Lo que no se puede medir no se puede mejorar, reza el mantra de quienes usamos la información para generar soluciones y explicaciones a fenómenos económicos y sociales.
Pero, ¿qué sucede cuando tenemos ante nosotros asuntos de los que no conocemos su completa magnitud o tenemos una vaga idea de cómo medir?, ¿cómo atender una problemática que es elusiva y cuenta con múltiples aristas, donde poco se hace para acrecentar su entendimiento?, ¿qué podemos hacer en espacios donde la información es escasa, inconsistente o errónea? De entrada diremos que es poco lo que podemos hacer para generar evidencia y mejorar una problemática que aunque real se nos escapa su solución. Éste es el caso de la seguridad y control en nuestras fronteras.
Sobre este espacio territorial hay poca información y certidumbre acerca de lo que ahí ocurre. Tenemos teorías, noticias e historias, pero poca información se genera a pesar de contar con personal y recursos para atenderla. Este asunto es en realidad complejo, ya que involucra el entendimiento de aspectos tan sensibles como la seguridad nacional y tan dinámicos como el comercio internacional, la movilidad laboral y profesional, así como otros tan ignotos y oscuros tales como las redes criminales y el tráfico de drogas y de personas.
Ningún país de la región tiene respuestas sobre cómo controlar y administrar mejor sus fronteras de forma que sean no un agujero negro sino espacios de intercambio y prosperidad regional, verdaderas “fronteras de dignidad”. El asunto va más allá de los recursos y el personal para atender el problema, aunque es un componente fundamental, lo importante es poder establecer un sistema de coordinación y cooperación que sea funcional y útil a nivel regional.
Las reformas que hemos visto van desde la regulación de trabajadores temporales, hasta la mejora de flujos de transporte de mercancías, programas antinarcóticos o grupos de alto nivel enfocados en seguridad (Iniciativa Mérida). Pero poco se conoce de sus resultados en términos concretos.
Nuestra frontera norte por ejemplo, con una extensión de 3 mil 185 kilómetros ve un flujo migratorio muy extenso. Ahí, los Estados Unidos mantienen un enfoque dirigido a su control y administración. Pero la agencia encargada de este monitoreo, Customs and Border Protection (CBP), puede dar pocas respuestas e información cuando es cuestionada sobre aspectos concretos acerca de la efectividad de sus acciones.
En el último reporte publicado por la agencia GAO a este respecto, establece que en términos agregados hay un control fronterizo de entre 60 por ciento a 80 por ciento en los sectores que componen esta franja, aunque hay áreas donde el control se encuentra por debajo del 40 por ciento. Por ello, es común leer que no es posible determinar con certeza el nivel de efectividad, simplemente porque se desconoce la magnitud de cruces ilegales que se dan en un periodo determinado.
Por su parte nuestra frontera sur de mil 149 kilómetros, donde México y Guatemala comparten una frontera de 956 kilómetros, es una zona que presenta una boyante y continua actividad migratoria, aunque parece que buena parte de ella es del orden informal o no registrada. Si bien es cierto que la mayoría del flujo de personas en esta frontera utiliza a México con el propósito de llegar a Estados Unidos, hay sin duda quienes en el tránsito deciden permanecer en nuestro país. De ahí la necesidad de mejorar el registro, control y administración de estos flujos humanos y de mercancías. Nuestras autoridades con la corresponsabilidad de controlar la zona [como el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, el SAT y las fuerzas armadas], deben darnos también mayor evidencia y datos a este respecto, pero esto no sucede.
Sin duda en este espacio requerimos de mayor y mejor información que ayude a generar las respuestas y políticas que nos interesa promover. Baste recordar dos fenómenos que son cotidianos en nuestras fronteras que deben ser alicientes a entender la importancia de este asunto; hablo del tráfico de armas y el tráfico de personas. Quienes realizan dichas actividades ven en este vacío de información y desorden un espacio ideal para seguir extendiendo sus prácticas ilícitas.
José F. Tapia
Director de Desarrollo Institucional de México Evalúa.
