Para nadie es secreto que la crisis actual del campo mexicano es consecuencia de un largo cúmulo de problemas.
El Partido Acción Nacional, desde 1939, apuntó en sus Principios de Doctrina -aprobados por la Asamblea Constituyente realizada el 15 y 16 de septiembre de ese año- que “el más grave, quizá, de los problemas nacionales, es el del campo; y no será resuelto, antes se verá constantemente agravado por los métodos simulados y de mero interés político que hasta ahora se han empleado a su respecto”.
Ya desde entonces se planteaba la necesidad de redefinir toda la estructura productiva de este sector, aquejado por arraigadas prácticas de clientelismo electoral y de control político, que difícilmente se podrían erradicar en dos años, como los que lleva de gestión el actual Gobierno Federal.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), sobre todo del capítulo referente a la liberalización del sector agropecuario a partir del primero de enero de 2003, las organizaciones campesinas ligadas desde su fundación al PRI -dato que no hay que obviar para entender la problemática actual- comenzaron a realizar manifestaciones y a proclamar el inicio de una etapa de “caos” para México.
Acciones como la creación de una financiera rural en sustitución de Banrural, la reorientación de los programas que reemplazan a PROCAMPO -bandera política de gobiernos priístas-, así como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), son sólo parte de una posible solución.
El medio rural constituye un problema primordial de nuestra economía, pero sobre todo, un problema de elevación humana. Efraín González Luna ofrecía en 1946 una certera propuesta, hoy materializada en las acciones del Gobierno del Cambio: “Es urgente abrir a la producción y al trabajo las extensiones enormes y las inmensas posibilidades de riqueza que el campo mexicano ofrece y que están abandonadas”.
“En segundo lugar, postulamos la formación de organismos de crédito que hagan posible la dotación instrumental indispensable para que el campesino pueda fecundar la tierra y para que la riqueza nacional realmente sea, si no sobreabundante, al menos suficiente”.
“Aunque ideológicamente debería mencionar esto en primer término, proclamamos la organización de una clase de pequeños propietarios rurales, cimentada sobre la calidad humana del campesino y sobre la entrega a él no solo de tierra que sea realmente suya sino de todas aquellas garantías jurídicas y prácticas, así como de todos los recursos técnicos y económicos indispensables para un trabajo fecundo para la existencia vigorosa de la pequeña propiedad rural, para que el hombre, como hombre, no como pieza intercambiable de una máquina gigantesca, sea realmente libre y feliz”.
Si bien la crisis del campo en nuestro país es estructural, buena parte de los agravantes del conflicto que actualmente presenciamos son relacionados con la apertura comercial derivada del TLC.
Fue en 1990 cuando se elaboraron premisas básicas para concretar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá; básicamente, se apuntó en el sentido de negociar sobre bases como las que se especifican: Que los acuerdos comerciales de México deben siempre elevar el bienestar de la población, reconocer la naturaleza tan diferente de los cuatro bloques básicos del comercio mundial y ser graduales en su instrumentación.
El acuerdo básico fue ratificado por los congresos de los tres países, pero se debe tener en cuenta que en las conversaciones participaron únicamente los sectores vinculados con la exportación, dejando a un lado a la mayor parte de la representación agrícola nacional.
Sólo para comparar la situación anterior con la actual, cabe recordar que, en el mundo, la actividad agropecuaria generalmente está sujeta a regulaciones y subsidios gubernamentales que influencian el comercio internacional -por ejemplo, vendiendo por debajo del costo o generando competencia desleal-, pero en nuestra nación los subsidios al campo se eliminaron desde la década de los ochenta, manteniendo algunas restricciones a la importación.
Al momento de la negociación del TLC, el diagnóstico del campo mexicano presentaba las siguientes cifras: El desempleo y el subempleo afectaban a casi 40% de la población rural. En 30 años, nueve millones de campesinos abandonaron la agricultura, migrando a las ciudades o a Estados Unidos. En la década de los ochenta, la producción de alimentos disminuyó más del 25%, y para 1990 se importaron alrededor de 10 millones de toneladas de granos básicos, con valor de 3 mil millones de dólares. Los precios agrícolas estaban muy por debajo de sus costos de producción, y la mitad de los 28 mil ejidos del país se encontraban sin crédito ni asistencia técnica.
En contraste, Estados Unidos pasaba por lo que se denominó la “revolución químico-mecánica”, la cual fue el sostén de la eficiencia agrícola, representada por la producción de semillas mejoradas, el uso generalizado de fertilizantes, insecticidas y herbicidas, y la utilización masiva de maquinaria.
El campo sin duda, sigue siendo uno de los problemas más graves del país y no dejará de serlo en tanto no se redefina toda la estructura productiva de este sector y deje de tratarse a los campesinos con políticas clientelares.
Los mejores deseos en 2015 para cada uno de los oyentes de este canto semanal, y agradecimiento infinito a La Jornada Aguascalientes por permitirme ser parte de su historia.
Hasta la próxima semana, ¡Feliz Año Nuevo!
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