n periodos normales de la gestión pública, en estas fechas ya habría sido votada la Ley de Ingresos de la Federación y se estaría discutiendo en el Congreso el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) del Ejecutivo Federal. Sin embargo, en años de transición de gobierno el tiempo que se tiene previsto para la recepción y aprobación del paquete económico es reducido. La Constitución define como fecha límite de entrega el 15 de diciembre. Ello trae consigo implicaciones importantes para la dinámica legislativa, pero también para la definición de las prioridades de política pública de la nueva administración.
A este respecto, en las dos transiciones de últimos 12 años se han registrado situaciones diversas. En el año 2000, el gobierno de Vicente Fox entregó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el 5 de diciembre a una Cámara de Diputados con mayoría priísta y fue hasta el 31 de diciembre (horario del reloj legislativo) que se aprobó el presupuesto. En 2006, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, se envió el paquete presupuestal el 5 de diciembre a un Congreso con mayoría panista. El 23 del mismo mes ya había sido aprobado por el Congreso. En ambos periodos, el Partido Acción Nacional presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En 2013 ¿qué se puede esperar para el primer presupuesto de Enrique Peña Nieto (EPN)?
El primer presupuesto del cambio de administración federal resulta siempre un asunto complejo, ya que hay que definir en pesos y centavos los programas que serán prioridad para el nuevo gobierno. Esto, aunque no se cuente todavía con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para el país. Esta situación plantea una inconsistencia en materia de planeación –programación y presupuestación de políticas públicas.
Por otra parte, el Ejecutivo Federal debe plantear un mapa de gasto a ser aprobado por una Cámara de Diputados plural, con una configuración que puede no ser afín a la propuesta o intereses del Ejecutivo. Precisamente, la negociación y aprobación del paquete presupuestal entraña en el fondo un proceso político que define la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los límites de interlocución y el logro de consensos. No sólo eso, la discusión y aprobación del presupuesto público que se da en la Cámara baja atiende a presiones y demandas de diversos sectores económico-políticos del país, sin descontar la rentabilidad política que cada partido busca en cada una de sus decisiones y votaciones.
En las condiciones en que se está dando el relevo sexenal y cambio de partido en el gobierno, es factible que el nuevo gobierno priísta agote el tiempo límite que marca la ley para entregar el paquete económico. De hecho, la Comisión de Presupuesto (presidida por el PRI) espera el envío de la propuesta del Ejecutivo para el 15 de diciembre.
En definitiva, lo anterior reducirá todavía más las posibilidades de análisis del paquete económico y, por lo tanto, la capacidad de incidencia de los legisladores en la determinación del Decreto del PEF.
Aunado a ello, la inexperiencia en el proceso legislativo federal de buena parte de los diputados hace aún más incierto su papel en la elaboración del dictamen y la votación en el pleno del PEF 2013.
El margen de ampliaciones y modificaciones que podrá hacer el legislativo al Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo se prevé menor. En realidad, desde la alternancia política, en ningún año el monto de ampliaciones al gasto ha superado el 5 por ciento del PEF total. No obstante, en un escenario tan acotado como el que se espera para la discusión presupuestal, es previsible que no se alcancen modificaciones de esta magnitud por parte del legislativo.
Pero, por otro lado, en este escenario de márgenes limitados y con la necesidad del nuevo régimen de legitimarse haciendo una labor de estrategia política, es previsible que antes de que se envíe el paquete a la cámara de diputados se establezca un mecanismo o ventanilla única para conocer y establecer las necesidades y prioridades de gasto que bajo el nuevo gobierno se habrán de atender. Por lo tanto, los distintos sectores, gobiernos locales u organismos autónomos deberán solicitar el “apoyo presupuestal” que requieren con anticipación a los representantes del gobierno electo.
Eréndira Avendaño
Investigadora de México Evalúa
Twitter: @erendira_ar
@mexevalua
