El periodo de transición entre la administración saliente y el nuevo gobierno está resultando estratégico para las fuerzas políticas del país, ya que se busca aprovechar esta etapa de casi cinco meses para poner temas en la agenda pública y legitimar una posición de poder.
En este sentido, la transparencia es la apuesta política tanto para el Presidente electo como para el saliente. Ambos presentaron iniciativas que buscan consolidar una política de transparencia nacional, que apoye el sistema de rendición de cuentas y el combate a la corrupción. La estrategia no es equivocada. Es un camino venturoso abrir la deliberación pública, a partir de la transparencia, para discutir los problemas de opacidad, prácticas indebidas y deshonestas en la gestión pública, así como la falta de efectividad.
Aunque el primer balance de estas iniciativas plantea un saldo a favor, vale la pena hacer explícitas sus novedades, limitaciones y retos.
La iniciativa preferente presentada por Felipe Calderón al Senado propone modificaciones y adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con ello, los objetivos que se persiguen son, por un lado, armonizar la información de los recursos financieros (ingresos y gasto público) en todos los órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal–, para presentarla de forma clara, sencilla y accesible a cualquier ciudadano. Por otro, imponer sanciones a los funcionarios públicos que incumplan con estas nuevas obligaciones.
De acuerdo con lo anterior, los cambios propuestos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental adicionan todo un apartado de transparencia y difusión de información financiera del ciclo hacendario completo, y reforman el apartado de sanciones. La lógica de esta iniciativa es que la información que se generará y publicará por los tres órdenes de gobierno permitirá hacer comparable los datos de la hacienda pública en todos sus niveles, fortalecerá la transparencia y reducirá la opacidad y los espacios de corrupción que aún privan en el manejo de los recursos públicos.
Sin embargo, hay que mencionar que la iniciativa tiene poco de nuevo. Las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas refieren aspectos que con anterioridad han sido incluidos en distintos ordenamientos. Es el caso de las obligaciones de transparencia de los recursos de educación, salud e infraestructura que ejercen las entidades federativas y municipios por la vía de transferencias condicionadas (Ramo 33), las cuales fueron incluidas, por lo menos, en los últimos cuatro Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF).
El hecho de que estas obligaciones de transparencia estuvieran únicamente inscritas en el PEF implicaba que su vigencia no trascendiera el año fiscal. Nada garantizaba que año con año fueran incluidas en el siguiente Presupuesto de Egresos, porque la Cámara de Diputados es la última instancia que aprueba el presupuesto y su inclusión dependía de la voluntad legislativa. Al incluir los preceptos de transparencia en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se estaría dando mayor certidumbre y permanencia a estas obligaciones.
Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Coordinación Fiscal ya incluyen las obligaciones de generar informes periódicos de las finanzas públicas locales desde 2007. Por lo tanto, las entidades federativas y el gobierno federal ya realizan estas prácticas de generación de información y su publicación, aunque con resultados no homogéneos. Lo nuevo de la propuesta de legislación es la incorporación de mecanismos de sanción para generar incentivos que propicien el cumplimiento de estas obligaciones.
Por lo que toca a la iniciativa del Presidente electo, la propuesta es de mayores dimensiones. De aprobarse ésta, se otorgaría autonomía constitucional al IFAI (actualmente pertenece al sector presupuestal de la SHCP). Además tendría jurisdicción en materia de transparencia de lo que sucede en los gobiernos locales y del conjunto de entes públicos, exentando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa considera también modernizar la estructura técnica organizacional del IFAI incrementando el número de comisionados de cinco a siete. Aunque la propuesta representa un avance en la consolidación de la transparencia como una política de Estado, el mecanismo de selección de los comisionados del Instituto es limitado. Ya que el Ejecutivo Federal mantendría la facultad de designar dichos puestos.
Por último, no queda duda que garantizar el acceso a la información pública y la transparencia son factores clave para fortalecer el sistema de rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Sin embargo, como reza la famosa frase de los economistas: “es condición necesaria pero no suficiente”. La máxima publicidad de la información requiere también de la activación de vigilantes y espacios de control internos y externos de la gestión pública, que evalúen la información gubernamental y que limiten la comisión de actos corruptos. De otra manera, el resultado esperado serán instituciones con atribuciones de alcances inciertos y un cúmulo de datos y cifras financieras.
Eréndira Avendaño
Investigadora de México Evalúa
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