Aún hoy en día las dictaduras militares que asolaron a América Latina siguen surtiendo efectos en las sociedades, una gran parte de los países que sufrieron esta epidemia se encuentran enfrascados en procesos judiciales, Guatemala y Argentina, por citar ejemplos, en el primero se condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión y en el segundo acaba de fallecer Videla, el sanguinario dictador que fue condenado a cadena perpetua.
Sobre este último hecho, la aldea global ha dejado oír su “sentir”, así, entre comillas pues el tema duele aún en los hermanos argentinos que de una u otra manera cargan los lastres de la sufrida dictadura militar antecitada y es que no se puede comprender a cabalidad el concepto de “crímenes de lesa humanidad” sino estándose como parte de la comunidad que lo sufre, a la que ni una sentencia ni una muerte le devolverá su vida de antes de la dictadura, antes bien se seguirá heredando a las generaciones venideras, a propósito transcribo una línea expuesta por el argentino Dr. Antonio Piccato, profesor Investigador de la UNAM “Descanse General, usted no fue responsable…no fue moral…no fue humano”.
El deber ser de la fuerza del estado es la legitimación de los límites a la violencia, el monopolio del uso de la fuerza, en palabras de Kelsen es “el acto coercitivo de la sanción, es exactamente de la misma especie que el que trata de prevenir con las relaciones de los individuos, esto es el acto antijurídico” (Teoría general del derecho y del Estado). Esta fuerza estatal es una preocupación del derecho constitucional desde hace muchos años, pues en parte el andamiaje de las cartas magnas tiene precisamente como objetivo hacer los trazos del poder y por ende generar sus barreras. En la actualidad, la preocupación sobre cómo crear diques frente a la fuerza institucional, se ciñe sobre el discurso de los derechos humanos pues éstos se transforman en el leitmotiv de todo el entramado jurídico universal.
En el caso concreto de América Latina, el control del poder desde los derechos humanos toma ahínco a partir de las condenas nacionales o internacionales en contra de dictadores y militares que abusaron del poder; en muchos de los casos se han logrado castigos apenas hace unos años en que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se transformó en carta común en los sistemas jurídicos latinos.
En la literatura y el cine, el arquetipo de la dictadura latinoamericana se manifiesta de manera magistral en La fiesta del chivo, novela del premio Nobel Mario Vargas Llosa que fue llevada a la pantalla grande encabezando el reparto Isabella Rosellini y dirigida por Lucho Llosa en el 2006, logrando una excelente y apegada adaptación de la obra literaria pues el argumento de fondo se centra en los excesos de poder en la República Dominicana de la época de Trujillo haciendo hincapié en los clichés de la dictadura: discursos apoteósicos ante grandes multitudes, culto a la personalidad del dictador y de la familia dictatorial, asesinatos de opositores políticos, desapariciones forzadas, paternalismo, etcétera.
Pero ¿cómo poder controlar al fenómeno del poder? Aun hoy en día, las formas de entenderlo parten de la idea de separación de poderes acuñada en la ilustración, no como un postulado más, sino como la auténtica génesis de la limitación del estado: es aquí donde surge la relación entre el control de poder y el estado de derecho. ¿Es posible controlar el poder? La preocupación surge no tanto por el añejo problema, sino por los visos que toma en una sociedad donde el estado se ve presionado para ser despojado del mismo: de un lado una serie de funciones y facultades que se delegan en corporaciones privadas, de otro la sociedad civil que busca posicionarse también de su parcela de poder.
La dictadura es la antítesis moderna del control del poder y el estado del derecho; la concentración de facto o de iure del poder en una sola persona o corporación provoca graves violaciones de derechos humanos, que en ningún caso pueden justificarse, de hecho, de estas graves violaciones derivan las sentencias clave en el sistema jurídico de la Corte Interamericana de Justicia.
Todo el sustento jurídico que rige a nuestra región, deberá enfocar sus esfuerzos a evitar y prevenir bajo cualquier esquema, algún régimen que pueda emular a una dictadura sea con cualquiera de los colores o nombres que se presente.
