En la Alianza para la Rendición de Cuentas (ARCU) hemos sostenido que la transparencia en la información pública no resulta ser un sinónimo de honestidad. Se ha dicho hasta el cansancio que los cínicos han ganado la batalla en el ejercicio de la función pública, y que se puede ser tan deshonesto como transparente en la rendición de cuentas. En todo caso, la transparencia no es sinónimo de cuentas claras, sino de dudas razonadas. Los miembros de ARCU han planteado una duda razonada con respecto al modelo de rendición de cuentas de los gobiernos constituidos.
La formulación de la Cuenta Pública como especialidad de contadores públicos, se distingue por el uso de complejas formas aritméticas para hacer “cuadrar” los ingresos con los egresos; en otras palabras, los profesionistas contables han desarrollado un rebuscado sistema para informar del estado que guardan las finanzas públicas, y para intentar explicar, con dudosa transparencia, que todo lo que entró, salió.
Un “chistorete” muy conocido entre presidentes municipales, narra la propuesta que, entre socarronas carcajadas, le hace un contador público al Alcalde en turno para “ayudarle” a justificar el gasto excesivo en la obra pública. Aquél eficiente Contador Público le recomienda al primer edil que en sus informe de gobierno subraye que el pavimento que cubre la nueva carretera consta de diez kilómetros de longitud: cinco de ida y cinco de regreso, ¡por supuesto! La alquimia ha sido tarea de muchos contadores públicos, que gustan de encontrarle la cuadratura al círculo. ¡Para eso se les contrata!, y por supuesto que sus honorarios se pagan en partida doble: como funcionarios y como profesionales en sus despachos.
Lo anterior viene a cuento debido a la justificación que en materia de transparencia y rendición de cuentas resulta insuficiente para los nobles fines que persigue el nuevo Gobierno Municipal de Aguascalientes. El argumento que Juan Antonio Martín del Campo (JAMC), utiliza para razonar los motivos que lo orillaron a designar a la contadora Josefina Zermeño Díaz (JZD), en calidad de Contralora Municipal, no parecen corresponder a los objetivos de su gobierno. Me explico.
Al justificar la designación de JZD, la nueva Contralora Municipal, a propuesta por el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, el Alcalde JAMC señala que: “con el antecedente de que la Contraloría Municipal estaba en manos de una persona que, quizás porque el cargo se lo debía al Presidente Municipal en turno, o a su Partido, se ejercían así muchas de las veces complicidades, he decidido hacer, que sea la sociedad civil organizada, y no alguien que pertenezca a un Partido Político, la que cuide que mi gobierno sea absolutamente respetuoso de la Ley, y totalmente transparente en su desempeño”.
El razonamiento de JAMC, de entrada es loable y significa un buen avance en sus propósitos para erradicar las posibles anomalías administrativas que podrían prevalecer en su gobierno; sin embargo parece insuficiente. Suponiendo sin conceder, que la contadora JZD, efectivamente carezca de interés por la política partidista, o que su honestidad profesional haya superado toda clase de pruebas ante los actos de cohecho y el soborno, resulta las funciones propias de la Contraloría Municipal difícilmente son el espacio ideal para la acción de la “sociedad civil organizada”. ¿Ahora quién observará lo que bien ocultan los contadores públicos? He aquí el dilema.
Las actuales contralorías internas las presiden los contadores públicos, ese es su ámbito de acción junto a las tesorerías municipales, y siempre han cohabitado en la sospecha y han sido acusados de formar parte de la corrupción administrativa. El propio Alcalde JAMC, lo deja ver en su discurso de toma de protesta, pues efectivamente en muchos casos su funcionamiento se equipara a la prevaricación; frecuentemente han sido omisas en su acción y han ocultado los vicios de la administración. Además, omiten observar el incumplimiento de los objetivos del gasto público pues las contralorías internas han hecho de la auditoría financiera su principal función, cuando no la única.
Una acción que me parece indispensable para alcanzar el propósito planteado por JAMC, consiste mayormente en la simplificación administrativa. No debe olvidar ni pasar por alto que el complejo Código Municipal vigente obliga a las dependencias a generar un exceso de trámites a los ciudadanos. El exceso de trámites representa la gran oportunidad para que los servidores públicos abusen de los contribuyentes. Los excesivos requisitos para establecer un negocio estimulan la economía informal. El “coyotaje” que se realiza en las propias puertas del palacio municipal no escapará a los miércoles ciudadanos. Requisitos engorrosos e ilógicos sólo alimentan a la corrupción.
Otra acción pública indispensable para garantizar la efectiva rendición de cuentas, consiste en promover la participación de una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil en la evaluación de los programas de gobierno y que verifiquen el cumplimiento de los objetivos del gasto público y estimulen la denuncia ciudadana, de hechos probablemente constitutivos de un delito.
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA); el Órgano Superior de Fiscalización (OSA) del Congreso del Estado; y las contralorías internas municipales, han probado ser son insuficientes para combatir a la corrupción. La impunidad sigue siendo la divisa en sus resoluciones administrativas pues en su gran mayoría resultan improcedentes. Mucho se ha denunciado la impunidad dentro del propio OSF, que se ha constituido en un complejo aparato burocrático útil sólo para desacreditar a los adversarios políticos en turno.
La efectiva rendición de cuentas es asunto de honestidad, de principios y valores que deben prevalecer en el servicio público. Las cuentas claras equivalen a la aplicación correcta en el gasto público, y esto representa una demanda social que no se agota al reportar o explicar las acciones sobre una hoja de cálculo para hacer cuadrar un círculo.
El modelo actual de transparencia, por sí mismo, no es suficiente para erradicar las malas prácticas de gobierno que originan los actos de corrupción. Hay que explorar nuevas alternativas, señor Presidente.
En arca abierta, dice el refrán, hasta el más justo peca.
