Una de las propuestas que se está considerando para la reforma política y electoral que planea realizar el Congreso de la Unión, es la creación del Instituto Nacional Electoral, INE; al mismo tiempo, de manera consecuente, desaparecerían el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales de los estados de la república. El motivo principal que han aducido los actores partidistas que impulsan esta iniciativa es, que en los estados todavía no se vive con eficiencia la autonomía de poderes, incidiendo, particularmente, en la autonomía de los congresos estatales para nombrar a los consejeros y a los magistrados electorales.
El punto base de la autonomía de los congresos estatales es que muchos gobernadores de los estados, mantienen todavía una relación de predominio y subordinación hacia los diputados, especialmente, sobre los de su propio partido político. En este punto, la referencia son los hechos que observamos -que muestran tal subordinación-, y no los discursos políticos de esos gobernadores, que, por supuesto, hablan de respeto a la autonomía de poderes, pero no la practican. El efecto es que tales gobernadores, prácticamente, manejan la designación de los consejeros electorales y de su presidente, a través de sus bancadas, resultando que los miembros de los consejos, en estos casos, han mostrado una clara lealtad hacia el gobernador, de quien recibieron el apoyo y a quien tienen agradecimiento.
Una vez que el Pacto por México ha dado a conocer que la creación del INE tiene viabilidad, y que está siendo una propuesta acordada por los partidos políticos participantes y por el Gobierno de la República, se han generado diversas reacciones; de modo natural, las posiciones se han alineado a favor y en contra de la propuesta.
Los políticos que impulsan la creación del INE, consideran que está dentro del marco del federalismo establecido en la Constitución Política de México; por el contrario, quienes rechazan la propuesta, lo hacen argumentando la afectación del federalismo, y, citan su artículo 40. De ahí que es útil considerar dicho artículo para tener una mejor dimensión del asunto.
El artículo 40 está contenido en el Título Segundo, en su capítulo I, De la soberanía nacional y de la forma de gobierno: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Una pregunta que surge en la lectura del artículo es, ¿cuánto cabe en la redacción del artículo 40? El primer acercamiento a la respuesta es, que cabe, prácticamente, lo que queramos que esté en el concepto de federalismo, y lo que los legisladores logren acordar. ¿Por qué verlo con esta perspectiva? Porque, finalmente, es la propia constitución la que establece a los estados los términos en que podrán legislar en los campos del “régimen interior”, como son el gobierno y las elecciones, es decir, es la constitución la que determina el contenido de lo que entenderemos por federalismo, ya que estamos “en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
De ahí que la siguiente pregunta que podemos hacernos en la reflexión es, ¿a cuál federalismo se refieren, de manera especial, quienes se oponen a la creación del INE? En este punto podemos hacer una larga lista de asuntos estatales que están regidos desde el ámbito federal, a los que, regularmente, no les oponemos cuestionamientos.
Por mencionar algunos, podemos decir que la recaudación fiscal que se hace en los estados tiene un contenido superior para la federación, que, después viene de regreso a los gastos estatales, que son conformados en más del 95 por ciento por los recursos que provienen de la federación; la normatividad con que trabajan los estados muchos de los programas de gobierno (como son la educación, la salud, la vivienda, la seguridad pública, entre otros más), está establecida por la federación.
El artículo 73 de la constitución señala que “El Congreso tiene facultad (para):…” Luego vienen XXX incisos en los que va detallando todos los asuntos que regula y que, evidentemente, muchos de ellos, afectan el “régimen interior” de los estados y de los municipios; aquí podríamos hacer otra lista de asuntos, entre los que, sencillamente, pueden mencionarse el agua y sus cauces, la salubridad, las vías y los medios de comunicación, la moneda y su circulación, la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos, los asentamientos humanos, secuestro y trata de personas, protección civil, el establecimiento del servicio profesional docente, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal, el establecimiento de la inversión extranjera, etcétera.
El inciso XXX cierra el artículo 73 de esta manera: “Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión”. Para finalizar el marco de referencia, cito el Artículo 116 de la Constitución, en su fracción IV sobre que “Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que…, d: Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales”.
Significa, entonces, que el contenido del concepto federalismo está claramente determinado por los legisladores; motivo por el que es importante, por un lado, reflexionar con cuidado lo que, efectivamente, estamos viviendo en el nivel estatal, en el que, muchos estados tienen gobernadores feudales, con un fuerte control sobre los medios locales de comunicación, que impiden el cuestionamiento a sus formas de hacer gobierno. Y, por el otro, revisar si algunos gobernantes muestran una cara de federalismo ante algunos asuntos, y, en otros, muestran otras caras. Como ciudadanos, tendremos que conocer los distintos planteamientos sobre el federalismo, para poder tener una idea útil sobre la posible creación del Instituto Nacional Electoral.
