La normalidad política que establece la administración pública de los gobiernos -o que debería establecer-, es la solución de problemas de la vida de la sociedad. Es natural que cuando la administración pública cumple con sus funciones y objetivos, los ciudadanos reciben una atención eficiente y eficaz, ya que los servidores públicos cumplen con sus responsabilidades.
Sin embargo, cuando los problemas de la sociedad no sólo no disminuyen sino se multiplican, y descubrimos, además, que muchos de esos problemas se habrían podido evitar si las dependencias responsables hubieran hecho, exactamente, lo que les correspondía hacer, entonces, estamos en una situación altamente delicada. Significa que, por un lado, la razón de ser de la existencia de determinadas oficinas de gobierno, no se está cumpliendo, y, por el otro, el beneficio que debían generar para la sociedad con esas acciones administrativas, al no resolver los problemas, están llevando no únicamente al vacío y la omisión en el campo correspondiente, sino también, o que los ciudadanos suplan dichas acciones por su cuenta, o que, de plano, surja una situación caótica o un estado paralelo que ponga orden (como la delincuencia organizada).
En México estamos viviendo esta situación. Desde luego que en los espacios territoriales donde observamos la circunstancia, las autoridades concurrentes, federales, estatales y municipales, difícilmente aceptarán que su administración pública esté “fallando”, a pesar de que los hechos sucedidos así lo estén “acreditando”. El punto clave demostrativo seguirá siendo la existencia o la permanencia de los problemas que se vuelven añejos; estamos, por lo tanto, ante una situación de conformismo del gobierno ante la mediocridad de su administración pública.
Llegamos a una pregunta necesaria: ¿cuáles pueden ser los criterios que ayudan a distinguir a una administración pública mediocre, de otra que no lo es? Consideremos algunos, tomando el punto que nos va a poner en claro tal situación, como son directamente los hechos que van más allá de las meras palabras o discursos: cumplimiento de ofrecimientos o compromisos hechos a la sociedad; escucha de las demandas ciudadanas y respuestas sin simulación o engaño; resolución de problemas sin dilación; llevar a cabo las acciones de manera completa, y no dejarlas “a medias”; y atender la crítica con efectividad, evitando la indiferencia o la indolencia.
Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas del conformismo de gobernantes? Tomo una que, considero, tiene efectos varios: la sustitución de la conservación del Estado-Nación por la conservación del poder político. El primer objetivo de la política y el gobierno es, precisamente, la conservación del Estado-Nación, que incluye el bienestar de su población, la economía sana, la vigencia del estado de derecho, y el buen cuidado de su territorio y su riqueza.
Cuando lo que importa al gobernante es la conservación del poder político, su principal ocupación y preocupación se dirige a protegerse a sí mismo -incluido su partido político-, para evitar que sea otro, distinto a su grupo, quien ocupe la sede del gobierno. Para estos políticos, ¿qué implica ocupar la sede de gobierno? La primera respuesta es tener y disfrutar de altos ingresos -dinero fácil y abundante-, usar los beneficios de los puestos públicos (instalaciones, vehículos, viajes-hoteles-restaurantes, espacio social exclusivo, poder de decisiones, entre otros), manejar el dinero de la sociedad y no el propio, etcétera. En este punto encontramos también el motivo del porqué son tan buscados los puestos de elección popular o de gobierno, o se vuelve tan ‘doloroso’ el tener que dejarlos.
En ocasiones parece ser difícil buscar tales puestos sólo por el motivo de servir a la sociedad; es no tener que usarla para encubrir los motivos que no serían dignos de presentarse ante los ciudadanos.
Demos un paso más en la reflexión: ¿cuáles son los hechos que indican la existencia de la mediocridad en la administración pública, y que llegan a ser el motivo del conformismo de los gobernantes? Tengamos en cuenta que el conformismo se vuelve, en este contexto, necesario, ya que, de lo contrario, lo primero que se resolvería con la eficiencia y la efectividad administrativas, sería el tener como primer motivo el beneficio de la sociedad y no el propio, resolviendo con ello el tomar el gobierno como botín.
Algunos de los hechos actuales en los que observamos la mediocridad del gobierno, son: el retraso prolongado del nombramiento del fiscal anticorrupción; la continua existencia de miles de millones de pesos sin comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación; el constante e injustificado incremento del endeudamiento público de los gobiernos; el temor de los políticos para hacer pública su declaración patrimonial y el hallazgo de propiedades no declaradas; el retraso en la ejecución de la obra pública con el consecuente incremento de costos; la localización de cráneos en fosas clandestinas y su lenta identificación; las fugas de internos de centros de reclusión, las extorsiones telefónicas, el incremento de homicidios dolosos y de secuestros; el asesinato de periodistas y la deficiente protección a la libertad de expresión; el imparable robo y venta de combustibles; la utilización de bienes públicos para el apoyo de campañas electorales; la impunidad continuada de gobernantes acusados de corrupción, etcétera.
Es necesario tomar otra perspectiva que también es peligrosa: la mediocridad y el conformismo de la administración pública puede tener como contraparte a la sociedad. Esto sucede cuando, por cansancio, impotencia, o habilidad mañosa en la propaganda gubernamental, los ciudadanos nos acostumbramos al “dejar hacer, dejar pasar” de los gobiernos.
La movilización de los ciudadanos debe llevar a los aspirantes a puestos de elección popular, a romper la vinculación entre disfrute de beneficios y conformismo, superando la mediocridad de la administración pública. Los dirigentes de los partidos políticos tienen la responsabilidad de ir más allá de las palabras y discursos en el ofrecimiento de compromisos, para seleccionar a los candidatos que busquen los puestos como servicio a la sociedad, para la conservación del Estado-Nación, y no para provecho propio.
