La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) nació en el año de 1961 como un organismo internacional cuya finalidad era poner en marcha un plan de recuperación económica conjunta de los 20 países miembros pertenecientes a América del Norte y a Europa. Hoy en día agrupa a 34 países desarrollados -en su mayoría- entre los cuales se encuentran: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Turquía. A través de este organismo se diseñan políticas públicas de vanguardia que buscan coadyuvar al crecimiento económico de sus miembros y a colaborar con los no miembros. Este “club de los países ricos” es hoy en día uno de los foros mundiales más influyentes. Cuenta con cerca de 200 comités, diversos grupos de expertos y grupos de trabajo donde se analizan asuntos relativos a comercio, economía, educación, empleo, ciencia y mercados financieros; además, publica entre 300 y 500 libros al año en diversos idiomas y gran cantidad de documentos de trabajo, estadísticas, informes, etc. en base a los cuales los países miembros diseñan sus propias estrategias de desarrollo nacionales.
La Comisión Europea, que es la rama ejecutiva de la Unión Europea, es decir, la garante del cumplimiento de las leyes de la Unión que promueve y defiende el interés general europeo así como la implementación de políticas económicas y sociales de corte neoliberal, influye decisivamente en la OCDE al ser parte de su órgano supremo y tener capacidad de decisión junto con los demás países que la conforman. El principal requisito para pertenecer a tan selecto grupo de naciones es comprometerse a liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y servicios.
México, que dista mucho de ser un país desarrollado, forma asombrosamente parte de esta organización de élite desde el 18 de mayo de 1994 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Las políticas neoliberales desde ese entonces en el país han estado modeladas por las visiones y estrategias de los grandes organismos europeos que buscan ante todo afianzar su propio desarrollo económico y asegurar se hegemonía política.
Esta visión capitalista globalizadora ha establecido a las “competencias” como la tendencia imperante del siglo XXI. Se dice que sin la adquisición y renovación de “habilidades” necesarias para la inserción en el mundo laboral, los individuos se empobrecerán, el progreso tecnológico no redundará en crecimiento económico y los países no podrán competir en el marco de las sociedades desarrolladas. Además, manifiesta que los altos índices de desempleo no podrán ser revertidos a menos que se invierta en la enseñanza de capacidades específicas a lo largo de la vida: la niñez, la educación obligatoria y la edad adulta. La OCDE propone Estrategias para que los gobiernos logren invertir en una educación adecuada que transforme vidas y que responda a las necesidades del mercado laboral. En el libro La Educación Superior hacia el 2030, volumen 1: Demografía publicado por el Instituto Internacional de Investigación de Tecnología Educativa de la OCDE, se establecen estos puntos y se asienta que “las empresas deben continuar la labor educativa de las escuelas”, pues supuestamente a mejores habilidades, mejores trabajos, mejores vidas.
Esto resulta ser una total incoherencia. Es la gran falacia. Educación para todos no es igual a bienestar para todos dentro del exacerbado sistema capitalista en que vivimos. Porque, para empezar, la educación no es igual para todos. Para continuar, no busca brindar educación a los individuos con otro fin que no sea generar suficiente mano de trabajo capacitada para su eficiente desempeño en el marco laboral. Pero en este sistema, sólo quienes debido a su posición económica y social tengan acceso a las mejores oportunidades educativas, serán los herederos de los mandos de gobierno y de la conducción de los poderosos consorcios económicos. Los miembros del pueblo, la masa, será educada en competencias que “sirvan” a lo que los capitalistas requieran; y, por si fuera poco, deberán mantenerse actualizados en las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) de modo que no se vuelvan obsoletos y pierdan sus ingresos. Deberán ser “estudiantes perpetuos”, pues la madre competencia dicta que “quienes mejor se adapten a la nueva era del conocimiento serán los más capaces”.
La realidad nos muestra necesidades fundamentales que deben satisfacerse. Individuos, comunidades y grandes sectores de la población en México requieren cambios en las políticas públicas que les brinden mejores condiciones de vida y bienestar. Aun en esta época de globalización, los gobiernos deben proyectar y plantear soluciones desde los propios contextos nacionales, resolver los problemas desde adentro. Porque hasta el momento no han hecho más que seguir políticas extranjeras que sólo han beneficiado a las potencias desarrolladas, las cuales, desde hace siglos, no han hecho otra cosa que saquear a las naciones más débiles.
