduría General de la República aceptó que no había elementos para tenerlos en la cárcel.
Después se nos dijo que un asesino confeso en Veracruz, del asesinato de una periodista, fue liberado por falta de elementos. Un hermano de la víctima ha declarado que él estuvo presente cuando el asesino confesó el crimen y dio datos de cómo lo realizó, coincidiendo todo esto con la realidad de los hechos.
Posteriormente los mexicanos nos amanecimos con la noticia de que el juez federal Carlos López Cruz había absuelto de enriquecimiento ilícito por 224 millones de pesos a Raúl Salinas, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, porque la PGR no demostró que su enriquecimiento provenía del ejercicio corrupto de sus cargos públicos, sin embargo, el juez olvidó que específicamente en este delito el Código Penal Federal pone la carga de la prueba del aumento en su patrimonio del lado del inculpado. Con esto le regresaron el dinero incautado así como las propiedades producto de desviaciones del presupuesto federal y de corruptelas tales como cobro de comisiones en la obra pública o extorsiones; a Raúl se le encontraron pasaportes falsos y otros delitos y ahora es exonerado así como si nada.
Así también son pan de cada día las denuncias, a todo lo ancho del territorio nacional, de que los detenidos son realmente “levantados” sin orden de presentación o detención, y torturados para que firmen declaraciones en las cuales desconocen el contenido de la misma. Desafortunadamente nuestra entidad no es una excepción.
Y el viernes pasado nos enteramos que Rafael Caro Quintero, acusado de narcotráfico y que fue detenido el 4 de abril de 1985 en Costa Rica y que durante meses -y años- fue la noticia principal en todos los medios de comunicación, había sido dejado en libertad después de 28 años de estar en prisión. Caro logró su libertad supuestamente porque fue indebidamente enjuiciado por autoridades federales, cuando los delitos de los que se le acusó son del orden del fuero común, a ello se agrega que el agente de la DEA Enrique Camarena nunca estuvo acreditado ni como agente de los Norteamericanos ni como diplomático; por lo tanto debería ser juzgado como por el homicidio también del piloto Alfredo Zavala Avelar, como homicidio del fuero común. Y hasta después de 28 años se descubre esta situación.
Esto y muchos otros casos más nos llevan a hacer una reflexión de qué se va a hacer con los funcionarios que dolosamente acusan o fabrican falsedades cambiando la vida de muchos acusados injustamente, o cómo en otros casos acusan de manera arbitraria, violando el debido proceso y los derechos humanos, permitiendo que un buen abogado eche abajo una acusación aún 10, 20 o 30 años después de haber tenido en una cárcel al acusado, acabándole la vida de él y la de su familia.
¿Qué es lo que procede en cuanto a responsabilidades de estos funcionarios públicos ineficientes o corruptos que permitieron esta serie de barbaridades? Funcionarios judiciales que se la pasan en los medios de comunicación amenazando que van a hacer tal o cual consignación contra determinado ciudadano, muchas veces más con la finalidad de causar pánico que la de administrar o procurar justicia.
Pregunto otra vez, ¿qué se les va a hacer a estos funcionarios?, ¿qué tipo de castigo prevé la ley y la ética para que el pueblo confíe en las instituciones encargadas de hacer valer las leyes? No hemos sido informados de un solo funcionario que haya sido enjuiciado por los delitos de corrupción, ineficiencia, complicidad, o lo peor, recomendados sin ningún conocimiento de su responsabilidad.
Estimado lector, un país que anhela a ser un país competitivo, justo, moderno y con una sociedad preparada y pacífica dedicada al trabajo, no puede alcanzar sus metas si se la pasa viendo cómo defenderse de acusaciones sin sustento.
No lo permitamos.
