Desde hace tiempo, el gobierno del estado a través de sus principales funcionarios, ha venido confeccionando una imagen de legalidad y de imparcialidad en el proceso electoral; una de las primeras acciones tendidas en esta dirección se dio cuando el gobernador del estado, Carlos Lozano, convocó a los dirigentes de los partidos políticos para que redactaran los términos de un Pacto de Civilidad, que llevara sanamente el proceso electoral (LJA, 16 mayo). Días después, en reunión con el gabinete del gobierno del estado, el gobernador llama a sus funcionarios a que no interfieran en los comicios locales, para lo que deben tener cuidado de no utilizar ni vehículos, ni materiales, ni productos del gobierno (LJA, 28 mayo).
A pesar de la no participación del presidente estatal del PRI en las reuniones, el IEE logró elaborar el documento del pacto y convocó a su firma; y por diversos motivos como la inasistencia del gobernador del estado, quien había confirmado su participación, finalmente, el pacto fue desechado (LJA, 18 mayo). De esta manera, se planteaba en la difusión gubernamental determinados puntos que, después, aduciendo cualquier circunstancia, se dejaban de lado.
Posteriormente, los candidatos priístas firman un “Pacto de Lealtad y Compromiso” y también su renuncia, “por si no le cumplen a la ciudadanía”; el pacto tiene dos ejes principales: el compromiso social para hacer campañas de altura, ya que la sociedad aguascalentense está cansada de engaños y mentiras, y, segundo, la transparencia y rendición de cuentas, porque no se usarán recursos públicos (LJA, 21 mayo).
Una vez configurada esta imagen de legalidad, imparcialidad y limpieza electoral, comienzan a suceder hechos que van configurando el escenario, exactamente, contrario. Aparece la información del proceso penal al ex gobernador Luis Reynoso, y se conoce el contenido de la averiguación recientemente consignada, en marzo pasado (LJA, 22 mayo).
El gobernador hace una declaración relacionada con el asunto LARF de que “hay que actuar con gran responsabilidad, para no hacer una situación que en el tiempo implique responsabilidad” (ya el procurador había afirmado que el asunto del tomógrafo era sencillo: dónde está el aparato o dónde está el dinero).
El viernes 21 de junio, el gobernador hace dos comentarios valiosos e interesantes: “yo creo que es una irresponsabilidad de los que han estado generando que se tensen las elecciones de más las campañas. Es de alguna manera normal que se den estas cosas. Pero yo creo que el llamado es a todos los actores y a todos los partidos, a que lo hagan dentro de la ley”. Y, “que bajo ninguna circunstancia dineros mal habidos entren en las campañas, que los recursos que usen sean los recursos de los propios candidatos, con el sector privado o en los apoyos que les den” (LJA, 22 junio).
Son declaraciones que tienden, nuevamente, a configurar la imagen mencionada; el haber introducido el elemento de “los dineros mal habidos”, preparó el terreno para otra acción de intervención estatal en las campañas, que tuvo que precipitarse con la denuncia hecha por el presidente estatal del PAN a los medios de comunicación –que no a la procuración de justicia ni al IEE, como para que la procuraduría respondiera-.
La acción del procurador de justicia –al haber señalado el involucramiento de un partido político y su candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, que no es el PRI (conferencia de prensa en la que mostró fotografía de una manta del PAN en la que aparece su candidato)-, muestra con claridad la mecánica del juego del engaño que lleva a cabo el actual gobierno priísta. El cuadro del engaño se completa cuando los directivos estatales priístas convocan a rueda de prensa en el domicilio del inmueble “asegurado” por la procuraduría de justicia, como prueba de colusión del partido político con el narcotráfico. Los fotógrafos identifican en el interior la propaganda de dos partidos: del PRI y de Movimiento Ciudadano (partido en el que el ex panista José Luis Novales ha tenido una “costosa y notable” campaña).
La pregunta ahora es ¿por qué actúa de esta manera el procurador? Una primera respuesta la encuentro en las declaraciones del gobernador del jueves pasado en que “respalda la actuación del funcionario, a quien reconoció por su desempeño profesional y apegado a derecho”; además, el jefe de gabinete afirmó que “la administración ha seguido al pie de la letra las instrucciones del gobernador en el sentido del respeto absoluto al Estado de Derecho.
Para entender este enfoque de la aplicación del estado de derecho, recurro al video presentado en YouTube con el título “Gobernador de Aguascalientes amenaza a ciudadana”; de esta manera comprendo el respaldo que dan al procurador. Otra respuesta a la pregunta es que, efectivamente, Felipe Muñoz es la persona adecuada para seguir la forma de gobernar que está instrumentando el actual gobierno del estado, y, en esa perspectiva, por supuesto que está haciendo bien su trabajo.
Imagino el escenario de que el PAN permaneciera sin tomar datos reales para, no sólo defenderse, sino para contraatacar; en este momento el PRI ya plantea que con el PAN sería volver a las ejecuciones, a la venta de la plaza, etcétera, motivo por el que no hay que votar por ese partido (no obstante que hicieron el compromiso de hacer campañas de altura).
Por lo que respecta a los ciudadanos, seguimos la parte del discurso político expresado con motivo del día de la libertad de expresión, que afirma que “En México, y particularmente en Aguascalientes, la libertad de expresión es el basamento de la autodeterminación de los ciudadanos… refrendando el respeto absoluto de esta administración al trabajo siempre necesario de los periodistas” (LJA, 7 junio).
Como siempre, cada ciudadano tiene la libertad de formarse su propia opinión; ésta, es sólo una de más de 800 mil electores que el próximo 7 de julio emitiremos nuestro voto.
