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Plusvalía de terrenos generada por obras públicas debe financiar en parte al desarrollo urbano para contrarrestar especulación inmobiliaria: López Velarde
Oscar López Velarde Vega, secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, señaló que la conservación, el mejoramiento y el crecimiento de las ciudades, requiere de nuevos y más eficientes sistemas de financiamiento, que permitan que la inversión pública se complemente con la privada y la social en infraestructura y equipamiento urbano.
Mencionó que la plusvalía de los terrenos, generada por las obras públicas, debe financiar en parte al desarrollo urbano, ya que es inequitativo que los propietarios tengan grandes beneficios con infraestructura y equipamiento urbano edificado con recursos públicos; lo que permitirá contrarrestar la especulación inmobiliaria.
Urge además modernizar y vincular el Catastro y el Registro Público de la Propiedad, para incrementar la recaudación fiscal que permita al estado y a los municipios financiar obras públicas; así como, agilizar los trámites para asegurar la certeza jurídica en las operaciones inmobiliarias.
Estando presente Baudelio Esparza Reyes, alcalde de Asientos, Carmen Teresa Ramírez Andrade, subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, recomendó que con el nuevo Código Urbano se ajuste también la legislación fiscal del estado y sus municipios para adecuar, homologar y fortalecer los mecanismos de financiamiento del desarrollo urbano.
Gregorio Zamarripa Delgado, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, manifestó que es imprescindible abocarse a la búsqueda de instrumentos financieros posibles, justos y adecuados, reduciendo al mínimo posible el efecto sobre el poder adquisitivo de las mayorías, que se traduzcan en mayor disponibilidad de recursos para los ayuntamientos.
Por su parte, Francisco Sánchez de Lira, delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), recalcó que los Proyectos para las Prestaciones de Servicios (PPS) son un modelo que tiene como objetivo alentar la participación del sector privado en infraestructura en México; por lo que propuso utilizar la planeación estratégica para la integración de servicios, la estandarización de procesos, aprovechar las economías de escala, minimizar los costos de licitación y operación en beneficio de ambas partes y, en particular, de la ciudadanía.
Marco Antonio Díaz Díaz, de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, consideró necesario incluir el Impuesto sobre Incremento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad al nuevo Código Urbano, con el fin de recuperar parte de la inversión que realiza el sector público.
José de Jesús Orenday Carrillo, presidente del Colegio de Valuadores de Aguascalientes, propuso se actualice el valor comercial y catastral de los inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia de las obras públicas, para una vez actualizados los valores, las autoridades correspondientes establezcan el monto de los impuestos de cada uno de ellos.
Mario A. Guevara Palomino, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, sostuvo que el Poder Legislativo mantendrá su trabajo con el Poder Ejecutivo a efecto de propiciar un marco legal acorde a las necesidades de todos los aguascalentenses.
