God, Thy will is hard but You hold every card.
I will drink Your cup of poison,
nail me to Your cross and break me,
bleed me, beat me, kill me, take me now…
Before I change my mind.
“Gethsemane” – Jesus Christ Superstar
La semana pasada, luego de una maratónica sesión y de días de suspenso, se dio la resolución emitida por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de la impugnación de la elección a gobernador de Aguascalientes, con la que se ratificó el triunfo electoral de Martín Orozco Sandoval. En el cúmulo de argumentos que se esgrimieron -previos a la votación de la resolución- se notó la altura de nuestro Poder Judicial, muy por encima de lo que nos han ofrecido los legislativos y ejecutivos. En estas alocuciones, se decidió por mayoría no anular la elección a gobernador en nuestra entidad, sin embargo sí se apremió a que tanto la Segob como la Fepade iniciaran procedimientos de sanción en contra de los probados actos de intromisión que la Iglesia católica tuvo para influenciar el voto en el proceso electoral a fin de orientar la elección hacia favorecer al partido que -según esta Iglesia considera- tiene una plataforma electoral que “defiende a la familia”, pero que en la realidad mostró el fortalecimiento de una de las facetas más retrógradas de la ultraderecha nacional.
Recordemos que esta intromisión de la Iglesia se dio en el marco en el que la Presidencia de la República (emanada del PRI, y en concordancia con la SCJN) impulsó la reforma al artículo 4° de la CPEUM para la legalización del matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ante lo cual diversos grupos de reacción (auspiciados por la Iglesia católica y demás células de ultraderecha, incluso partidistas) trabajaron para boicotear electoralmente al partido del Ejecutivo en los estados que tuvieron elección este año, Aguascalientes incluido. Los actos de intromisión por parte de la Iglesia fueron varios, y constan en el expediente judicial de la impugnación, pero se pueden resumir en los casos de sacerdotes que en homilía quisieron orientar el voto, o las “cartas pastorales” que se emitieron desde el obispado para el mismo fin, o la propaganda impresa que se desplegó en los templos católicos, o el volanteo que desde los grupos pastorales se hizo en el mismo sentido. Todo ocurrido bajo el ojo censor de un oscuro personaje que con igual semblante siembra odio y exclusión contra la comunidad LGBTTTI, como también se placea con la élite política y económica de la entidad, a quienes dicta “recomendaciones” sobre su actuar público; personaje que se ha hecho acreedor a extrañamientos por sus declaraciones mediáticas en las que menoscaba la universalización de los derechos humanos. Este personaje, José María de la Torre Martín, obispo de la diócesis de Aguascalientes, deberá enfrentar un proceso de sanción dictado por el TEPJF para ser cumplido por Segob y la Fepade, por su violación a la laicidad del Estado e incumplimiento a los lineamientos en materia electoral y de Asociaciones Religiosas a los que la ley les ciñe.
Pero ¿por qué es importante que exista una efectiva sanción a las acciones de intromisión impulsadas por este personaje? Hay dos razones fundamentales, una de carácter de deontología jurídica, y otra de carácter pragmático político. Sobre la primera, no hay mucho qué agregar: vivimos en una república democrática, laica y ciudadana, un Estado cuyo poder se ejerce de manera tripartita, y que debe garantizar la equidad y la libertad civil en el ejercicio del poder; por ello es inadmisible un gobierno, una legislatura, una magistratura, de carácter confesional. El Estado debe privilegiar la separación de los conceptos Pecado y Delito, y debe trabajar para la manutención material de sus componentes, no para la salvaguarda “espiritual” de éstos. Vamos, que vivimos en una República, no en una teocracia. Vivimos en un Estado en el que el único imperio válido y deseable es el Imperio de la Ley, y en arreglo republicano, nuestra ley nos defiende de confundir evangelización, apostolado, y pastoreo, con administración, legislación y procuración de justicia, independientemente de que la población sea todavía (aunque cada vez menos) declaradamente católica. Por ello, es deber ético de los vigilantes de la ley el sancionar las acciones turbias de este personaje de marras.
Respecto a la segunda razón -menos importante que la primera, pero también meritoria- podemos decir que esta sanción afirmará un sano y necesario precedente para las elecciones sucesivas, a fin de limitar en el marco de lo legal la acción de las iglesias en temas electorales, en los que -por obvia naturaleza- están fuera del margen de la participación activa, pública, y de orientación masiva del voto. De no hacerlo así, y gracias a la ignorancia que cunde en amplios sectores de la población electoral, corremos el riesgo de que no haya límites para la intromisión de las iglesias y que lleguemos al caso de que un titular de la Presidencia de la República, o una mayoría legislativa, sean puestos en sus cargos por los hombres con sotana, para impulsar una agenda decididamente retrasada, cupular, eclesial, teocrática, en todo su pernicioso sentido. Y eso es inadmisible.
Por lo anterior, una sanción ejemplar de parte de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en contra de José María de la Torre Martín es, por lo menos, indispensable.
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A pesar de que la línea editorial de La Jornada Aguascalientes se ha mantenido lejana al amarillismo de la nota roja, es menester destacar esto. El pasado miércoles en el fraccionamiento Del Valle, Segunda Sección, se llevó a cabo un operativo para detener a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. El suceso no es para nada menor y vale destacarlo en previsión de que en nuestra entidad cunda la descomposición social producto del crimen organizado. Pero ¿por qué esta nota policiaca habría de ser importante? Recordemos que Aguascalientes pertenecía hasta 2015 al territorio de influencia de los cárteles La Oficina-Beltrán Leyva. Así lo consigna la PGR, en el oficio SJAI/DGAJ/004803/2015, igual que lo hace la DEA en los mapeos del narcotráfico en México. Sin embargo, en un año, el CJNG logró montar al menos una locación base en Aguascalientes, de la que se consignaron vehículos, armamento pesado y 6 operadores detenidos. En el operativo participaron agentes federales de la PGR, agentes ministeriales, efectivos del Ejército mexicano, y policías preventivos. Los medios de comunicación no dan cuenta de si hubo participación de la Policía estatal, ni abundan en otros detalles, ya que los pormenores del evento se han mantenido herméticos. Solo para tener en cuenta, este grupo delictivo posee el poder de fuego y el entrenamiento necesarios como para haber derribado, el 1 de mayo pasado, un helicóptero del Ejército durante un enfrentamiento en Jalisco. Este es un llamado de atención, solamente.
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